En los últimos años, hemos presenciado un aumento preocupante en la retirada de menores de sus hogares por parte de los Servicios Sociales, sin una orden judicial previa que lo respalde. Este procedimiento, basado muchas veces en sospechas infundadas, ha dejado a miles de familias desprotegidas y con un profundo sentimiento de injusticia.

Las estadísticas demuestran que en Europa, por cada menor que es tutelado, España recibe de Europa  un importe que varía entre los 68,000 y 70,000 euros cuándo el menor es tutelado por el estado y cuándo los menores son ubicados en centros de acogida, estas instituciones continúan recibiendo entre 3,000 y 8,000 euros. Esta situación ha generado inquietudes sobre la verdadera motivación detrás de la retirada de menores, cuestionando si está realmente centrada en el bienestar infantil o si hay un interés económico latente.

Para proteger a las familias y evitar separaciones innecesarias, es esencial exigir que cualquier retirada de menores sea autorizada exclusivamente por un juez, previa evaluación exhaustiva del caso. Esto asegurará que sólo se tomen medidas en situaciones donde realmente sea necesario proteger al menor, evitando así el sufrimiento innecesario de muchas familias y el posible trauma de los niños retirados sin razón justificada.

Por lo tanto, instamos a las autoridades competentes a revisar y modificar el actual proceso de retirada de menores, imponiendo la obligación de una orden judicial en todos los casos. Un sistema más justo y transparente no solo protegerá a los menores, sino que también devolverá la paz a miles de familias.

Firma esta petición para apoyar la modificación del proceso y garantizar los derechos de las familias ante los Servicios Sociales.