Exigimos aprobar la Iniciativa Ciudadana por la Protección de los Derechos de la Salud
La causa
UNA INVITACIÓN A CONSTRUIR JUNTOS: De la queja a la propuesta
Estimados ciudadanos, senadores y diputados:
El propósito de esta iniciativa no es señalar culpables individuales en el personal médico o administrativo, ni alimentar las divisiones de los partidos políticos. Quienes nos gobiernan van de paso y muchas veces actúan de forma reactiva, pero en gran medida nosotros como ciudadanos tenemos la culpa de que las autoridades actúen de manera aislada porque rara vez participamos activamente para decirles cómo queremos que se hagan las cosas.
Pensemos en una analogía muy clara: si queremos construir una casa y buscamos entre varias constructoras, cada una nos dirá que el diseño que nos van a construir es el mejor. Sin embargo, si al final nos entregan algo que no nos gusta o que no es funcional y simplemente cambiamos de constructora, el resultado será idéntico porque nunca les indicamos con precisión cómo queríamos la distribución de nuestro hogar. Las constructoras acabarán edificando de acuerdo a sus propios intereses. Lo mismo ocurre con nuestro gobierno: si no participamos más y les proponemos un diseño claro y detallado de acuerdo con nuestros intereses, ellos seguirán administrando de espaldas a nuestras prioridades vitales.
Es momento de dejar atrás las manifestaciones que no resuelven nada; es hora de actuar y construir el país que realmente queremos.
Esta propuesta es legal y técnicamente 100% viable en nuestro marco constitucional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 71, fracción IV, establece que los ciudadanos tenemos el derecho formal de presentar iniciativas de ley ante el Congreso si reunimos el respaldo de al menos el 0.13% de la lista nominal de electores. La validez de estas firmas es certificada técnicamente por el Instituto Nacional Electoral (INE), obligando al Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y de Senadores) a discutir y votar la propuesta como cualquier otra ley federal.
Lo que hoy presentamos es una primera propuesta. Para llevarla a cabo, es indispensable conocer primero si la ciudadanía está realmente interesada en defender este derecho fundamental. La recolección de firmas y el crecimiento de nuestra página y grupo de Facebook serán el termómetro de este interés real. Si demostramos que somos miles los interesados, el siguiente paso será crear un Consejo Ciudadano integrado por la sociedad civil para debatir, construir y pulir el texto de la iniciativa final hasta presentarla formalmente ante el Congreso. Esto no es labor de una sola persona, sino de toda la población, porque este país nos pertenece.
EL CALVARIO EN HERMOSILLO: La prueba de la inacción estatal
Para entender la urgencia de esta iniciativa, basta mirar la realidad que enfrentan miles de familias todos los días. En nuestro caso, lo vivimos de cerca con mi cónyuge, Claudia Ivonne N. (Expediente 19257.11), diagnosticada con hernia de disco lumbar entre las vértebras L4 y L5 (hernia discal L4-S1 con radiculopatía bilateral y estenosis foraminal). Esta patología le ha provocado una discapacidad motora grave permanente del 70.8%, certificada oficialmente por el propio Hospital General del Estado de Sonora en Hermosillo, lo cual limita de forma severa su movilidad, su marcha y el desarrollo de sus actividades cotidianas básicas.
A pesar de la gravedad certificada de su discapacidad, el Hospital General en Hermosillo, Sonora, ha programado y autorizado su cirugía en tres ocasiones distintas:
19 de junio de 2023: Primer pase autorizado para la cirugía de "Discoplastia + Bioplastia L4-L5". Cancelada bajo el pretexto de que "no había material".
8 de julio de 2025: Segundo pase autorizado, tras tener que repetir todos los análisis preoperatorios que perdieron vigencia debido al tiempo de espera. Cancelada otra vez.
15 de mayo de 2026: Tercer pase autorizado, tras otra ronda repetitiva de estudios médicos vencidos. Tampoco se realizó.
