Garantizar el presupuesto y la autonomía de la JEP
La causa
¡No apaguen la JEP! La justicia de las víctimas está en juego
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue creada como un componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con un mandato específico: investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas en el marco del conflicto armado.
Su autonomía no es solamente una decisión administrativa. El Acto Legislativo 01 de 2017 incorporó a la Constitución el mandato según el cual la JEP tiene autonomía administrativa, presupuestal y técnica, y estableció que el Estado debe garantizar las condiciones necesarias para su funcionamiento.
Por esta razón, las decisiones que puedan afectar significativamente su presupuesto, su funcionamiento o sus competencias deben ser objeto de un debate público, transparente y suficientemente sustentado.
¿Qué está ocurriendo?
Se ha planteado ante el Congreso una modificación al presupuesto de la JEP que, según la información divulgada por la propia Jurisdicción, implicaría trasladar $100.000 millones de sus recursos hacia el Consejo Superior de la Judicatura.
La JEP sostiene que una reducción de esta magnitud tendría efectos importantes sobre rubros destinados a protección de víctimas y testigos, infraestructura, funcionamiento y sistemas tecnológicos.
Al mismo tiempo, se tramita una iniciativa de reforma constitucional relacionada con la revisión de decisiones de la JEP respecto de integrantes de la Fuerza Pública.
Estas propuestas deben ser discutidas públicamente y examinadas a la luz de la Constitución, del Acto Legislativo 01 de 2017, del Acuerdo Final de Paz y de las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia.
No se trata de desconocer la situación fiscal de la Rama Judicial ni las necesidades de otras instituciones. Se trata de garantizar que una decisión sobre los recursos y competencias de la JEP no termine afectando, sin una evaluación pública suficiente, los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica de los comparecientes y la autonomía de una jurisdicción creada constitucionalmente.
Por eso solicitamos al Congreso de la República:
1. Garantizar los recursos indispensables para el funcionamiento efectivo de la JEP, evitando reducciones presupuestales que puedan comprometer el cumplimiento de sus funciones constitucionales.
2. Hacer público el estudio técnico y presupuestal que sustente cualquier traslado de recursos de la JEP hacia otras instituciones de la Rama Judicial, incluyendo sus posibles efectos sobre protección de víctimas y testigos, infraestructura, atención ciudadana, investigación, tecnología y funcionamiento de las Salas y Secciones.
3. Garantizar el respeto por la autonomía administrativa, presupuestal y técnica de la JEP, tal como fue establecida en el Acto Legislativo 01 de 2017.
4. Abrir un debate público y plural sobre cualquier reforma que modifique las competencias o mecanismos de revisión de las decisiones de la JEP, con participación de las víctimas, organizaciones sociales, comunidades afectadas por el conflicto, académicos, expertos en justicia transicional y demás sectores interesados.
5. Evaluar de manera expresa el impacto que cualquier modificación presupuestal o institucional pueda tener sobre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
6. Garantizar que las decisiones sobre la JEP sean compatibles con la Constitución, el Acuerdo Final de Paz y las obligaciones internacionales del Estado colombiano.
Esta petición no es contra una institución ni a favor de un partido
Es una solicitud ciudadana para que las decisiones que afectan una institución constitucional de justicia transicional se adopten con información pública, estudios técnicos, debate democrático y consideración efectiva de los derechos de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado.
La JEP tiene una naturaleza particular y transitoria. El propio marco constitucional establece que administra justicia de manera autónoma y que su finalidad incluye satisfacer los derechos de las víctimas, ofrecer verdad a la sociedad y contribuir a una paz estable y duradera.
Por ello, pedimos al Congreso de la República que antes de adoptar decisiones que puedan afectar sustancialmente su funcionamiento o sus competencias garantice un debate público, transparente, informado y respetuoso del marco constitucional.
Firma y comparte esta petición
Si consideras que las decisiones sobre la justicia transicional deben discutirse públicamente y con información suficiente sobre sus consecuencias, firma esta petición y ayúdanos a promover un debate ciudadano informado sobre el futuro de la JEP.
Por las víctimas.
Por la verdad.
Por la justicia.
Por la autonomía judicial.
Por el cumplimiento de la Constitución y del Acuerdo Final de Paz.
