España necesita una política migratoria coherente con la realidad.

Durante los últimos años se han aprobado distintos mecanismos de regularización y se han impulsado reformas destinadas a facilitar la integración de personas extranjeras. Sobre el papel, el sistema parece ofrecer vías legales para residir, trabajar y construir un proyecto de vida.

Sin embargo, detrás de cada expediente hay personas, familias y sueños que a menudo chocan con una realidad muy distinta.

Quien llega a España buscando protección internacional o una oportunidad de futuro descubre con frecuencia un camino lleno de obstáculos: trámites interminables, dificultades para conseguir una cita y largos períodos de incertidumbre. Miles de personas viven durante meses o incluso años pendientes de una resolución que condiciona su presente y su futuro, sin saber cuándo podrán empezar realmente la vida que vinieron a construir.

A esta situación se añade un problema conocido desde hace años: la escasez de citas disponibles y la aparición de mercados ilegales que obtienen beneficios revendiendo un acceso que debería ser público y gratuito. Cuando una cita administrativa se convierte en un privilegio inalcanzable para muchos, quienes intentan hacer las cosas correctamente son los que más sufren las consecuencias.

La consecuencia es una contradicción difícil de ignorar. Por un lado, se reconocen derechos y se anuncian vías legales de integración. Por otro, miles de personas permanecen atrapadas durante largos períodos en una situación de incertidumbre, con enormes dificultades para acceder a un empleo estable, una vivienda digna o servicios básicos que les permitan desarrollar una vida normal.

La realidad es que nadie puede construir su futuro viviendo indefinidamente en espera. Nadie puede sostener a su familia, pagar un alquiler o afrontar sus responsabilidades únicamente aguardando una resolución administrativa. Por necesidad, muchas personas terminan trabajando en la economía sumergida, no porque lo deseen, sino porque necesitan sobrevivir mientras esperan una respuesta que no llega.

Después, el propio sistema exige acreditar años de permanencia continuada en España para acceder a determinados procedimientos de regularización. Es aquí donde surge una de las contradicciones más dolorosas: se pide demostrar una realidad que todos conocen y que el propio sistema ha sido incapaz de gestionar con la rapidez y eficacia necesarias.

No se trata de estar a favor o en contra de la inmigración. Se trata de recordar que detrás de cada norma hay seres humanos y de exigir coherencia.

Un Estado tiene derecho a decidir quién entra, quién permanece y bajo qué condiciones. Pero también tiene la responsabilidad de que sus procedimientos funcionen, de resolver en plazos razonables y de ofrecer seguridad jurídica a quienes depositan su confianza en las instituciones.

Una política migratoria sin medios suficientes, sin capacidad administrativa y sin resoluciones ágiles acaba generando precisamente aquello que dice querer evitar: irregularidad, economía sumergida, inseguridad jurídica y una profunda frustración tanto para quienes llegan buscando una oportunidad como para la sociedad que los acoge.

La solución no es mirar hacia otro lado. La solución es reconocer la realidad, escuchar las historias que hay detrás de cada expediente y construir un sistema más humano, más eficaz y más justo para todos.

Qué pedimos

Esta petición no busca señalar a personas ni alimentar divisiones. Busca soluciones.

Por ello, una vez recogidas las firmas, nos comprometemos a trasladar esta iniciativa a todas las instituciones competentes y responsables de la gestión migratoria y de extranjería, con el objetivo de impulsar reformas reales que pongan fin a las situaciones descritas y garanticen un sistema más eficiente, transparente y humano.

Solicitamos:

1. Cumplimiento estricto de los plazos legales de resolución.

Las personas no pueden permanecer durante meses o años en una situación de incertidumbre administrativa. Los plazos establecidos por la ley deben cumplirse de forma efectiva y, cuando existan retrasos extraordinarios, estos deben ser comunicados y justificados públicamente.

2. Implantación de un sistema automático y transparente de asignación de citas.

Las citas deben ser adjudicadas mediante un sistema automatizado, verificable y protegido frente a bots y prácticas fraudulentas, eliminando cualquier posibilidad de especulación o mercado negro.

3. Refuerzo urgente de personal y recursos.

Las oficinas de Extranjería y los organismos encargados de resolver expedientes deben contar con los medios humanos y tecnológicos necesarios para atender el volumen real de solicitudes.

4. Publicación periódica de datos de gestión.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer los tiempos medios de espera, el número de expedientes pendientes y los recursos destinados a cada procedimiento.

5. Digitalización integral de los procedimientos.

Muchos trámites siguen dependiendo de procesos lentos y fragmentados. Es necesario avanzar hacia una gestión digital moderna, accesible y eficiente.

6. Seguimiento en tiempo real de los expedientes.

Los solicitantes deben poder conocer en todo momento el estado de su expediente y las fases pendientes de resolución, evitando meses de incertidumbre y falta de información.

7. Auditoría independiente del sistema de citas y resolución de expedientes.

Es imprescindible identificar los puntos de colapso, las deficiencias organizativas y las posibles vulnerabilidades que facilitan el fraude o generan retrasos injustificados.

8. Protección efectiva frente a la economía sumergida derivada de la demora administrativa.

Ninguna persona debería verse empujada a la irregularidad o al trabajo precario por la incapacidad de la Administración para resolver procedimientos dentro de plazos razonables.

España tiene derecho a gestionar sus fronteras y su política migratoria. Pero también tiene la obligación de que los procedimientos que establece funcionen de manera eficaz, transparente y acorde con la dignidad de las personas.

Pedimos coherencia.

Pedimos responsabilidad.

Pedimos que la realidad administrativa esté a la altura de los derechos y obligaciones que la propia ley reconoce.

Si compartes esta visión, firma y ayúdanos a trasladar esta petición a las instituciones para que las soluciones dejen de ser una promesa y se conviertan en una realidad.