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¿Sabías que los funcionarios públicos pueden adherirse a la Ley de Inocencia Fiscal?
La Ley 27.799 no les impide acceder a este régimen.
En la práctica, esto significa que quienes administran recursos públicos pueden beneficiarse de un sistema que reduce controles sobre determinados períodos fiscales y no exige justificar retroactivamente ciertos bienes o fondos declarados.
Mientras nos piden transparencia a todos los ciudadanos, la ley no establece requisitos especiales para quienes ocupan cargos públicos.
Y ahí aparece la pregunta:
¿Los funcionarios deberían tener más controles que el resto de la sociedad?
¿O menos?
Desde Fundación ALC creemos que quienes administran el dinero de todos deben rendir cuentas con los más altos estándares de transparencia.
Por eso impulsamos una junta de firmas para exigir que funcionarios, exfuncionarios y familiares directos queden excluidos de estos beneficios.
Sumá tu firma. La transparencia no se negocia.