Exigimos igualdad ante la ley y una actuación imparcial de la Justicia
Dirigido a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial

La confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho depende de un principio esencial: que la ley se aplique con el mismo rigor, independencia y objetividad a todos los ciudadanos, sin excepción.

Sin embargo, una parte creciente de la sociedad percibe que determinadas investigaciones reciben una atención judicial y mediática mucho más intensa que otras, generando dudas sobre la existencia de un tratamiento verdaderamente uniforme ante hechos de naturaleza comparable. Con independencia de que dichas percepciones estén o no justificadas, su impacto sobre la confianza pública en las instituciones resulta innegable.

En una democracia avanzada no basta con que la Justicia sea independiente; también debe proyectar una imagen inequívoca de imparcialidad y de igualdad de trato ante la ley.

Por ello, los ciudadanos firmantes solicitamos a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial que velen por la aplicación estricta de los principios de igualdad, objetividad e independencia en todas aquellas actuaciones que afecten a responsables públicos, cargos políticos o personas vinculadas a ellos.

Asimismo, reclamamos que cualquier asunto de relevancia pública que pueda requerir esclarecimiento sea examinado con el mismo nivel de diligencia, transparencia y rigor, con independencia de la posición política, institucional o mediática de las personas afectadas.

En este contexto, consideramos legítimo que se investiguen, cuando proceda y conforme a Derecho, todas aquellas cuestiones que hayan suscitado interés público o controversia en relación con José María Aznar y su entorno familiar, Mariano Rajoy e Isabel Díaz Ayuso y su entorno más cercano, aplicando exactamente los mismos criterios que se emplean en cualquier otro procedimiento de interés público.

Esta petición no pretende señalar culpabilidades ni anticipar conclusiones. Su objetivo es defender un principio básico de cualquier democracia consolidada: que ninguna persona disfrute de privilegios ante la ley y que ninguna quede excluida del escrutinio institucional cuando existan motivos para ello.

La igualdad ante la ley no admite excepciones.

La confianza en nuestras instituciones exige transparencia, imparcialidad y coherencia.

Por todo ello, solicitamos a las instituciones competentes que garanticen una aplicación uniforme de la ley y una actuación plenamente independiente de cualquier consideración política.

Firma esta petición si crees que la Justicia debe actuar con los mismos criterios para todos.