La situación de inseguridad en la provincia de San Juan ha alcanzado niveles que generan una profunda preocupación social. Vecinos de la capital y de distintos departamentos expresan un creciente sentimiento de vulnerabilidad ante el aumento de hechos delictivos y el consumo problemático de sustancias ilegales en espacios públicos. Esta realidad impacta directamente en la calidad de vida, limita la libertad de circulación y deteriora la convivencia comunitaria.

Frente a este escenario, resulta imprescindible que el gobierno provincial asuma un rol activo, firme y transparente. En este sentido, instamos al gobernador Humberto Marcelo Orrego a hacerse responsable de la situación y a impulsar de manera urgente e inmediata un plan integral de seguridad que combine medidas concretas y sostenibles en el tiempo.

La ciudadanía ya no puede esperar. En la capital de San Juan se han registrado numerosos robos en las últimas semanas, incluyendo hechos de extrema gravedad como la golpiza a un hombre mayor, cuyos agresores fueron liberados a los pocos días. Estos episodios no solo generan indignación, sino que refuerzan la percepción de impunidad y desprotección.

No alcanza únicamente con reforzar la presencia policial. Es necesario avanzar en políticas públicas que aborden el problema desde múltiples dimensiones: prevención del delito, fortalecimiento del sistema judicial, recuperación de espacios públicos y, fundamentalmente, programas efectivos de rehabilitación y reinserción social para personas con consumo problemático. La seguridad no puede desligarse de la contención social, pero tampoco puede tolerar la reincidencia sin consecuencias.

Asimismo, es clave promover la participación activa de la comunidad, generando canales de diálogo entre vecinos, autoridades y fuerzas de seguridad. La confianza institucional se reconstruye con acciones claras, resultados medibles y compromiso político real.

San Juan no puede naturalizar el miedo ni resignarse a una escalada de violencia. Se necesitan respuestas ahora, antes de que la situación sea irreversible. Cada día sin acción es un día en el que más ciudadanos quedan expuestos.

Convocamos a todos los ciudadanos a acompañar este pedido y a exigir respuestas urgentes. La seguridad es un derecho, no un privilegio. Y garantizarla, de manera inmediata y efectiva, es una obligación indelegable del Estado.