Tomado de Semana El mayor beneficio La frustración más grande de las víctimas de este proceso, que ya lleva tres años, tiene que ver con la decisión que tomó la Fiscalía de otorgar principio de oportunidad a Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, solicitud que se le hará a un juez, en audiencias fijadas para el 22 y 28 de junio. La negociación entre estos y el ente acusador tiene ver con el delito de captación masiva y habitual, el cargo más severo que enfrentan en el proceso. Los dos cerebros de Premium plantean colaborar con las autoridades a cambio de una sustancial rebaja de pena por este cargo específico. Pero el tema del principio de oportunidad no solo tiene indignadas a las víctimas, sino extrañados a los abogados, quienes consideran que este beneficio no debería aplicarse en los casos de Jaramillo y Ortiz. Varios juristas advierten que al conceder este principio de oportunidad se “desnaturaliza esta figura jurídica” pues en este caso se trata de las dos cabezas de una organización que cometió delitos. Anotan que este beneficio tiene sentido cuando los mandos medios o bajos de una organización delatan a las cabezas principales, y no al revés. “Flaco favor hace la Fiscalía al darles un beneficio de esta trascendencia a quienes cometen delitos de cuello blanco”, señaló el abogado Sintura. La fiscal del caso, Alexandra Ladino, le explicó a SEMANA que con la colaboración que han planteado los dos implicados, se busca desentrañar completamente la estructura societaria de Premium en el exterior, algo que, afirma, no se ha podido lograr. Asegura que el propósito de la Fiscalía es ir hasta la plata del fondo para resarcir a las víctimas. Afirma que frente al otro delito, es decir el no reintegro, no se ha estudiado ningún principio de oportunidad, porque, anota, el fiscal ha sido claro en que si no devuelven el dinero no tendrán ese otro beneficio. Sin embargo, sobre esto quedan muchos interrogantes. El agente liquidador del Fondo Premium, Alejandro Revollo, sostiene que solo se conocen del exterior 6 millones de dólares que están el en Banco Central de Curazao, y que hasta ahora no los han podido recuperar para las víctimas. Es decir, ni Juan Carlos ni Tomás estarían en capacidad de traer esos dineros. Por otro lado, ambos han propuesto entregar las acciones que tenían en PICAF (Premium Capital Appreciation Fund), lo que para el liquidador Revollo es más absurdo todavía, puesto que se encuentran embargadas por la Superintendencia de Sociedades. Pero además, estos no son papeles que se puedan convertir en plata contante y sonante. El malestar por el principio de oportunidad también cobija a los familiares y a la defensa de Víctor Maldonado, el empresario señalado como el mayor favorecido con el Fondo Premium, por medio de los préstamos que recibió. Estos aseguran que el beneficio que buscan Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz está basado en el dinero que le ha sido embargado al empresario Maldonado, que a propósito no reconoció ninguno de los delitos que se le imputan y tampoco concretó nunca una oferta de pago. En esta historia hay mucha más tela por cortar. En la Fiscalía cursa una denuncia penal contra Ortiz, Jaramillo y otro grupo de directivos de Premium por lavado de activos, cometido en la modalidad de administración de dineros provenientes de delitos contra el sistema financiero. Por ahora, de este proceso nada se sabe. Las víctimas temen que con las cartas que están jugando Jaramillo y Ortiz logren tumbar la captación, y con ello extinguir tanto el delito de lavado, como el de no reintegro. Pero eso está por verse. Lo lamentable es que mientras los responsables arman su defensa, más de 1.000 víctimas todavía esperan recuperar su dinero.