Trasladen a mi padre junto a su familia

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Mi padre, Isidoro, de 90 años, está diagnosticado de la enfermedad de Alzheimer desde hace varios años y ya casi no reconoce ni a sus familiares más cercanos. Incapacitado judicialmente, su tutor es la Comisión de Tutelas de la Generalitat Valenciana porque cuando ya estaba enfermo y atendido por los especialistas de la medicina pública madrileña, se empadronó en Torrevieja. Actualmente está ingresado en una residencia pública de dicha localidad alicantina, a más de 450 kilómetros de sus hijos y nietos, y así continuará porque ni el Gobierno ni las Autonomías facilitan su arraigo familiar.

El procedimiento judicial de incapacitación se inició a petición mía y, aunque los hijos quisimos ser los tutores, el juez finalmente nombró como tutor a la Comisión de Tutelas de la Generalitat por falta de unanimidad de la familia. Ahora este organismo apunta a que la solución sea pedir la remoción del tutor, un procedimiento judicial que no se sustenta con alguna de las causas objetivas que prevé el Código Civil. Mientras tanto mi padre sigue perdiendo facultades poco a poco, y me temo que en breve ya ni reconocerá a sus hijos y nietos debido a la irremediable evolución de su enfermedad.

Firma para pedir a la Comisión de Tutelas de la Generalitat Valenciana que mi padre y otras personas incapacitadas judicialmente puedan tener el derecho al arraigo familiar. Sobre todo cuando nunca han sido abandonados por su familia y es deseo de ambos, el incapaz y sus familiares, dicho arraigo. Tenemos que evitar que pase sus últimos años a más de 450 kilómetros de sus hijos y nietos.

La legislación española prevé que hasta las personas en prisión tienen derecho al arraigo y puedan solicitar su traslado a una cárcel más próxima al lugar donde tengan su arraigo familiar y social (artículo 12 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, de 1979). Y en el caso de los procedimientos judiciales de guarda y custodia de los hijos, las sentencias recientes se dictan atendiendo siempre el interés del menor, que debe guiar la actuación de los Tribunales y de la Administración Pública. Incluso los Códigos Civiles de algunas regiones, como Aragón Navarra y Comunidad Valenciana, prevén que la guarda y custodia de los hijos se adopte teniendo en cuenta el arraigo social y familiar de los hijos. Además España firmó en 2008 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que reconoce en su artículo 19 el derecho que tienen estas personas a ser incluidos y participar en la Comunidad. Pese a esto, las personas incapacitadas judicialmente, tras 40 años de democracia española, la implantación del Estado Autonómico y el Sistema de Dependencia, carecen de muchos de los derechos que les reconoce dicha Convención Internacional

Firma para pedir a los Poderes Públicos que intervengan ya para que consigamos este avance social y legislativo por respeto a la dignidad de las personas.



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