La Asociación Nacional de Psicólogos y Psicólogas Educacionales, en su compromiso con la promoción de la psicología educacional desde el encuentro profesional, considera un deber ineludible manifestar su postura ante la próxima elección presidencial a realizarse el 19 de diciembre de 2021 en nuestro país. Creemos firmemente que el futuro gobierno debe garantizar y generar las condiciones para el desarrollo de una sociedad democrática, lo que solo será posible con justicia, equidad e igualdad de derechos sociales y económicos. Ante esto, queremos comunicar nuestra posición respecto a las dimensiones de la vida política y social, poniendo especial énfasis en la realidad educativa nacional: 

Educación: La equidad, inclusión y calidad en educación son un derecho fundamental de les niñes y jóvenes del país, fuera de cualquier lógica de mercado. Para dar cumplimiento a ello, se requiere fortalecer a las comunidades escolares, eliminando las lógicas de financiamiento por voucher y concentrar los recursos en la educación pública y laica.

El involucramiento de las familias es deseable, pero junto a las escuelas y no sobre ellas: evitando reproducir lógicas propias del mundo empresarial, donde la educación es vista como un producto y las familias y estudiantes son vistos como meros consumidores. Además, la educación en Chile debe ser de calidad para todos y todas por igual, lo que implica romper con la segregación social que se ha traducido en que los colegios públicos concentren a los estudiantes con mayor vulnerabilidad social. 
 
El Estado debe ser el responsable de garantizar la educación de todos y todas, regulando la privatización y garantizando la prohibición del lucro en la educación que mantiene intactas las desigualdades que aquejan a nuestro país. Esto aplica para todos los niveles, desde la educación preescolar hasta las distintas formas que adopta la educación superior.

Los aprendizajes que se promuevan dentro de las comunidades educativas no buscan la manipulación de les estudiantes, sino el desarrollo de su propia reflexión sobre los valores con los cuales se construye la sociedad. Sugerir que determinados contenidos ‘manipulan’ a les estudiantes es desconocer cómo ocurre el aprendizaje y el desarrollo humano. En este sentido, prohibir la educación con enfoques de género atenta contra el aprendizaje integral. Tanto el enfoque de género como la religión tienen cabida dentro de los proyectos educativos, toda vez que les estudiantes tengan la oportunidad de construir miradas propias y reflexionar activamente; y siempre y cuando las comunidades mantengan la autonomía para definir sus proyectos. Para esto, se requiere de autoridades gubernamentales que tengan conocimientos profundos sobre educación y sobre los procesos de aprendizaje.
 
Se debe mantener y fortalecer la política de inclusión como un piso mínimo que hace años se instala en la educación chilena. Estamos en desacuerdo con la derogación del Decreto 170 y cualquier terciarizarión de la intervención a les estudiantes que presenten necesidades educativas de cualquier tipo. Esto debilita las posibilidades de que el Estado, la Educación Pública y las comunidades escolares puedan desarrollar sus capacidades. Interrumpir las lógicas de inclusión significaría generar un trabajo excluyente, que se desentiende de la diversidad y la visualiza como un problema. Debilitar las políticas de inclusión, además reproduce los modelos clínicos y patologizantes de la discapacidad y la diversidad, contradiciendo años de investigación sobre inclusión y mejora educativa.
 
En educación, la “libertad” de elección de los padres constituye una falacia. Plantear la libertad de enseñanza en términos de que los padres puedan “elegir” el establecimiento donde se educan sus hijos/as, desconoce las desigualdades que existen y omite que dicha libertad está reducida a un sector mínimo y privilegiado de la población. La elección está limitada por las condiciones de acceso de carácter socioeconómicas de la mayor parte de las familias chilenas, y seguirá siendo así a menos que la inclusión se fortalezca en nuestro país.
 
Fortalecer la Educación Pública constituye un pilar fundamental, ya que no perjudica la diversidad de proyectos educativos ni priva de autonomía a las comunidades. Por el contrario, fortalece la capacidad que el mismo sistema educativo garantice el acceso a la educación, así como el logro de aprendizajes y el desarrollo que les estudiantes requieren en un país que garantice sus derechos. Esto se condice con un Estado que mantiene su rol de garante, que promueve el desarrollo y al mismo tiempo busque el cumplimiento de los fines que nos proponemos como sociedad, tales como el principio de la inclusión y no discriminación, entre otros.

Desde este marco de justicia, inclusión u democracia, ANPsE se suma a las siguientes declaraciones sobre otros ámbitos sociales y políticos de nuestro país.

Convención Constituyente: Nuestro país vive un proceso histórico clave, para  escribir una nueva Constitución, labor que la ciudadanía ha encomendado a la Asamblea Constituyente por medio de la elección democrática de todos/as sus miembros. Es de suma importancia que el futuro Presidente de la República garantice un apoyo irrestricto a la óptima finalización de este proceso, que sentará las bases político - institucionales del nuevo Chile.
 
Derechos Humanos: El reconocimiento y respeto a los Derechos Humanos debe ser garantizado por el Estado y sus agentes, al ser un pilar esencial de la vida en sociedad, en el reconocimiento del otro como humano o como un igual. La seguridad y el respeto a mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes debe estar por sobre el control y el orden, y no puede ser vulnerado ni secundado ante intereses económicos.
 
Niñez: Es imprescindible contar con políticas y organismos estatales especializados que garanticen el cumplimiento de los convenios internacionales a los cuales Chile adhiere, que cambian la concepción de infancia y reconocen a les niñes y jóvenes como sujetos de derechos. Lo anterior es función y responsabilidad primordial del Estado, y no puede ser terciarizada ante entidades privadas que mercantilizan la infancia y transforman a les niñes y adolescentes en clientes.
 
Familia: Como profesionales de la educación y de las ciencias sociales, respetamos y valoramos la composición diversa de la familia, sin discriminaciones de ningún tipo. No adherimos al principio de que el Bien Superior del Niño esté asociado a la presencia de “un padre y una madre”, ya que esto vulnera a todas aquellas familias con composiciones diversas, que igualmente proveen a les niñes y jóvenes de cuidados afectivos y materiales necesarios para su desarrollo. Finalmente, apoyamos el matrimonio igualitario y el derecho a la adopción de personas del mismo sexo.    

Medio ambiente: Consideramos urgente fortalecer la educación medioambiental y desarrollar el pensamiento crítico dentro de las escuelas, colegios y liceos del país. La dura sequía que viven sectores considerables de nuestro país son evidencia del daño a los ecosistemas, con el consecuente riesgo que esto representa para la biodiversidad nacional. Para esto se requiere fortalecer la Educación Pública y permitir consensos comunes que ayuden a generar aprendizajes y medidas de cuidado con el medioambiente, abandonando las concepciones que lo asumen como objeto inerte y ajeno a nuestra existencia como seres humanos.
Hacemos un llamado a la comunidad de psicólogas y psicólogos educacionales a sumarse a esta declaración. Por una educación equitativa, inclusiva y de calidad para todas y todos. Por un país democrático que garantice los Derechos Humanos y la dignidad.