Las y los ciudadanos del estado de Chihuahua y de todo México no podemos normalizar que existan investigaciones federales relacionadas con la presencia de agentes extranjeros de la CIA operando en territorio mexicano y que, aun así, la gobernadora del estado permanezca en el cargo como si nada estuviera ocurriendo.

La propia Fiscalía General de la República confirmó la apertura de dos carpetas de investigación derivadas del caso ocurrido en la Sierra del Pinal, Chihuahua, donde se confirmó la presencia de ciudadanos estadounidenses presuntamente vinculados a agencias de seguridad de Estados Unidos durante un operativo realizado en territorio nacional. Una de esas investigaciones incluso contempla posibles delitos relacionados con seguridad nacional.

Desde el gobierno federal se ha expresado públicamente que la presencia de agentes extranjeros operando en campo sin autorización federal representa un asunto de extrema gravedad para la soberanía nacional.

En medio de este escándalo, Maru Campos pasó de reconocer la existencia de colaboración vinculada al operativo, a posteriormente negar conocimiento directo y deslindarse de responsabilidades políticas. Paralelamente, el entonces fiscal estatal terminó renunciando tras las revelaciones sobre omisiones e irregularidades en el manejo del caso, luego de cambiar de versión en varias ocasiones.

Separarse del cargo equivale a permitir que una investigación de esta magnitud avance sin interferencias políticas, sin control institucional desde el propio gobierno investigado y sin utilizar el aparato estatal para administrar daños mediáticos o presionar procesos.

Eso ya ocurrió en otros casos recientes. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal para permitir el avance de investigaciones y evitar que la crisis política contaminara institucionalmente el proceso.

Si Rocha Moya pudo separarse temporalmente del cargo mientras avanzaban investigaciones de alto impacto político, ¿por qué Chihuahua debería aceptar estándares más bajos?

Exigimos que las investigaciones federales relacionadas con posibles violaciones a la soberanía nacional puedan avanzar sin que la persona políticamente responsable del gobierno estatal continúe controlando las instituciones involucradas.

Por ello, las y los firmantes exigimos a María Eugenia Campos,  gobernadora del estado de Chihuahua, que solicite separación temporal del cargo mientras la Fiscalía General de la República desarrolla plenamente las investigaciones relacionadas con el caso CIA-Chihuahua.

Firma y exige responsabilidad institucional.