Nos preocupa profundamente la situación de violencia y corrupción que vive nuestro país, México. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que 'el pueblo decide', sin embargo, no hemos sido consultados sobre los pasos que se están tomando para combatir la corrupción y la delincuencia organizada.

Es inquietante ver que figuras como Rubén Rocha Moya, Juan de Dios Gámez Mendívil, Dámaso Castro Saavedra, Gerardo Mérida Sánchez, Enrique Díaz Vega, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, y José Antonio Dionisio Hipólito, que tienen vínculos con el crimen organizado, no han sido juzgados en nuestro país. Esto nos hace cuestionar la independencia y efectividad de nuestro sistema judicial, especialmente cuando estos individuos tienen conexiones con partidos políticos en el poder.

Ya hemos visto precedentes, como el caso de Genaro García Luna, donde las autoridades de Estados Unidos han intervenido para garantizar que la justicia prevalezca. Creemos firmemente que si México no es capaz de hacer justicia, es necesario que Estados Unidos tome las riendas y los juzgue en su territorio, asegurando que se enfrenten a las consecuencias de sus acciones.

La violencia y el crimen organizado continúan creciendo, afectando día a día la vida de miles de ciudadanos inocentes. Como mexicanos, es nuestro derecho exigir que se tomen decisiones firmes y efectivas para combatir este flagelo, y que aquellos que contribuyen a su perpetuación sean llevados ante la justicia.

Al unir nuestras voces, podemos hacer un llamado contundente a las autoridades mexicanas para que extraditen a estos personajes a Estados Unidos. Firma esta petición y ayúdanos a luchar por un México más seguro y sin corrupción.