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Petitioning Delegado del Gobierno en Málaga Sr. Ruíz Espejo

Gobierno de España: cumple con la Normativa Europea de Protección Animal

Así mueren los caballos en España.

Los caballos en España mueren abandonados cada día en las peores condiciones y nadie los defiende o se responsabiliza. Ayúdanos a que el Gobierno cumpla con la Normativa Europea de Protección de Animales y que los caballos tengan derecho a una vida y muerte dignas.        

En España, en la actualidad, la competencia de asistencia y recogida de los animales abandonados y maltratados, a excepción de los salvajes o asilvestrados, depende de los ayuntamientos en todas las leyes autonómicas de protección animal. Dichos ayuntamientos alegan la falta de recursos económicos para cumplir dichas leyes y atentan directamente contra el bienestar de los animales. Los animales domésticos se amontonan, hacinados en perreras y centros de recogida, no habilitados para las diferentes especies, entre las que se incluyen los équidos, sin la infraestructura necesaria para la recogida, mantenimiento, y asistencia de éstos.

Los caballos se encuentran actualmente en un limbo legal en el que no son protegidos por Administración alguna, dejando en manos de los ayuntamientos la ejecución de sus derechos. Sólo en Andalucía los caballos enviados a mataderos mensualmente se cuentan por miles. Y éstos no disponen de infraestructura etológica adecuada para su sacrificio.

La crisis económica que padece nuestro país ha motivado que los propietarios de équidos se encuentren en una situación insalvable, que a falta de ayuda gubernamental o autonómica, les obliga a sacrificar sus animales o abandonarlos en el peor de los casos. España por tradición ha estado íntimamente ligada al caballo desde sus ancestros, al no haberse regulado la cría y propiedad de éstos a semejanza de otros países europeos, se ha producido tal incremento de la cabaña equina en los últimos años que ahora es imposible controlar tanto su número como su estado.

Se ha convertido en imagen habitual en todas las Comunidades Autónomas españolas los grupos de caballos famélicos y enfermos abandonados a su suerte tanto en los campos como en los alrededores de pueblos y grandes ciudades. Estos animales permanecen día y noche casi siempre maniatados bajo el sol y la lluvia, sin apenas agua y comida, hasta alcanzar su fin, casi siempre en terribles condiciones.

La Ley exige que exista un centro de acogida en cada localidad de más de 20.000 habitantes y que en municipios de menor número se firmen convenios con entidades dedicadas a este respecto. Los ayuntamientos con el fin de salvaguardar su reputación firman convenios dentro del marco de la legalidad con empresas como perreras o similares, que no disponen de la infraestructura necesaria para el albergue de caballos.

Existen casos en los que más de doce municipios que suman en torno a 84.000 habitantes censados, como es el caso de la Comarca del Guadalhorce en Málaga, disponen de un convenio con un centro de recogida de animales dedicado básicamente a perros y gatos, que no puede físicamente cumplir con dicho convenio y que, además, no recoge ni asiste a équidos en horas no laborales, fines de semana o festivos. Paradójicamente, agentes tanto de la capital (Málaga) como otras comarcas, solicitan también los servicios de dicha entidad, lo que arroja un total de alrededor de 600.000 habitantes para un mismo centro e infraestructura.

Los caballos mueren cada día entre terribles sufrimientos sin que las Fuerzas del Orden Público puedan hacer nada al respecto, ya que las competencias son única y exclusivamente responsabilidad de los ayuntamientos y éstos tiene total autonomía.

Ayúdanos a exigir al Gobierno Central que cumpla con la Normativa Europea salvaguardando los derechos de los animales en nuestro país y que, para ello, asigne partidas presupuestarias a los Consistorios, que son los responsables legales del cumplimiento de la actual Ley de Protección Animal, o bien, cambie las competencias de éstos relativas al bienestar animal traspasándolas a organismos que puedan cumplir con ésta.

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Delegado del Gobierno en Málaga Sr. Ruíz Espejo

Los caballos en España mueren abandonados cada día en las peores condiciones y nadie los defiende o se responsabiliza.
En España, en la actualidad, la competencia de asistencia y recogida de los animales abandonados y maltratados, a excepción de los salvajes o asilvestrados, depende de los ayuntamientos en todas las leyes autonómicas de protección animal. Dichos ayuntamientos alegan la falta de recursos económicos para cumplir dichas leyes y atentan directamente contra el bienestar de los animales. Los animales domésticos se amontonan, hacinados en perreras y centros de recogida, no habilitados para las diferentes especies, entre las que se incluyen los équidos, sin la infraestructura necesaria para la recogida, mantenimiento, y asistencia de éstos.
Los caballos se encuentran actualmente en un limbo legal en el que no son protegidos por Administración alguna, dejando en manos de los ayuntamientos la ejecución de sus derechos. Sólo en Andalucía los caballos enviados a mataderos mensualmente se cuentan por miles. Y éstos no disponen de infraestructura etológica adecuada para su sacrificio.
La crisis económica que padece nuestro país ha motivado que los propietarios de équidos se encuentren en una situación insalvable, que a falta de ayuda gubernamental o autonómica, les obliga a sacrificar sus animales o abandonarlos en el peor de los casos. España por tradición ha estado íntimamente ligada al caballo desde sus ancestros, al no haberse regulado la cría y propiedad de éstos a semejanza de otros países europeos, se ha producido tal incremento de la cabaña equina en los últimos años que ahora es imposible controlar tanto su número como su estado.
Se ha convertido en imagen habitual en todas las Comunidades Autónomas españolas los grupos de caballos famélicos y enfermos abandonados a su suerte tanto en los campos como en los alrededores de pueblos y grandes ciudades. Estos animales permanecen día y noche casi siempre maniatados bajo el sol y la lluvia, sin apenas agua y comida, hasta alcanzar su fin, casi siempre en terribles condiciones.
La Ley exige que exista un centro de acogida en cada localidad de más de 20.000 habitantes y que en municipios de menor número se firmen convenios con entidades dedicadas a este respecto. Los ayuntamientos con el fin de salvaguardar su reputación firman convenios dentro del marco de la legalidad con empresas como perreras o similares, que no disponen de la infraestructura necesaria para el albergue de caballos.
Existen casos en los que más de doce municipios que suman en torno a 84.000 habitantes censados, como es el caso de la Comarca del Guadalhorce en Málaga, disponen de un convenio con un centro de recogida de animales dedicado básicamente a perros y gatos, que no puede físicamente cumplir con dicho convenio y que, además, no recoge ni asiste a équidos en horas no laborales, fines de semana o festivos. Paradójicamente, agentes tanto de la capital (Málaga) como otras comarcas, solicitan también los servicios de dicha entidad, lo que arroja un total de alrededor de 600.000 habitantes para un mismo centro e infraestructura.
Los caballos mueren cada día entre terribles sufrimientos sin que las Fuerzas del Orden Público puedan hacer nada al respecto, ya que las competencias son única y exclusivamente responsabilidad de los ayuntamientos y éstos tiene total autonomía.
Exigimos al Gobierno Central que cumpla con la Normativa Europea salvaguardando los derechos de los animales en nuestro país y que, para ello, asigne partidas presupuestarias a los Consistorios, que son los responsables legales del cumplimiento de la actual Ley de Protección Animal, o bien, cambie las competencias de éstos relativas al bienestar animal traspasándolas a organismos que puedan cumplir con ésta.