Como abogado especialista en derecho de personas de la tercera edad, de la vejez y defensor social en Mexicali, Baja California, dedico mi trayectoria profesional a proteger la seguridad jurídica, la salud, los derechos fundamentales de las personas de la tercera edad y pensionados y la defensa del estado de derecho.

 Inicio esta petición porque la reciente ejecución de una orden de aprehensión federal en nuestra entidad ha abierto un debate público indispensable que debe ser abordado desde la legalidad, no desde la política.

El fondo de cualquier proceso penal y la determinación de culpabilidad o inocencia corresponden exclusivamente a los tribunales de control, un ámbito que respeto de forma absoluta.

Sin embargo, las condiciones de detención y reclusión inicial e incomunicación reportadas en este caso visibilizan una problemática estructural que nos concierne a todos: la falta de aplicación rigurosa de los protocolos de atención para personas mayores de 70 años.

La Constitución y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (ratificada por México) obligan a las autoridades a garantizar un debido proceso reforzado.

 Detener a un adulto mayor exige un trato diferenciado, pues la vejez conlleva vulnerabilidades biológicas y médicas que el Estado no puede ignorar bajo ninguna circunstancia.

Garantizar el acceso inmediato a medicamentos, la estabilidad física y la comunicación oportuna con familiares y defensores no es un privilegio político; es un derecho humano universal.

Si permitimos que se vulneren estos protocolos fundamentales con una figura pública, dejamos en el desamparo institucional a los miles de personas tercera edad, abuelos y pensionados de nuestras comunidades.

Defender la dignidad en la vejez es defender el Estado de Derecho para todos.