Los pretextos institucionales siempre son los mismos: falta de material, cambios de proveedor, falta de equipo o de quirófanos. Mientras tanto, el sistema de salud incurre en un gasto repetitivo e inútil de recursos públicos al programar una y otra vez consultas y estudios preoperatorios que caducan en la espera. Sale más barata la operación que todo este gasto inútil. El retraso sistemático y el "dar vueltas" a un paciente sin resolverle de fondo constituye una inacción cualificada inhumana que nos deja sin opciones y nos puede costar hasta la vida.
NUESTRA ARMA: "Judo Legal" basado en las propias reglas del Estado
Esta iniciativa es un ejercicio de judo legal en su estado más puro. No estamos inventando el hilo negro ni pidiendo favores extraordinarios; estamos utilizando el peso, las reglas y la mismísima lógica burocrática que el Estado diseñó y defiende para regular la televisión para aplicarlos de manera idéntica a la salud pública.
Exigimos la aprobación de esta propuesta porque está diseñada bajo las mismas consideraciones y términos que la ley de telecomunicaciones:
Rigor de Televisión vs. Desamparo en Salud: El gobierno destina presupuestos masivos para vigilar que las televisoras muestren la letra "P" de publicidad durante al menos 5 segundos continuos en pantalla. Si cometen un error técnico de grafismo, se les aplican multas implacables del 0.01% al 1% de sus ingresos anuales acumulables. Exigimos aplicar estos mismos términos (Multas Espejo del 0.01% al 1% del presupuesto anual) al hospital público que incurra en la omisión de retrasar injustificadamente una cirugía.
Defensores Ciudadanos de la Salud: Así como la ley de medios obliga a registrar y publicar la figura de una "Persona Defensora de las Audiencias" para procesar quejas en un plazo estricto de 20 días, exigimos que bajo los mismos términos se implementen Supervisores 100% Ciudadanos e independientes dentro de cada hospital para defender a los pacientes.
Inacción Cualificada: Tipificar formalmente el "vuelva usted mañana" y las cancelaciones injustificadas como faltas administrativas sancionables, tal como se sanciona el omitir plecas o sonidos en la televisión.
Testigos Técnicos de Salud: Documentar formalmente las omisiones utilizando evidencia física objetiva, como recetas oficiales caducadas por falta de stock o bitácoras de cirugías diferidas.
Fondo de Corrección Directa: Para evitar que las multas se pierdan en la burocracia general, el dinero recaudado de los hospitales omisos se blindará en un fondo exclusivo para pagar de inmediato la cirugía del paciente en un hospital privado o surtir sus recetas si el sector público falla.
Juicio de Amparo por Omisión: Si la autoridad desacata la sanción, el supervisor activará el amparo federal, donde un juez podrá ordenar la destitución inmediata o consecuencias penales graves por desacato.
El dilema para el Estado es ineludible: si los legisladores o el gobierno argumentan que estas multas y defensores ciudadanos son excesivos, imprácticos o inviables para los hospitales, estarían admitiendo públicamente que sus propias reglas para regular una pantalla de televisión también lo son. Si son viables para la televisión, son obligatorias para salvar vidas.
¿CÓMO PODEMOS PARTICIPAR?
Para consolidar el interés en esta primera propuesta y avanzar hacia la creación de nuestro Consejo Ciudadano, te pedimos realizar estas dos acciones:
Firma esta petición en Change.org para registrar tu apoyo e ir construyendo el respaldo que la Constitución exige para presentar la iniciativa.
Súmate a nuestras comunidades en Facebook para organizar el movimiento:
📢 Síguenos en la página de Facebook FT Salud (https://www.facebook.com/ftsalud) para conocer los avances de la iniciativa, análisis legales y las fechas de organización de nuestro Consejo Ciudadano.
👥 Únete al grupo de Facebook FT Salud - Historias (https://www.facebook.com/groups/ftsaludhistorias) para compartir tu caso de retraso en cirugía, desabasto o mala atención. ¡Tus recetas oficiales caducadas y pases de cirugía cancelados son los "testigos técnicos" que nos darán la fuerza jurídica para exigir el cambio!
