En la lucha por la justicia socioambiental y cultural, es imperativo destacar la realidad detrás de lo que se presenta como la "Reserva Santa Fe". Aunque se autodenomine como una reserva, en realidad, opera como una inmobiliaria que, bajo la máscara de la sustentabilidad ambiental, lleva a cabo el despojo territorial y la apropiación cultural de las comunidades originarias del corredor otomí-mexica, situado en parte de la sierra de las cruces.

Este proyecto no solo está construyendo viviendas para personas de alto poder económico, sino que también está privando a las comunidades originarias de su valioso bosque. Las consecuencias futuras de esta acción son alarmantes y abarcan desde la creciente expansión urbana de la Ciudad de México hasta la amenaza de gentrificación en la zona. Además, se traduce en el despojo de tierras comunales y la privatización de extensas áreas boscosas en beneficio de unos pocos privilegiados.

La situación plantea también un riesgo ambiental significativo, ya que la voracidad de la "Reserva Santa Fe" podría contribuir a la degradación del entorno natural.

La violación de los derechos de los pueblos a la libre autodeterminación en sus territorios es evidente, ya que la privatización del bosque crea una brecha socioambiental abismal. En este nuevo escenario, solo aquellos con el poder adquisitivo para comprar tierras en la zona tendrán acceso a aire y agua limpios, mientras que las comunidades originarias quedan marginadas y enfrentan posibles impactos negativos en su calidad de vida.

Es crucial denunciar estas prácticas que amenazan no solo la supervivencia de las comunidades originarias, sino también la integridad de la biodiversidad y el equilibrio ecológico en la región. La "Reserva Santa Fe" representa un ejemplo flagrante de cómo intereses económicos pueden prevalecer sobre la preservación cultural y ambiental, exigiendo una acción urgente para proteger los derechos de las comunidades originarias y salvaguardar nuestro patrimonio natural.