Hoy en día, los jóvenes menores de 18 años tienen acceso a gran cantidad de información y formación, y en muchos aspectos de la vida ya se les considera responsables. A esa edad pueden trabajar con autorización, tomar decisiones educativas clave, mantener relaciones afectivas y sexuales legalmente, e incluso emanciparse legalmente. Esta madurez justifica exigirles responsabilidad penal por sus actos, especialmente cuando estos son graves.

En los últimos años se han registrado casos mediáticos de delitos muy graves (violaciones, homicidios, agresiones graves) cometidos por menores de 18 años, incluso menores de 16. Esto ha generado una preocupación social enorme por la percepción de impunidad. La ley actual (Ley Orgánica 5/2000) no contempla consecuencias penales proporcionales para los menores de 18 años, lo cual puede transmitir un mensaje de permisividad.

Si los jóvenes de 16 y 17 años supieran que pueden ser juzgados como adultos por ciertos delitos, esto podría actuar como elemento disuasorio. La existencia de una responsabilidad penal más clara puede fomentar la prevención del delito y reforzar el sentido de las consecuencias de los actos desde una edad temprana.

Existe una incoherencia entre las responsabilidades civiles y legales que se otorgan a los jóvenes a partir de los 16 años y la protección penal que siguen recibiendo. Igualar estos marcos contribuiría a un sistema más coherente, donde los derechos y deberes vayan de la mano.

Por otra parte, las víctimas de delitos cometidos por menores de 18 años, y también sus familias, pueden sentir que el sistema no responde adecuadamente al daño sufrido. Rebajar la edad penal permitiría ofrecer respuestas más justas y proporcionales.

La seguridad ciudadana, la justicia y la responsabilidad penal a todos los efectos de los menores son temas de creciente preocupación en la sociedad española, una situación que requiere la modificación de la legislación vigente en la línea que aquí se propone.

En el supuesto de menores extranjeros (MENA’s) que cometan delitos y que hayan sido condenados en firme, serán expulsados del país y cumplirán la condena en sus países de origen. Además, tendrán prohibido el regreso a España.

Apoyemos juntos este cambio para construir un país más justo y democrático.

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