Capacitación para incluir. Herramientas para enseñar. Derechos para aprender.

La Provincia de Buenos Aires dio un paso histórico al sancionar la Ley Provincial 15.556, que establece la capacitación obligatoria, permanente, gratuita y con puntaje en discapacidades, neurodiversidades y diversidades cognitivas para docentes, equipos directivos y personal no docente de todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense.

Sin embargo, la ley fue aprobada y aún no fue reglamentada.

Mientras tanto, miles de estudiantes con autismo y otras neurodiversidades continúan encontrando barreras para ejercer un derecho fundamental: el acceso a una educación inclusiva de calidad.

Todos los días recibimos denuncias de familias cuyos hijos e hijas son evaluados sin respetar sus Proyectos Pedagógicos Individuales (PPI), que son presionados para abandonar escuelas comunes, que no encuentran vacantes cuando son derivados a escuelas especiales o que no pueden acceder a una Maestra de Apoyo a la Inclusión por la falta de recursos y respuestas del sistema.

Al mismo tiempo, docentes, directivos y auxiliares enfrentan el enorme desafío de construir escuelas inclusivas sin contar muchas veces con la formación, las herramientas y el acompañamiento necesarios para hacerlo.

No se puede exigir inclusión sin garantizar capacitación.

No se puede hablar de educación inclusiva mientras las familias siguen peregrinando de escuela en escuela buscando vacantes.

No se puede garantizar el derecho a la educación cuando faltan apoyos, recursos y formación.

Esta situación se vuelve aún más preocupante en el contexto nacional actual, donde las personas con discapacidad y sus familias enfrentan un escenario de incertidumbre, recortes y retrocesos en materia de derechos. Frente a esta realidad, la Provincia de Buenos Aires tiene la oportunidad y la responsabilidad de fortalecer las políticas públicas inclusivas y avanzar con la reglamentación de una ley que ya fue conquistada por las familias, las personas con discapacidad y toda la comunidad educativa.

La educación inclusiva está reconocida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Leyes 26.378 y 27.044), la Ley Nacional de Educación 26.206, la Resolución Provincial 1664/17 y la Resolución CFE 311/16. Sin embargo, los derechos no se garantizan solamente con normas escritas: necesitan decisión política para transformarse en realidad.

Por eso solicitamos  la reglamentación urgente de la Ley 15.556.

Porque capacitar es incluir.

Porque nuestros hijos e hijas tienen derecho a aprender y permanecer en las escuelas.

Porque los docentes necesitan herramientas para enseñar en la diversidad.

Porque una escuela inclusiva beneficia a toda la comunidad educativa.

Porque la inclusión no puede seguir esperando.

✍️ Sumá tu firma y ayudanos a transformar una ley aprobada en un derecho efectivamente garantizado para miles de estudiantes bonaerenses.