¡Es hora de actuar y construir el país que merecemos!
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La causa
UNA INVITACIÓN A CONSTRUIR JUNTOS: De la queja a la propuesta
Estimados ciudadanos, senadores y diputados:
El propósito de esta iniciativa no es señalar culpables individuales en el personal médico o administrativo, ni alimentar las divisiones de los partidos políticos. Quienes nos gobiernan van de paso y muchas veces actúan de forma reactiva, pero en gran medida nosotros como ciudadanos tenemos la culpa de que las autoridades actúen de manera aislada porque rara vez participamos activamente para decirles cómo queremos que se hagan las cosas.
Pensemos en una analogía muy clara: si queremos construir una casa y buscamos entre varias constructoras, cada una nos dirá que el diseño que nos van a construir es el mejor. Sin embargo, si al final nos entregan algo que no nos gusta o que no es funcional y simplemente cambiamos de constructora, el resultado será idéntico porque nunca les indicamos con precisión cómo queríamos la distribución de nuestro hogar. Las constructoras acabarán edificando de acuerdo a sus propios intereses. Lo mismo ocurre con nuestro gobierno: si no participamos más y les proponemos un diseño claro y detallado de acuerdo con nuestros intereses, ellos seguirán administrando de espaldas a nuestras prioridades vitales.
Es momento de dejar atrás las manifestaciones que no resuelven nada; es hora de actuar y construir el país que realmente queremos.
Esta propuesta es legal y técnicamente 100% viable en nuestro marco constitucional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 71, fracción IV, establece que los ciudadanos tenemos el derecho formal de presentar iniciativas de ley ante el Congreso si reunimos el respaldo de al menos el 0.13% de la lista nominal de electores. La validez de estas firmas es certificada técnicamente por el Instituto Nacional Electoral (INE), obligando al Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y de Senadores) a discutir y votar la propuesta como cualquier otra ley federal.
Lo que hoy presentamos es una primera propuesta. Para llevarla a cabo, es indispensable conocer primero si la ciudadanía está realmente interesada en defender este derecho fundamental. La recolección de firmas y el crecimiento de nuestra página y grupo de Facebook serán el termómetro de este interés real. Si demostramos que somos miles los interesados, el siguiente paso será crear un Consejo Ciudadano integrado por la sociedad civil para debatir, construir y pulir el texto de la iniciativa final hasta presentarla formalmente ante el Congreso. Esto no es labor de una sola persona, sino de toda la población, porque este país nos pertenece.
EL CALVARIO EN HERMOSILLO: La prueba de la inacción estatal
Para entender la urgencia de esta iniciativa, basta mirar la realidad que enfrentan miles de familias todos los días. En nuestro caso, lo vivimos de cerca con mi cónyuge, Claudia Ivonne N. (Expediente 19257.11), diagnosticada con hernia de disco lumbar entre las vértebras L4 y L5 (hernia discal L4-S1 con radiculopatía bilateral y estenosis foraminal). Esta patología le ha provocado una discapacidad motora grave permanente del 70.8%, certificada oficialmente por el propio Hospital General del Estado de Sonora en Hermosillo, lo cual limita de forma severa su movilidad, su marcha y el desarrollo de sus actividades cotidianas básicas.
A pesar de la gravedad certificada de su discapacidad, el Hospital General en Hermosillo, Sonora, ha programado y autorizado su cirugía en tres ocasiones distintas:
19 de junio de 2023: Primer pase autorizado para la cirugía de "Discoplastia + Bioplastia L4-L5". Cancelada bajo el pretexto de que "no había material".
8 de julio de 2025: Segundo pase autorizado, tras tener que repetir todos los análisis preoperatorios que perdieron vigencia debido al tiempo de espera. Cancelada otra vez.
15 de mayo de 2026: Tercer pase autorizado, tras otra ronda repetitiva de estudios médicos vencidos. Tampoco se realizó.
