Los docentes públicos de todo el país cumplen un rol esencial en la educación y en la formación de futuras generaciones. Sin embargo, sus salarios actuales no alcanzan para cubrir las necesidades básicas frente al constante aumento del costo de vida, la inflación y los gastos indispensables como alimentos, servicios y transporte.

A pesar de su compromiso diario, la capacitación constante y la responsabilidad que asumen, muchos docentes se ven obligados a tener más de un trabajo o a afrontar situaciones económicas críticas. Esta realidad afecta no solo a los trabajadores de la educación, sino también a la calidad educativa que reciben los estudiantes.

Un salario digno es un derecho y una condición fundamental para garantizar una educación pública de calidad. Por eso, exigimos a las autoridades nacionales y provinciales un aumento salarial justo, acorde a la realidad económica del país y actualizado periódicamente para que ningún docente quede por debajo de la línea de pobreza.