EXIGIMOS NUESTRO DERECHO A SALUD Y PENSIONES DIGNAS Y NO MÁS AL NEGOCIO DE LAS ARS Y AFP.

1. Introducción:

1.1. En República Dominicana las personas tenemos miedo a enfermarnos, a necesitar un tratamiento complejo o medicinas especiales, a quedar en una discapacidad, a que el proveedor de la familia fallezca y a envejecer porque cuando eso ocurra, nuestro Estado no nos cuidará, y tendremos que sobrevivir por nosotros mismos, acudir a nuestro bolsillo, a endeudarnos, y escuchar de una ARS o una AFP que lo que nos pasa "no tiene cobertura". La pandemia por COVID-19 lo ha agravado más y lo ha puesto al desnudo. Nadie nos protege. 

1.2. República Dominicana ha sido el país con mayor crecimiento sostenido en América Latina, pero eso no se refleja en la Salud. En 2017 el Gasto Público en Salud sólo llegó al 1.2% del PIB, violando la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo que ordenaba más de un 2.8%. Para 2021, se está proponiendo que el Ministerio de Salud tenga un 2% del PIB, cuando la Ley ordena el 4%. 

1.3. Que la Salud Pública esté desfinanciada impide que exista un Primer Nivel para promover la salud y para prevenir la enfermedad, que tengamos tratamientos cubiertos y garantizados, que los médicos, médicas y trabajadores de la salud sean remunerados dignamente y cuenten con el equipamiento necesario, y aunque pagamos impuestos y pagamos la Seguridad Social, tengamos que gastar nuestros salarios y ahorros para buscar en el mercado lo que el Estado no garantiza.

1.4. Actualmente se están gastando más de 200 mil millones de pesos en la atención de salud cada año, más de un 6% del PIB, y hay ahorrado para las pensiones casi un 15 % del PIB. Pero las personas no tienen derecho real a gozar de protección a su salud y tampoco a pensiones dignas, el Estado abandona su rol de garante de derechos y porque los negocios y contubernios hoy valen más que el ser humano.

1.5. La salud y las pensiones se convirtieron en una mercancía del negocio financiero. En lugar de Salud, Pensiones, Seguridad Social, Derechos Fundamentales y Estado social y democrático de Derecho, somos tratados como una finca para que un grupo tenga riquezas y poder hasta el infinito.

1.6. Los dominicanos y dominicanas tenemos proyectadas las peores pensiones de América Latina, a la vez que estamos pagando 5 veces por una salud que termina recayendo sobre nuestras espaldas, sin ninguna garantía, dependiendo del bolsillo, el ingreso y la clase social, mientras los servicios públicos se abandonan y deterioran. Mientras las ARS y AFP engordan, y ya suman más de 122 mil millones de pesos entre utilidades y gastos operacionales. En vez de invertir en políticas para que vivamos saludables, el negocio es que tengamos un sistema de salud curativo para personas enfermas, bajo la ley de "sálvese quién pueda" en el mercado según su estatus individual, y nos dediquemos a gastar más y más dinero en tratar de sobrevivir.

1.7. Asimismo, las personas son obligadas a pagar un seguro todos los meses para que constantemente le digan que su seguro no les cubre lo que necesitan, y padezcan enfermedad y muerte de manera cruel. Más del 45% del costo lo tienen que pagar de su propio bolsillo en hospitales, clínicas y farmacias. Quienes tienen un "seguro subsidiado" apenas tienen la atención como limosna, pues son "caros" para este sistema y es en realidad salud pobre para pobres, que además es dinero que termina en gran parte en manos privadas porque los servicios públicos se han deteriorado intencionalmente. Más allá de construir obras que benefician intereses, el Estado apenas quedó como un proveedor más, dividiendo el sistema en múltiples partes para someterlo a la mercantilización. 

1.8. Hoy en día, los hospitales públicos están en estado de catástrofe. Los dominicanos no alcanzan a tener ni 1 cama hospitalaria por cada mil habitantes. La mortalidad materno-infantil es escandalosamente alta. Es el país con la segunda tasa más alta de niños y niñas muertos menores de un año, solo superado por Haití. Los profesionales y trabajadores de la salud pública viven con bajos salarios y pésimas condiciones laborales. Los centros de Primer Nivel de Atención recibe apenas un 5% de la inversión. Los hospitales se privatizan bajo la llamada "autogestión". El gasto estatal en salud se dedica a grandes obras de infraestructura sin planificación alguna de salud, pensando en los réditos de los constructores y los votos.