Los pretextos institucionales siempre son los mismos: falta de material, cambios de proveedor, falta de equipo o de quirófanos. Mientras tanto, el sistema de salud incurre en un gasto repetitivo e inútil de recursos públicos al programar una y otra vez consultas y estudios preoperatorios que caducan en la espera. Sale más barata la operación que todo este gasto inútil. El retraso sistemático y el "dar vueltas" a un paciente sin resolverle de fondo constituye una inacción cualificada inhumana que nos deja sin opciones y nos puede costar hasta la vida.
NUESTRA ARMA: "Judo Legal" basado en las propias reglas del Estado
Esta iniciativa es un ejercicio de judo legal en su estado más puro. No estamos inventando el hilo negro ni pidiendo favores extraordinarios; estamos utilizando el peso, las reglas y la mismísima lógica burocrática que el Estado diseñó y defiende para regular la televisión para aplicarlos de manera idéntica a la salud pública.
Exigimos la aprobación de esta propuesta porque está diseñada bajo las mismas consideraciones y términos que la ley de telecomunicaciones:
Rigor de Televisión vs. Desamparo en Salud: El gobierno destina presupuestos masivos para vigilar que las televisoras muestren la letra "P" de publicidad durante al menos 5 segundos continuos en pantalla. Si cometen un error técnico de grafismo, se les aplican multas implacables del 0.01% al 1% de sus ingresos anuales acumulables. Exigimos aplicar estos mismos términos (Multas Espejo del 0.01% al 1% del presupuesto anual) al hospital público que incurra en la omisión de retrasar injustificadamente una cirugía.
Defensores Ciudadanos de la Salud: Así como la ley de medios obliga a registrar y publicar la figura de una "Persona Defensora de las Audiencias" para procesar quejas en un plazo estricto de 20 días, exigimos que bajo los mismos términos se implementen Supervisores 100% Ciudadanos e independientes dentro de cada hospital para defender a los pacientes.
Inacción Cualificada: Tipificar formalmente el "vuelva usted mañana" y las cancelaciones injustificadas como faltas administrativas sancionables, tal como se sanciona el omitir plecas o sonidos en la televisión.
Testigos Técnicos de Salud: Documentar formalmente las omisiones utilizando evidencia física objetiva, como recetas oficiales caducadas por falta de stock o bitácoras de cirugías diferidas.
Fondo de Corrección Directa: Para evitar que las multas se pierdan en la burocracia general, el dinero recaudado de los hospitales omisos se blindará en un fondo exclusivo para pagar de inmediato la cirugía del paciente en un hospital privado o surtir sus recetas si el sector público falla.
Juicio de Amparo por Omisión: Si la autoridad desacata la sanción, el supervisor activará el amparo federal, donde un juez podrá ordenar la destitución inmediata o consecuencias penales graves por desacato.
El dilema para el Estado es ineludible: si los legisladores o el gobierno argumentan que estas multas y defensores ciudadanos son excesivos, imprácticos o inviables para los hospitales, estarían admitiendo públicamente que sus propias reglas para regular una pantalla de televisión también lo son. Si son viables para la televisión, son obligatorias para salvar vidas.
¿CÓMO PODEMOS PARTICIPAR?
Para consolidar el interés en esta primera propuesta y avanzar hacia la creación de nuestro Consejo Ciudadano, te pedimos realizar estas dos acciones:
Firma esta petición en Change.org para registrar tu apoyo e ir construyendo el respaldo que la Constitución exige para presentar la iniciativa.
Súmate a nuestras comunidades en Facebook para organizar el movimiento:
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👥 Únete al grupo de Facebook FT Salud - Historias (https://www.facebook.com/groups/ftsaludhistorias) para compartir tu caso de retraso en cirugía, desabasto o mala atención. ¡Tus recetas oficiales caducadas y pases de cirugía cancelados son los "testigos técnicos" que nos darán la fuerza jurídica para exigir el cambio!
¡Es hora de actuar y construir el país que merecemos!
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Petición creada en 16 de agosto de 2026