Firma para que las empresas corruptoras no puedan contratar con la administración pública

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra en 90.000 millones de euros al año el coste de la corrupción en España. Más de la mitad, 47.500 millones de euros (4,5% del PIB) corresponde a sobrecostes administrativos por las deficiencias en el control de las contrataciones públicas. 

Es posible que esta cifra se quede corta ya que hay pocos municipios en nuestro país donde no haya ninguna sospecha de haber sufrido esta lacra a menor o mayor medida.

La sensación que tenemos algunos ciudadanos es que este fenómeno no cesa y se sigue premiando a estas empresas con contratos públicos en todas las administraciones a todos los niveles con la colaboración de la mayoría de los partidos políticos con su voto en plenos o comisiones en el caso de los ayuntamientos por ejemplo o por la simple omisión de no legislar en este sentido.

Este clientelismo que permite a muchos partidos seguir teniendo votos (compra indirecta) sigue repercutiendo directamente sobre la gran cantidad de impuestos y tasas que pagamos para recibir unos servicios pésimos en muchos casos.

Para que haya corruptos también tiene que haber corruptores y, aunque algunos van siendo condenados, el castigo debería ser mayor y sobre todo preventivo para parar esta gran espiral de corrupción.

Para lograr reducir al máximo esta corrupción sistémica que nos asola cualquier empresa (y empresario) condenada por casos de corrupción en los últimos 30 años, incluyendo las sancionadas por amañar concursos públicos, no podrán ser contratada por una administración pública para realizar obras o servicios en un plazo de 10 años.

Adelantándome a la excusa que pondrían la mayoría de partidos, estas empresas podrán seguir teniendo actividad contratando dentro del sector privado gracias a la libertad económica que existe en nuestro país y las empresas no corruptoras podrán optar a contratos sin que haya ninguna prebenda clientelar por lo que podrán crecer y crear empleo.

Considero que, dado como está organizado el sistema, esta petición es algo utópica porque la mayoría de partidos con representación en nuestro congreso se ha beneficiado de estas políticas clientelares, o por lo menos si alguien presenta una proposición en este sentido, tardaría mucho en aprobarse. Así que animo a las formaciones locales presentar esta propuesta en sus ayuntamientos.

He dirigido la petición a todas las formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados.

Debemos ser inflexibles e intolerantes con la corrupción si queremos crecer como país.

 



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