1.9. Por el lado de las pensiones, solo el 21% de los dominicanos podrá completar el calvario de 360 cotizaciones. El resto nunca verá una pensión. Nuestro país tendrá las peores pensiones de América Latina, y la mayoría que gana entre 15 mil y 20 mil pesos con suerte tendrá pensiones de 5000 pesos mensuales. Las personas con discapacidad o las familias del proveedor que falleció son afectados con miles de obstáculos para que no accedan a una mínima pensión mensual, y las pensiones de sobrevivencia y discapacidad han sido vendidas como paquetes en el mercado de las empresas aseguradoras. A esto también se ven obligados a cotizar el 95% de nuestras empresas que son MIPYMES. Y para rematar, en febrero de 2020 la Ley 13-20, hecha a la medida, les ha otorgado a las AFP mayores ingresos y ganancias sólo por administrar y especular con nuestros ahorros, mientras el país sufre una crisis que ellos ni la sienten. 

1.10. Nada de esto es casual. En 2001, con la ley 87-01 se impuso en República Dominicana un sistema de salud y de pensiones que le quita al Estado su deber de garantizar derechos y convierte la atención de salud y las pensiones en una mercancía que se compra y se vende. El Estado sólo insiste en repartir más carnet, sin invertir lo que la propia Ley y la Constitución establecen. No somos ciudadanos sino clientes.

1.11. Este sistema que destruye la salud y la vida sólo beneficia a las ARS, a  los empresarios de la salud, a las AFP y las empresas financieras nacionales y transnacionales. Esto se debe a que fueron las grandes familias y grupos dueños de los bancos y empresas financieras quienes diseñaron este sistema para ganar inmensas riquezas. No es propiedad privada ni libertad de empresa: es saqueo a costa de los derechos de la gente. Esto no va a funcionar, no va a cambiarse con un milagro ni con parches, pues ha sido un fracaso en todo país donde se ha impuesto, desde Estados Unidos y Chile, hasta República Dominicana. 

2. Por todo esto, EXIGIMOS que se termine que el Estado asuma su papel de GARANTE DE DERECHOS y que se TERMINE con este sistema DE SAQUEO PERVERSO:

2.1. Que en el Presupuesto General del Estado se incorpore lo que establece la Constitución y la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, dedicando un Gasto Público en Salud equivalente al 4% del PIB, que sea invertido priorizando el Sistema Público, para la promoción, prevención, atención, investigación y provisión de servicios en salud a la población, teniendo como objetivo que todos los dominicanos y dominicanas tengan todos los servicios que requieran de forma gratuita, universal, humana y de calidad, en un Sistema Público digno. Así mismo, que en 2025 y 2030 efectivamente lleguemos al 4.5% y 5.0% del PIB respectivamente, como ordena la Ley, aspirando al 6% según establecen las obligaciones internacionales. 

2.2. Que el modelo de salud supere su carácter meramente hospitalario y sea realmente de atención integral, no solo para curar la enfermedad, garantizando condiciones de vida saludables y servicios oportunos y de calidad, incluyendo vivienda, agua potable y alcantarillado, educación, prevención de enfermedades, prevención del embarazo adolescente, acceso a la salud sexual y reproductiva, y que las comunidades tengan derecho a la participación y ejerzan el control social.

2.3. Que, en línea con lo antes dicho, se recupere la infraestructura pública de Primer, Segundo y Tercer nivel de atención en Salud, con equipamiento y condiciones dignas de atención, estrategias de prevención, así como condiciones laborales y salariales dignas para todos los profesionales y trabajadores del Sistema Público, así como en los demás sistemas. 

2.3. Que se les quite a las ARS, a las AFP y sus socios empresariales-financieros el poder sobre el derecho a la Salud y la Seguridad Social, y que el Estado recupere su responsabilidad con la salud, las pensiones y la protección social, en un sistema universal, solidario, sin exclusiones, con beneficios definidos, garantizados y protegiendo los Derechos Fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas.

2.4. Que la financiamiento de la salud, las pensiones y la protección social en general que sean obligatorias por Ley financien un sistema de naturaleza pública, que garantice servicios, cobertura y protección sin diferencia de clase social, nivel de ingresos, zona geográfica, edad, género, condición de salud ni ningún otro parámetro para discriminar. Si las personas con mayores ingresos desean cotizar además para seguros privados y ahorros individuales para su pensión, que sea optativo y no sustituya la obligación de contribuir a un verdadero Sistema de Seguridad Social justo y digno para todos y todas.

2.5- Que el sistema de pensiones no pertenezca más -directa ni indirectamente- a los bancos y las grandes familias, y tengamos un sistema nacional como en los países que son referencia en este tema, con una pensión digna y garantizada de acuerdo a nuestro esfuerzo y el costo de la vida, y las personas pobres no queden desprotegidas mediante una pensión básica universal. Que tengamos una tasa de reemplazo digna garantizada por Ley, un Seguro de Desempleo y Suspensión, así como protecciones indispensables en un Estado social y democrático de derecho como las que se deben dar a niñas, niños, mujeres jefas de hogar y adultos mayores. 

EXIGIMOS NUESTRO DERECHO A SALUD Y PENSIONES DIGNAS Y NO MÁS AL NEGOCIO DE LAS ARS Y AFP.

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