Mi hija es una persona con discapacidad, específicamente con débil visual. A lo largo de dos años hemos enfrentado la dificultad de que su condición ha sido un obstáculo para acceder a la educación superior en México. Pese a que la Constitución Mexicana asegura que todas las personas tienen derecho a la educación, la escuela a la que intentamos ingresar insiste en poner barreras innecesarias, demandando cumplir con exámenes que no consideran las necesidades de personas con discapacidad.

A pesar de haber buscado apoyo en instituciones como la CONAPRED y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las respuestas no han sido suficientes para cambiar esta injusticia. Es indignante que en pleno siglo XXI, sigamos enfrentando trabas que impiden a mi hija ejercer su derecho a la educación por el simple hecho de tener una discapacidad.

Es hora de actuar y de exigir un cambio. Pedimos que se elimine la obligación de presentar exámenes de admisión para personas con cualquier tipo de discapacidad a todos los niveles educativos: básica, media superior y superior. Estas evaluaciones no solo son innecesarias, sino que invalidan un derecho humano básico.

Según datos de la UNESCO y el INEGI, menos del 10% de las personas con discapacidad en México acceden a la educación superior. Este porcentaje es alarmante y refleja una falta de inclusión en nuestros sistemas educativos. La exclusión educativa compromete no solo el futuro de estas personas, sino también la diversidad y el enriquecimiento de la sociedad en su conjunto.

Estos obstáculos perpetúan desigualdades e incrementan la discriminación que sufren diariamente quienes viven con discapacidades. El artículo 3 de la Constitución Mexicana proclama que "toda persona tiene derecho a recibir educación"; sin embargo, esto no se está aplicando correctamente, y mi hija es solo un ejemplo de los miles de jóvenes que están siendo despojados de este derecho.

Es crucial implementar políticas educativas inclusivas y justas que reconozcan y respeten las diferentes capacidades y potencial de cada estudiante. Propongo la creación de un comité interinstitucional que supervise y garantice que las instituciones educativas cumplan con su deber constitucional, asegurando recursos y materiales adecuados para las personas con discapacidad.

Firma esta petición para apoyar el llamado a un cambio urgente en el sistema educativo de México. Exijamos que nuestros derechos sean respetados de manera inclusiva y equitativa. Cada firma es un paso más hacia la equidad educativa para todos.