El número significativo de casas impactadas por las recientes inundaciones visibiliza la precariedad  que viven tantas familias en Puerto Rico cinco años después del huracán María. El gobierno (a nivel local y federal) tiene la responsabilidad de garantizar que la asistencia inmediata llegue a los hogares afectados de manera rápida y eficaz. Los criterios que discriminan a las familias constituyen una amenaza a sus vidas. Este es el caso de las familias con títulos informales en Puerto Rico.

FEMA publicó nuevas guías que habrían hecho más fácil que sobrevivientes del Huracán María accedieran a las asistencias. Estas guías no benefician a las sobrevivientes a pesar de que miles aún viven bajo techos azules. FEMA necesita cambiar esta situación.

Entre 2017 y 2018, FEMA excluyó a aproximadamente 77,000 hogares del Programa de Asistencia Individual y Familiar, negándoles la oportunidad de recibir asistencia para reparar y reconstruir sus hogares después de María. FEMA interpretó incorrectamente que para solicitar ayuda por los desastres, se requería una escritura o un documento inscrito a pesar de que nada en las regulaciones federales instruye a la agencia a solicitar un título para reconocer que una persona es un dueño elegible. Además, nada en el marco legal de Puerto Rico requiere que las familias tengan una escritura para ejercer su tenencia. Razones culturales, históricas y económicas -algunas basadas en una distribución racializada de los derechos de propiedad- subyacen en la falta de documentación formal de las familias que han vivido en sus hogares por años. Las altas tasas de denegación desataron una impactante crisis de vivienda, enmarcada por las consecuencias desatendidas de los huracanes catastróficos del 2017, así como por los terremotos de 2020 y la pandemia.

Ayuda Legal Puerto Rico lideró esfuerzos de abogacía para que FEMA reconociera los derechos de los propietarios informales. Investigamos y creamos una declaración bajo juramento para facilitar el derecho de solicitar asistencia a las personas sin títulos inscritos. A su vez, FEMA reconoció que los títulos “perfectos” no eran requisito para solicitar. Sin embargo, se negaron a informar a los solicitantes rechazados sobre esta aclaración de política pública y muchos perdieron la oportunidad de apelar. Después de varios años abogando por este derecho, el 2 de septiembre de 2021 FEMA finalmente aprobó y publicó una nueva enmienda a sus políticas adoptando a nuestras recomendaciones y garantiza la flexibilidad para promover el acceso equitativo a la asistencia. Sin embargo, esta política sólo aplica para desastres que ocurran después de la fecha de su publicación. 

Las personas sobrevivientes del huracán María y de los terremotos del 2020 en Puerto Rico, así como los propietarios informales que sobrevivieron desastres en otras jurisdicciones de los Estados Unidos antes de esa fecha siguen desprovistas de la asistencia que necesitan y a la que son elegibles. Los estudios y la experiencia de primera mano muestran que los requisitos que condicionan la asistencia a títulos formales tienen un impacto desigual en las comunidades negras y de bajos ingresos. Exigir la retroactividad de esta política AHORA es una solicitud basada en la justicia de vivienda, de tierras y en la justicia racial. La recuperación equitativa ES recuperación justa. Necesitamos que FEMA actúe ahora y tome las medidas necesarias para hacerle justicia a las miles de familias que aún viven bajo techos inseguros en Puerto Rico.

-- ENGLISH --

The significant number of houses impacted by recent floods highlight the precarity of families living in Puerto Rico five years after hurricane María. The government (at local and federal levels) has the responsibility to ensure that immediate assistance reaches affected households quickly and effectively. Barriers that discriminate against families are life-threatening. This is the case of families with informal titles in Puerto Rico.

FEMA published new guidelines that would have made it easier for Maria survivors to access much needed aid. Those rules will not benefit Maria survivors, even though thousands still live under temporary blue tarps. FEMA needs to change that.

Between 2017-2018, FEMA excluded approximately 77,000 households from the Individual and Household Program, denying them a chance to receive assistance to repair and rebuild their homes after María. FEMA incorrectly interpreted that a deed or legal document was required to apply for disaster aid, even though nothing in federal regulations instructs the agency to request a title to acknowledge that a person is an eligible owner. Moreover, nothing in Puerto Rico's legal framework requires families to have a deed to establish their ownership.  Cultural, historical, and economic reasons - some grounded on a racialized distribution of ownership- lie under the lack of formal documentation of families who have lived in their homes across generations. The high denial rates snowballed into a shocking housing crisis, framed by the neglected consequences of major hurricanes, as well as by the earthquakes of 2020 and the pandemic.

Ayuda Legal Puerto Rico led advocacy efforts to make FEMA acknowledge the rights of informal owners. We researched and created a document to facilitate informal owners their right to request assistance, and FEMA acknowledged that deeds were not a requirement. Yet, FEMA refused to let turned down applicants know about this policy clarification, and many lost their chance to appeal. After several years of advocacy efforts, on September 2, 2021, FEMA finally approved and published a new policy adopting our recommendations and ensuring flexibility to promote equitable access to assistance. This policy, however, applies to disasters after the guidelines’ publication date.

Hurricane María and earthquake survivors in Puerto Rico and informal owners who survived disasters before this date in other jurisdictions of the US remain devoid of the assistance they need and to which they are eligible. Studies and experience show that title requirement policies have  a disparate impact on black and low income communities. Demanding the retroactivity of this policy NOW is a request grounded on housing, land, and racial justice. Equitable recovery is just recovery. 

We need FEMA to act now and take the necessary steps to ensure justice for the thousands of families still living under unsafe roofs in Puerto Rico.