Justicia para las familias desplazadas por terremotos en Puerto Rico (Spanish / English)

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En los últimos días, tras múltiples eventos sísmicos que aún continúan, miles de familias en el sur, oeste y centro del País se han visto obligadas a abandonar sus residencias. Algunas estructuras fueron destruidas completamente, otras representan un riesgo inminente de colapso y, en el caso de la mayoría de las casas, existe el temor justificado sobre el impacto que pueden tener daños aparentes u ocultos a la seguridad y vida de las familias. La gente no puede y no quiere volver a sus viviendas porque éstas no son un techo seguro.

El gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de proveer refugios colectivos de forma inmediata. Anunciar que el 95% de las escuelas públicas - refugios por excelencia - no son seguras es un golpe para la integridad física y la estabilidad emocional de las familias afectadas. Dormir a la intemperie, en campamentos improvisados de refugiados gracias al trabajo de organizaciones comunitarias, donaciones y gobiernos municipales, no puede ser la única alternativa.

Las familias - sobre todo la niñez y las personas viejas -  se exponen a las inclemencias del tiempo, a las consecuencias de los temblores incesantes, a violencia física y sexual, a no tener acceso a medicinas y atención adecuada para las crisis de salud mental, entre otros efectos nefastos. 

Las personas desplazadas internamente tienen derecho a la protección inmediata de su dignidad humana, sus necesidades básicas y al acceso rápido a la vivienda digna. Obstaculizar o no proveer esta asistencia es una violación de derechos humanos. Es por esto que urge tomar acciones inmediatas para garantizar refugios seguros y viviendas transitorias como un asunto prioritario, así como tomar los pasos afirmativos para canalizar que la asistencia para viviendas permanentes llegará cuanto antes. Exigimos a la Gobernadora Wanda Vázquez a que actúe inmediatamente y apruebe una orden ejecutiva en relación a lo aquí detallado:

  • Declarando un estado de emergencia en relación a las miles de familias en Puerto Rico que han sido desplazadas internamente.
  • Que se habiliten refugios colectivos en la totalidad de los pueblos afectados así como en municipios limítrofes de forma inmediata y que se provea transportación para que las familias puedan ser trasladadas a los mismos de forma ordenada y rápida.
  • Que se consideren refugios colectivos en el norte de la Isla, sobre todo en el área metropolitana. Esto en atención a que en esta zona abundan los coliseos, ha sido menos asediada por los temblores y beneficiaría la salud mental de las personas refugiadas. La relocalización a otros municipios, por supuesto, debe ser voluntaria.
  • Que se hagan públicos e implementen protocolos para prevenir y atender instancias de violencia sexual o crisis de salud mental en estas facilidades.
  • Ordenar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a que congele los precios de materiales de construcción, tan vitales para la construcción de refugios temporales, viviendas transitorias o permanentes.
  • Educar a las agencias y funcionarios, así como al público general, sobre el derecho que tienen familias con títulos informales a solicitar y recibir asistencia para reparar sus viviendas por parte de las agencias locales y federales. 
  • Ordenar al Departamento de Educación a que haga público la lista de escuelas que están construidas fuera del código, permita que personal certificado inspeccione las escuelas previo al inicio de cualquier semestre escolar y publique el resultado de las inspecciones.
  • Ordenar a la Compañía de Turismo de Puerto Rico a que haga público la lista de cuartos de hoteles y paradores disponibles en los pueblos afectados y los lugares limítrofes, para que sean utilizados por las familias como viviendas transitoria.
  • Ordenar al Departamento de la Vivienda a que enmiende el Plan de Acción CDBG-DR para que ponga en manos de los gobiernos municipales los fondos relacionados a los programas de planificación comunitaria y la construcción de los Centros de Resiliencia. Se deben  desembolsar estos fondos de forma rápida y oportuna, de forma que una vez superada la etapa de emergencia, los municipios y comunidades puedan priorizarla creación de los centros de resiliencia en su territorio.
  • Ordenar al Departamento de la Vivienda a que haga públicas las estadísticas sobre las solicitudes presentadas por familias afectadas por los huracanes Irma y María al programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación, el cual abrió el 31 de julio del 2019 con los $1.5 mil millones en fondos CDBG-DR que ya tiene en su poder la agencia. El Departamento deberá proveer el número de solicitudes de viviendas afectadas en los pueblos más azotados por los desastres, así como el estado del proceso de inspección y atención de estas viviendas.
  • Solicitar a los municipios a que hagan públicos las listas de viviendas vacantes en terrenos seguros.
  • Exigir a las instituciones financieras moratorias claras para los préstamos hipotecarios y personales de las familias afectadas. Las moratorias siempre deben ser voluntarias.
  • Ordenar a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras así como a las entidades bancarias reguladas por ésta entidad, a que hagan públicas las listas de propiedades residenciales reposeídas y que están vacantes, para que puedan ser consideradas como opciones de vivienda transitoria o permanente.