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La causa
¡No apaguen la JEP! La justicia de las víctimas está en juego
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue creada como un componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con un mandato específico: investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas en el marco del conflicto armado.
Su autonomía no es solamente una decisión administrativa. El Acto Legislativo 01 de 2017 incorporó a la Constitución el mandato según el cual la JEP tiene autonomía administrativa, presupuestal y técnica, y estableció que el Estado debe garantizar las condiciones necesarias para su funcionamiento.
Por esta razón, las decisiones que puedan afectar significativamente su presupuesto, su funcionamiento o sus competencias deben ser objeto de un debate público, transparente y suficientemente sustentado.
¿Qué está ocurriendo?
Se ha planteado ante el Congreso una modificación al presupuesto de la JEP que, según la información divulgada por la propia Jurisdicción, implicaría trasladar $100.000 millones de sus recursos hacia el Consejo Superior de la Judicatura.
La JEP sostiene que una reducción de esta magnitud tendría efectos importantes sobre rubros destinados a protección de víctimas y testigos, infraestructura, funcionamiento y sistemas tecnológicos.
Al mismo tiempo, se tramita una iniciativa de reforma constitucional relacionada con la revisión de decisiones de la JEP respecto de integrantes de la Fuerza Pública.
Estas propuestas deben ser discutidas públicamente y examinadas a la luz de la Constitución, del Acto Legislativo 01 de 2017, del Acuerdo Final de Paz y de las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia.
No se trata de desconocer la situación fiscal de la Rama Judicial ni las necesidades de otras instituciones. Se trata de garantizar que una decisión sobre los recursos y competencias de la JEP no termine afectando, sin una evaluación pública suficiente, los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica de los comparecientes y la autonomía de una jurisdicción creada constitucionalmente.
Por eso solicitamos al Congreso de la República:
1. Garantizar los recursos indispensables para el funcionamiento efectivo de la JEP, evitando reducciones presupuestales que puedan comprometer el cumplimiento de sus funciones constitucionales.
2. Hacer público el estudio técnico y presupuestal que sustente cualquier traslado de recursos de la JEP hacia otras instituciones de la Rama Judicial, incluyendo sus posibles efectos sobre protección de víctimas y testigos, infraestructura, atención ciudadana, investigación, tecnología y funcionamiento de las Salas y Secciones.
3. Garantizar el respeto por la autonomía administrativa, presupuestal y técnica de la JEP, tal como fue establecida en el Acto Legislativo 01 de 2017.
4. Abrir un debate público y plural sobre cualquier reforma que modifique las competencias o mecanismos de revisión de las decisiones de la JEP, con participación de las víctimas, organizaciones sociales, comunidades afectadas por el conflicto, académicos, expertos en justicia transicional y demás sectores interesados.
5. Evaluar de manera expresa el impacto que cualquier modificación presupuestal o institucional pueda tener sobre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
6. Garantizar que las decisiones sobre la JEP sean compatibles con la Constitución, el Acuerdo Final de Paz y las obligaciones internacionales del Estado colombiano.
Esta petición no es contra una institución ni a favor de un partido
Es una solicitud ciudadana para que las decisiones que afectan una institución constitucional de justicia transicional se adopten con información pública, estudios técnicos, debate democrático y consideración efectiva de los derechos de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado.
La JEP tiene una naturaleza particular y transitoria. El propio marco constitucional establece que administra justicia de manera autónoma y que su finalidad incluye satisfacer los derechos de las víctimas, ofrecer verdad a la sociedad y contribuir a una paz estable y duradera.
Por ello, pedimos al Congreso de la República que antes de adoptar decisiones que puedan afectar sustancialmente su funcionamiento o sus competencias garantice un debate público, transparente, informado y respetuoso del marco constitucional.
Firma y comparte esta petición
Si consideras que las decisiones sobre la justicia transicional deben discutirse públicamente y con información suficiente sobre sus consecuencias, firma esta petición y ayúdanos a promover un debate ciudadano informado sobre el futuro de la JEP.
Por las víctimas.
Por la verdad.
Por la justicia.
Por la autonomía judicial.
Por el cumplimiento de la Constitución y del Acuerdo Final de Paz.
Los tomadores de decisiones
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Petición creada en 21 de septiembre de 2026