Miriam Pascual Jiménez es abogada y comunicadora comunitaria zapoteca, con más de 20 años de trayectoria, en la defensa integral de los DDHH, hoy enfrenta hostigamiento, difamación y amenazas de destierro del Municipio de Guelatao de Juárez, Oaxaca, México, derivado de su trabajo de acompañamiento y exigencia de justicia para mujeres indígenas victimas de violencia. 

Miriam es una destacada abogada, reconocida a nivel regional, nacional e internacional, con premios y reconocimientos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2025), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) (2022); y por la Iniciativa Spotlight de Naciones Unidas y la Unión Europea (2020), por la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (2021), Municipio de Ixtlán de Juárez (2021).

En la región Sierra Norte de Oaxaca, Miriam ha sentado precedentes importantes para reivindicar una gobernanza comunitaria libre de violencia para las mujeres indígenas, demostrando que es una herramienta viva de justicia, y reparación cuando se aplican tomando en consideración la voz de las mujeres, y sin racismo institucional.

Su labor  ha generado resistencias patriarcales, y castigos arbitrarios en el Municipio de Guelatao de Juárez, un territorio con Alerta por Violencia de Género.

----------------------------- EL CASTIGO ----------------------

Por su perfil, en mayo de 2025 fue seleccionada por la Secretaría de las Mujeres como Coordinadora del "Centro LIBRE" de Guelatao de Juárez, en respuesta, un grupo de hombres, y -por desgracia - algunas mujeres, iniciaron una campaña de difamación y hostigamiento político, exigiendo su renuncia al cargo, acusándola de “peligrosa” y “demandadora de hombres”. 

Utilizaron y manipularon la Asamblea para exigir su renuncia al cargo, y expulsión de la comunidad tomando como "referencia" la denuncia pública que realizó en el año 2020, cuando el agresor sexual de una mujer indígena quedó impune, protegido por el Síndico y alcalde (autoridades municipales) de ese momento.

La violencia escaló cuando el padre de su hijo fue detenido arbitrariamente en un contexto de protesta pacífica. En consecuencia, ambos perdieron sus empleos, afectando directamente la vida de su hijo menor de edad.

 Las autoridades Municipales no detuvieron los ataques, por lo que, tras ignorar y acallar voces de personas que señalaron estos actos como injustos, crearon una “comisión especial” para crear expedientes apócrifos para justificar su expulsión.

Esto resulta particularmente grave, en tanto institucionaliza el castigo contra las mujeres indígenas que rompen estereotipos de género, formaliza un pacto de impunidad a favor de los agresores, poniendo en riesgo la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres en la región, pues Guelatao de Juárez es un referente simbólico y político para los pueblos originarios de la Sierra Juárez, y de México. 

A pesar de la gravedad del caso, las autoridades municipales han encubierto a los agresores, ocultado información relevante, y mintiendo a instituciones gubernamentales para la investigación de los hechos.

Por su parte, las autoridades del estado de Oaxaca han revictimizado, con dilación injustificada de los procesos, ejerciendo de violencia institucional, y discriminación racial ante la ausencia de un enfoque intercultural en el análisis de riesgo, ausencia de protocolos de actuación ante la violencia política por razones de género y raciales; así como dilación en la investigación, protección, y reparación. 

-------- UN CASO EMBLEMÁTICO: UNA OPORTUNIDAD -------

El caso de Miriam evidencia la necesidad urgente de redefinir la violencia política por razones de género, más allá del ámbito partidista, y reconocer que las mujeres indígenas defensoras que acompañan a otras mujeres y ejercen liderazgo comunitario también son sujetas de protección política, y laboral.

Urge una Alerta de Género con enfoque intercultural, que reconozca la diversidad de los pueblos, la persistencia del racismo institucional y los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres indígenas defensoras. Sin la voz de las comunidades, no habrá justicia que transforme.

EXIGIMOS:

PRIMERO: Investigar con debida diligencia los actos de abuso de autoridad, y violencia política denunciados, y sancionar a quienes resulten responsables.

SEGUNDO: Garantizar medidas integrales de protección (individuales y colectivas) para que Miriam pueda continuar su labor sin represalias, incluyendo la coordinación con el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, con enfoque de género e interculturalidad.

TERCERO: Asegurar su participación plena en espacios de decisión comunitaria, evitando que se apliquen usos y costumbres de forma contraria a los derechos humanos de las mujeres (art. 2 constitucional y estándares internacionales).

CUARTO: Capacitar a autoridades locales y comunitarias en violencia política contra las mujeres, debida diligencia reforzada y acceso a la justicia con pertinencia cultural e interseccionalidad.

QUINTO: Garantizar la no repetición, con protocolos claros frente a actos de hostigamiento, difamación, exclusión y represalias contra mujeres indígenas 

SEXTO: Reconocimiento de la violencia política comunitaria que enfrentan las mujeres indígenas defensoras fuera del ámbito electoral, mediante procesos de justicia restaurativa basados en memoria, verdad, reparación y no repetición, para restablecer el tejido social y reconocer el daño ocasionado.

SEPTIMO: A la Secretaría de las Mujeres, garantizar condiciones seguras y derechos laborales plenos para las trabajadoras de los Centros LIBRES, cuya labor implica enfrentar riesgos estructurales derivados del desafío a las normas patriarcales locales.