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[ENGLISH]

In recent days, after multiple seismic events that still continue, thousands of families in the south, west and central regions of Puerto Rico have been forced to leave their homes. Some structures were completely destroyed, others represent an imminent risk of collapse and, in the case of most houses, there is a justified fear of the impact that apparent or hidden damages can have to the safety and life of families. People cannot and do not want to return to their homes because they are not safe. 

The government of Puerto Rico has the responsibility of providing collective shelters immediately. Announcing that 95% of public schools - shelters par excellence - are not safe is a critical hit to the physical integrity and emotional stability of affected families. Sleeping outdoors, in makeshift refugee camps, thanks to the work of community organizations, donations and municipal governments, cannot be the only alternative. 

Families - especially those with children and the elderly - are exposed to inclement weather, the consequences of incessant tremors, physical and sexual violence, no access to medicines and adequate care for mental health crises, among other harmful effects. 

Internally displaced persons have the right to immediate protection of their dignity, basic needs and quick access to decent housing. To obstruct or not provide this assistance is a violation of human rights. That is why it is urgent to take immediate action to ensure safe shelters and temporary housing as a priority issue, as well as taking affirmative steps to channel that assistance for permanent housing as soon as possible. We demand Governor Wanda Vázquez to act immediately and approve an executive order in relation to what is detailed here: 

  • Declare a state of emergency in relation to the thousands of families in Puerto Rico who have been internally displaced. 
  • Guarantee that collective shelters are enabled immediately in all of the affected areas as well as in neighboring municipalities and that transportation be provided so that families can be transferred to them in an orderly and fast manner. 
  • Consider collective shelters in the northern region of Puerto Rico, especially in the metropolitan area. This is due to the fact that there are numerous coliseums in the area that have been less impacted by the tremors and it will benefit the mental health of the refugees. The relocation to other municipalities, of course, must be voluntary,. 
  • Make public and implement protocols to prevent and address instances of sexual violence or mental health crisis in these facilities. 
  • Order the Department of Consumer Affairs (DACO) to freeze the prices of construction materials, vital for the construction of temporary shelters as well as temporary or permanent housing. 
  • Educate agencies and officials, as well as the general public, about the right of families with informal titles to request and receive assistance to repair their homes by local and federal agencies.
  • Order the Department of Education to publish the list of schools that are not built up to code, allow certified personnel to inspect the schools prior to the start of any school semester and publish the results of inspections. 
  • Order the Tourism Company to publish the list of hotel rooms and hostels available in the affected areas and neighboring municipalities, so that they can be used by families as temporary housing. 
  • Order the Department of Housing to amend the CDBG-DR Action Plan so that it puts funds related to community planning programs and the construction of the Resilience Centers in the hands of the municipal governments.  The processes for the disbursement of these funds must be done in a quick and timely manner, so that once the emergency stage is over, the municipalities and communities can prioritize the creation of resilience centers in their area.  
  • Order the Department of Housing to publish the statistics of the applications submitted by families affected by hurricanes Irma and Maria to the Home Repair, Reconstruction or Relocation Program, which opened on July 31, 2019 with the $1.5 billion in CDBG-DR funds that the agency already has in its possession. The Department must provide the number of applications of the homes that were most affected by disasters, as well as the status of the inspection of these homes. 
  • Ask the municipalities to make public the listings of vacant homes on safe land. 
  • Require financial institutions clear moratoriums for the mortgages and personal loans of affected families. Moratoriums should always be voluntary.
  • Order the Commissioners Office of Financial Institutions, as well as the banking entities regulated by this entity, to make public the list of foreclosed homes that are vacant, so that they can be considered as temporary or permanent housing options for those affected by the disasters.