El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho a una vivienda digna, pero al estar en el Capítulo III, no es un derecho fundamental exigible directamente ante los tribunales, sino un principio que orienta las políticas públicas. 

Actualmente existe una gran brecha entre este mandato constitucional y la realidad: los precios de compra y alquiler han subido considerablemente, dificultando el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias de rentas bajas. Esta situación ha generado debates sobre la necesidad de políticas más activas de vivienda pública y regulación del mercado para hacer efectivo el derecho constitucional.

Mi amiga ha estado viviendo en el mismo piso en Madrid durante 18 años, pagando un alquiler de 1100 euros. Sin embargo, recientemente le han comunicado que su alquiler se incrementará a 2500 euros en junio, una subida que no solo es exorbitante, sino también imposible de afrontar con su salario actual. mi amiga se enfrenta a la posibilidad de ser forzada a dejar su hogar, el mismo donde ha vivido casi dos décadas, debido a una escalada de precios brutal e injustificada.

Esta no es una historia aislada. Se estima que 1,5 millones de hogares en España podrían verse afectados por subidas drasticás en los alquileres cuando sus contratos expiren en 2026. Sin medidas correctivas, muchos inquilinos e inquilinas sufrirán las consecuencias de un mercado de alquiler descontrolado, poniendo en riesgo su seguridad económica y estabilidad familiar.

Ante esta situación es urgente tomar acción. Proponemos una prórroga automática y obligatoria para todos los contratos de alquiler que venzan en 2026, para garantizar que los inquilinos puedan seguir en sus hogares sin enfrentarse a incrementos imposibles de asumir. Esta medida proporcionaría la seguridad necesaria para que familias y comunidades enteras puedan planificar su futuro sin el miedo constante de perder su vivienda de forma intempestiva.

Las experiencias como la de mi amiga son demasiado comunes. En un mercado inmobiliario que actualmente favorece a los propietarios en detrimento de los inquilinos, es esencial implementar políticas justas que equilibren la balanza y salvaguarden los derechos de quienes alquilan. Esta prórroga no solo será un alivio a corto plazo, sino que permitirá a legisladores y autoridades buscar soluciones a largo plazo que controlen los precios de los alquileres de una manera equilibrada y sostenible.

Apóyanos y firma esta petición para presionar a los responsables políticos a aprobar una ley que proteja a millones de inquilinos de posibles abusos y desahucios. Tu firma es importante para garantizar un futuro más seguro y justo para todos.