El envío de carbón desde Colombia hacia Israel es un asunto de extrema preocupación.

Causa impacto en dos frentes que no podemos ignorar: el medio ambiente en nuestro país y la situación humanitaria en Palestina. El decreto propuesto para 2026 que derogaría los decretos 1047 del 14 de agosto de 2024 y 0949 del 28 de agosto de 2025 pondría en marcha nuevamente la exportación de hullas térmicas a Israel, lo que traerá graves consecuencias para nuestro país y para el mundo.

Colombia, con su rica biodiversidad y recursos naturales, enfrenta la amenaza de la degradación ambiental debido a las operaciones de minería y exportación de carbón. La extracción de carbón contribuye a la contaminación del aire y del agua, seca acuíferos vitales y deteriora la salud de las comunidades cercanas a las zonas mineras. Con enfermedades respiratorias en aumento y catástrofes medioambientales en curso, no podemos darnos el lujo de ignorar estos riesgos para nuestra salud y bienestar. A nivel internacional, el carbón colombiano alimentaría el genocidio perpetrado por Israel en Palestina. La venta de este recurso a Israel potencialmente refuerza crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Esto no es ajeno a nosotros; contribuimos negativamente con cada tonelada de carbón que enviamos.

Por eso hacemos el siguiente llamado al gobierno de Colombia.

Esta carta será radicada y enviada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo al recoger las firmas de su ciudadanía: 

Señores 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia 

Asunto: El pueblo colombiano exige firmeza en la suspensión de exportación de carbón hacia países responsables de crímenes contra la humanidad.

El pueblo colombiano, consciente de su soberanía y responsabilidad histórica ante el mundo, se dirige a este Ministerio para exigir que se mantenga con firmeza la suspensión de las exportaciones de carbón hacia Israel; país señalado de cometer genocidio y crímenes contra la humanidad. Esta no es una petición: es un Ilamado al cumplimiento del ordenamiento jurídico colombiano y de los compromisos internacionales que Colombia ha suscrito libremente como nación soberana.

Fundamento jurídico:

La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 9 que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. El artículo 79 consagra el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, y el artículo 80 ordena al Estado planificar el manejo de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible y prevenir los factores de deterioro ambiental. El artículo 95 impone a todo ciudadano, incluido su presidente, el deber de proteger los recursos naturales del país.

La extracción de carbón en La Guajira yel Cesar ha vulnerado sistemáticamente estos mandatos constitucionales, así como los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes reconocidos en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, que exige consulta previa, libre e informada ante cualquier proyecto que afecte sus territorios. 

Colombia es Estado Parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948) y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado mediante la Ley 742 de 2002. Estos instrumentos no solo prohíben cometer genocidio, sino que comprometen a los Estados a no prestar ayuda ni asistencia que contribuya a su perpetración. Exportar un recurso natural que financia directamente la capacidad bélica de un Estado señalado por organismos y tribunales internacionales de cometer actos constitutivos de genocidio compromete la responsabilidad internacional de Colombia bajo el derecho consuetudinario y los Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente llícitos de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU.

Exigimos:

1. Mantener, sin excepción ni condición, la suspensión de exportación de carbón hacia países responsables de crímenes contra la humanidad, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Colombia. Esta suspensión fue ordenada por el decreto 0949 del 28 de agosto de 2025, que modificó el decreto 1047 del 14 de agosto de 2024.

2. Resistir con firmeza cualquier presión diplomática o económica que pretenda anteponer el lucro a la vida humana y a la dignidad de los pueblos, en Colombia, en Palestina y en cualquier parte del mundo.

3. Avanzar hacia una transición energética y comercial justa y soberana que priorice la salud, el territorio y los derechos de las comunidades históricamente afectadas por la minería del carbón, así como el derecho internacional humanitario, teniendo en cuenta las opiniones consultivas de organismos internacionales acerca del genocidio que Israel lleva a cabo en Gaza, y de la Corte Internacional de Justicia sobre la presencia ilegal de Israel en Territorios Palestinos Ocupados.

Colombia no será cómplice. El pueblo colombiano, soberano y consciente, defiende a La Guajira, al Cesar, y a toda la Nación, y exige que el Estado actúe a la altura de sus principios constitucionales y de sus compromisos ante la comunidad internacional.

Atentamente, 
La ciudadanía colombiana
[Espacio para firmas  de individuos y organizaciones]