Hace 7 meses aproximadamente, tomaron los policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla la Universidad. Por medio del uso de la fuerza y con armas largas para intimidar a los estudiantes y personal que se encontraba dentro de ella. El argumento para “embargar” la universidad fue que habían detectado un desvío de recursos de aproximadamente 14,000 millones de pesos. Sin pruebas suficientes, ni medios legales aplicables para tomar dichas medidas, continuaron con los abusos y excediéndose en sus funciones, derechos y facultades, ejerciendo más autoridad de la que tienen. Se excedieron tan brutalmente con el abuso de poder que el gobernador Barbosa, (quien dos años antes intentó despojar la UDLAP y convertirla en una Institución de educación pública) decidió designar a un rector (Armando Ríos Píter, quien es su íntimo amigo y fue senador) y a un nuevo patronato (o sea una nueva administración) para controlar la Universidad por completo, y así violar las medidas que la Constitución prevé para evitar excesos en el ejercicio del poder ejecutivo. Esto abre las puertas a que si se legitima a este patronato (llamado patronato espurio) y a este rector (también espurio), cualquier figura del poder ejecutivo estatal en este país pueda de manera inconstitucional tomar las instituciones privadas al acusarlos de desfalco y fraude. 

A partir de ese punto, las autoridades han negado por completo que esta toma armada de la universidad ocurrió y también han negado por completo que también proviene del interés de un gobernador lleno de avaricia que busca hacerse de un patrimonio de 733 millones de dólares. El gobierno del Estado ha ignorado la necesidad de una comunidad estudiantil de aproximadamente 11,000 personas y ha arremetido contra la UDLAP cuando la investigación en sí que se debe llevar a cabo es contra la Fundación Mary Street Jenkins. Han ignorado el interés social por acceso a la educación superior y han decidido continuamente ignorar los llamados de los integrantes de la comunidad UDLAP a mantener este conflicto en los tribunales judiciales sin afectar tan directamente a los 11,000 que tienen derecho a hacer uso del campus de la universidad.

​​El Patronato original ha intentado mantener la lucha dentro de los tribunales y evitar que sus estudiantes, profesorado y demás personal de la universidad se vea afectado de tan profunda manera. Para la mala suerte de la comunidad UDLAP, no es del interés del Estado abrir las puertas a los estudiantes a menos que se legitime al patronato espurio y al títere del gobernador de Puebla que quedaría como rector, Armando Ríos Píter. Prueba de todo esto es que el martes 1 de febrero, tanto el gobernador Luis Miguel Barbosa como Nora Escamilla, la diputada local del mismo partido (MORENA) declararon abiertamente y por medios de prensa que la UDLAP no tenía cerradas sus puertas y que en ningún momento lo estuvieron. Igualmente alegando que no había ningún elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla dentro del Campus.

Posteriormente la diputada Nora M. Escamilla decidió retar a los diputados del PAN a comprobar que dicho Campus estaba abierto a los estudiantes. Ante este reto, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, aceptó el reto y decidió plantarse en la entrada principal de la UDLAP, seguida por un grupo de estudiantes. A partir de eso, fue esto lo que ocurrió: 

https://youtu.be/sF_vT5qWwxI

Cuando la comunidad de la UDLAP se dio cuenta del engaño y de la estrategia política a que está apostando el gobernador Luis Miguel Barbosa, se hizo la convocatoria para iniciar la manifestación en los accesos del Campus, manifestación que hoy cumple su cuarto día y que aún tiene a estudiantes y otros integrantes de la comunidad UDLAP acampando afuera de las instalaciones por la desesperación que este este conflicto les ha causado. De la misma manera se han presentado profesores y académicos a dar clases al aire libre en las entradas de la Universidad, como gesto de apoyo y símbolo de la necesidad que se tiene por impartir la debida educación.

La estrategia del gobernador Luis Miguel Barbosa al hacer dichas declaraciones sobre la apertura del campus consiste en:

- Contratar a una compañía de seguridad privada (TecnoPro) para custodiar la universidad bajo su mando 

- Retirar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

- Aparentar no estar involucrado en el conflicto

- Acusar a la Universidad de tener un conflicto interno entre particulares en el que no hubo intervención por parte del Estado

- Todo para finalmente lavarse las manos y desviar la presión social que se ha ejercido desde hace 7 meses, y continuar con sus planes de toma hostil de la UDLAP

A raíz de que la diputada del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchio se plantó en la entrada del campus, la comunidad estudiantil se dio cuenta del engaño y de lo muy dispuesto que está el gobierno de Puebla a seguir jugando sucio por medio de tretas y argucias para tomar el control de la UDLAP. Desafortunadamente y por falta de decisiones administrativas y de mantenimiento del campus, el estado actual del mismo es deplorable. Los campos y pastizales llevan 7 meses sin ser atendidos y no sabemos si al menos el mobiliario y los edificios de la universidad están en buen estado (aunque es posible que hayan desaparecido gran parte de los bienes de la Universidad). Es por esto que no puede ingresar la comunidad UDLAP al campus aunque así se deseara, porque se le señalaría de culpable por el estado general del campus.

Además, el ingreso de la comunidad al Campus podría significar en términos políticos que la comunidad acepta al rector espurio y a su patronato, legitimando y poniendo en riesgo la integridad de la UDLAP en su carácter de institución de educación superior privada. Es por ello que se hace nuevamente este llamado y petición a las autoridades de cumplir con la orden judicial que se emitió a favor de la UDLAP en noviembre del 2021. Dicha orden sostiene como resolución que el campus debe de ser devuelto y reabierto para que el alumnado, el profesorado y demás personal pueda regresar a sus actividades. Del mismo modo, se solicita que el ejecutivo estatal no se exceda en sus facultades para designar a un nuevo patronato y rector, puesto que la Universidad cuenta con estatutos internos que estipulan los procedimientos que se deben seguir para designar a un rector. Mismos estatutos que fueron violados por el ejecutivo estatal.

La UDLAP NO ESTÁ ABIERTA mientras tenga a un rector nombrado por el GOBIERNO, un patronato designado por el GOBIERNO, un campus controlado por el GOBIERNO, un conflicto multimillonario en el que está interesado el GOBIERNO, ni un sistema de educación “privada” vulnerado en su totalidad por: EL GOBIERNO

​​Para terminar, la UDLAP NO ESTÁ ABIERTA porque también tiene una sentencia ejecutoria emitida por un tribunal superior de justicia a favor de la UDLAP que fue completamente ignorada por: EL GOBIERNO

Firma y ayudémonos a evitar el abuso, exceso de autoridad y a mantener a las autoridades en su lugar. Esto nos afecta a todos, estudiantes o no, de la UDLAP o de cualquier institución de educación privada. La próxima institución privada puede ser la tuya.