Por un sistema de justicia que realmente proteja a los menores

Como madre a quien recientemente le han quitado la custodia de sus hijas, he vivido en carne propia las profundas fallas de nuestro sistema judicial. Mi familia ha sufrido por decisiones basadas en prejuicios y mentiras, incluso cuando el propio juzgado solicitó informes directamente al colegio y al instituto que confirmaban mi idoneidad como madre. Estos informes, enviados oficialmente por las instituciones, fueron ignorados en la resolución final.

Peor aún, durante la evaluación del equipo psicosocial, las pruebas que aporté no fueron consideradas, y los hechos que expuse fueron tergiversados. Palabras sueltas fueron tomadas fuera de contexto, distorsionando su significado y empleándolas para respaldar una narrativa ajena a la realidad. ¿Cómo es posible que decisiones tan trascendentales se tomen ignorando las pruebas más objetivas y manipulando la verdad?

Los equipos psicosociales adscritos a los juzgados, aunque puedan actuar con buenas intenciones, están lejos de ser imparciales. En demasiadas ocasiones, sus decisiones son influenciadas por los jueces o por criterios subjetivos, lo que les aleja de su principal objetivo: proteger el interés superior de los menores.

Además, es imprescindible que los profesionales que forman parte de los equipos psicosociales cuenten con la formación y las herramientas necesarias para detectar casos de abuso encubierto y dinámicas complejas, como la violencia intrafamiliar y la alienación parental. Permitir que un simple licenciado en psicología, sin especialización en el ámbito forense o judicial, sea quien evalúe estos casos es un grave error que pone en riesgo el bienestar de los menores y perpetúa injusticias.

Esto tiene que cambiar. No podemos permitir que el sistema siga fallando a quienes más nos necesitan: nuestros hijos.

Proponemos una reforma clara y contundente:
Las evaluaciones de menores en casos legales deben ser realizadas exclusivamente por psicólogos forenses externos. Este cambio garantizaría evaluaciones objetivas, imparciales y centradas únicamente en el bienestar de los menores, eliminando cualquier posible influencia externa o conflicto de intereses.

Los datos lo respaldan: un alto porcentaje de disputas de custodia se resuelven desfavorablemente para uno de los progenitores debido a evaluaciones deficientes y a la falta de investigaciones verdaderamente independientes (Fuentes: Observatorio de la Infancia, Consejo General del Poder Judicial).

Es hora de exigir:

• La eliminación de los equipos psicosociales adscritos a los juzgados.
• La designación de psicólogos forenses externos, altamente cualificados, para evaluar cada caso de forma justa, profesional y libre de presiones externas.

Este cambio no solo garantizará decisiones más justas, sino que también restaurará la confianza en un sistema judicial que debe priorizar el bienestar y los derechos de los menores por encima de todo.

Tu firma puede marcar la diferencia. Ayúdanos a construir un sistema judicial más humano, justo y enfocado en proteger a los niños. Firma esta petición y sé parte del cambio que nuestras familias necesitan.