La libertad de expresión no pertenece a un gobierno, a un partido ni a un medio de comunicación. Pertenece a todos.

En una democracia, el Presidente tiene derecho a responder y criticar a periodistas y comunicadores. Pero ningún gobierno debería utilizar el poder del Estado para perseguir, intimidar, discriminar o castigar a quienes investigan, informan o cuestionan al poder.

Por eso proponemos impulsar una Ley de Protección de la Comunicación Libre, que establezca:

• Protección para periodistas, comunicadores y ciudadanos que participen del debate público.
• Criterios transparentes para la publicidad oficial. No uso de IA, ni bots.
• Reglas objetivas para las acreditaciones y el acceso periodístico a actividades oficiales.
• Protección frente a amenazas, persecución y represalias provenientes del poder estatal y no incentivar implícitamente (o, explícitamente) la generación de deepfakes pornográficos contra mujeres opositoras o no opositoras.
• Transparencia y control sobre las restricciones que puedan afectar el ejercicio periodístico.
• Garantías para que ningún gobierno pueda utilizar los recursos del Estado como mecanismo de presión sobre la comunicación.

Esta iniciativa no busca silenciar al Presidente ni a ningún funcionario. Al contrario: busca garantizar que todos puedan criticar al poder y que el poder también pueda responder, pero sin convertir la autoridad del Estado en una herramienta de intimidación. También para la regulación en el ámbito comunicacional de la inteligencia artificial. La verdadera libertad conoce sus límites.

Porque una República necesita algo más que elecciones: necesita ciudadanos que puedan hablar, periodistas que puedan investigar y gobiernos que puedan ser cuestionados.

Firmá para impulsar una Ley de Protección de la Comunicación Libre.

La libertad de expresión se defiende especialmente cuando resulta incómoda para quienes gobiernan.

Formá parte de Comunicadores Libres