CARTA ABIERTA A LA GOBERNACIÓN

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y AL IPLYC

    Los empleados y empleadas de casinos de la provincia de Buenos Aires vemos con gran preocupación la  puesta en marcha del sistema de captación de apuestas online, cuyo proceso arrancó en 2018 con la promulgación y posterior publicación en boletín oficial de la ley , continuó en 2019 con la conformación y registro de las UTE (Unión Transitoria de Empresas) y tuvo su último momento el 31 de diciembre de 2020 con la publicación de la resolución 795/20 que otorga siete licencias para la explotación del mismo. Decisión que profundiza- en materia de políticas de juego- el avance de intereses de empresas privadas, el consecuente retroceso del estado provincial, agudiza el incremento del flagelo de la ludopatía  y contradice (de forma sistemática) lo consagrado en el art. 37 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que expresa: “…..no admite la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna forma jurídica…….” Claramente la regulación y esquema aprobado para la explotación del juego online, no encuadra en la premisa de la banca estatal, mucho menos tiene ”fines de desarrollo turístico” (como también expresa el artículo 37) sino que  se asemeja a instalar una sala de casino en el living de cada hogar, con los estragos que ello podría conllevar en el seno familiar, y el consecuente  desarrollo de formas más agresivas de ludopatías.

La ley 15.079 es una ley impositiva que, de manera subrepticia,  incluyó en su Capítulo VIII, el Juego Online. Fue sancionada en diciembre de 2018 camuflada tras el zafarrancho de lucha contra la Ludopatía,  evidente contradicción,  que atraviesa de manera transversal a toda la política. Dicha problemática expone por un lado  la implicancia e influencia que el negocio privado tiene al momento de la definición de las políticas de juego, lo cual explica los enormes márgenes de ganancias para las empresas, en relación al Estado, cuyas arcas reciben un irrisorio porcentual.  Y por otro lado,  la vulneración sistemática de la letra y  espíritu del artículo 37.

               Por todo lo expuesto los abajo firmantes peticionamos:

•  La adecuación de las políticas de juego al artículo 37 de la Constitución Provincial. 
•  La concreción de una ley integral de juego que, aun contemplando la inclusión de nuevas tecnologías,   mantenga el sentido, responsabilidad y carácter  social.
•   El carácter público del debate en torno a las políticas de juego, para que las mismas sean parte de un consenso político-social, donde los trabajadores/as del sector podamos estar presentes.
• Se garantice de hecho, el manejo indelegable del Estado provincial, en la administración y explotación del juego, ejerciendo el debido control, tanto económico como operacional, asegurando  además, la sustentabilidad del juego presencial, preservando las fuentes laborales, como también posibilitando  la generación y el  desarrollo turístico; minimizando así el impacto en la salud de los y las bonaerenses.
• Se dé continuidad, de manera formal y con carácter institucional, al FORO DE JUEGO Y Estado realizado en 2012, como instancia necesaria en el desarrollo de argumentos y contenido.