Petition Closed
Petitioning medidasregulatoriaselectricidad@cne.es

Exige una auditoría ciudadana que dictamine la legitimidad del déficit de tarifa

El 27 de enero de 2012 la Comisión Nacional de la Energía (CNE, ente regulador del mercado eléctrico) recibió el encargo del Gobierno de elaborar un informe sobre las medidas a tomar para atajar el crecimiento del déficit tarifario, cuya deuda acumulada hasta el final de 2011 ronda la desorbitada cifra de 24.000 millones de euros (más de un 2% del PIB español). Por su parte, antes de elaborar ese informe, la CNE ha decidido abrir una consulta pública para recoger las opiniones de los agentes interesados. Dado que el pago de esta cantidad recae sobre todos los consumidores de electricidad, entendemos que esta cuestión afecta al interés general de toda la sociedad. El déficit de tarifa, una deuda que los consumidores han contraído con las mayores empresas eléctricas (principalmente Iberdrola, Endesa y Gas Natural), viene siendo objeto de un discurso simplista y a menudo interesado por parte del Gobierno y medios de comunicación afines, que se limitan a atribuirlo al coste de las energías renovables. Sin embargo, a la sociedad no se le ha explicado que el déficit ha surgido en el proceso de privatización del mercado eléctrico que se inició en 1998. Actualmente el Gobierno no regula el precio de la electricidad sino que éste es fijado en un mercado oligopólico donde las empresas que venden y compran energía son, en la práctica, las mismas, y tienen un enorme poder de influencia sobre el precio resultante. Este proceso de privatización se ha llevado a cabo sin contar con la ciudadanía y ha conducido a un mercado cuyo funcionamiento es totalmente opaco para la sociedad. Existen dentro del mismo muchos mecanismos que son responsables de la subida del precio de la electricidad y del déficit de tarifa: las primas a fuentes de energía emisoras de CO2 como carbón y gas natural (pagos por capacidad), la anulación anticipada de los Costes de Transición a la Competencia (por la que se estima que las eléctricas deberían devolver 4.000 millones de euros), los ingentes beneficios de centrales hidroeléctricas y nucleares que ya están amortizadas, o los mercados de futuros de electricidad en los que entidades financieras obtienen cuantiosos dividendos (subastas CESUR). La suma de estos mecanismos, sospechosos para la CNE de haber sido manipulados en varias ocasiones durante la última década, conllevan un elevado coste y carecen de los beneficios que las primas a las renovables aportan al sistema de generación eléctrica: disminución de emisiones de CO2 y de importaciones de combustibles fósiles; y, más genéricamente, ser la piedra angular de la inexorable transformación del modelo energético. Es por tanto un error eliminar estas primas acusándolas de ser las responsables del déficit de tarifa. En todo caso, nos parece indignante que sean precisamente las empresas eléctricas –un oligopolio que, desde la privatización y a pesar de la crisis, no ha dejado en ningún momento de anunciar beneficios desproporcionados– las que reclamen al Estado unas supuestas pérdidas que superan el 6% de los Presupuestos Generales (una cantidad comparable a todos los recortes realizados por el último Gobierno del PSOE o al primer gran recorte del PP). La propia CNE ha sugerido recientemente la necesidad de revisar la deuda sin descartar la aplicación de quitas parciales, lo que ha provocado el rechazo unánime de la patronal eléctrica, UNESA. En resumen, creemos que antes de discutir los mecanismos técnicos para reducir el déficit de tarifa, los ciudadanos debemos reclamar que se abra un debate social amplio sobre el origen y la legitimidad de esta deuda. Para ello, queremos aprovechar la consulta convocada por la CNE para exigir al Gobierno que una auditoría ciudadana, compuesta por observadores independientes procedentes de todos los ámbitos de la sociedad, analice en detalle el proceso de endeudamiento y determine la legitimidad del déficit de tarifa.

Letter to
medidasregulatoriaselectricidad@cne.es
Estimados señores de la CNE:

En primer lugar, permítanme aplaudir su iniciativa de convocar una consulta pública, solicitando la colaboración ciudadana para un asunto tan relevante como es el déficit de tarifa. Es una medida desgraciadamente desacostumbrada en estos tiempos en que la participación democrática en los asuntos públicos se va viendo más y más limitada.

A pesar de ello, creo que la consulta resulta insuficiente tal y como está planteada puesto que, al limitarse a solicitar propuestas técnicas o normativas, no aborda la raíz del problema. El déficit de tarifa ha sido el resultado de un proceso de privatización realizado de espaldas a la ciudadanía, que en lugar de hacer disminuir el precio de la electricidad –resultado de la supuesta eficiencia de la gestión privada– ha causado al Estado una deuda que supera hoy el 2% del PIB de nuestro país. El impacto social que supondría la amortización total del déficit –ya sea desde los Presupuestos Generales, ya sea mediante subidas de tarifa– hace que este problema rebase la esfera puramente técnica de la gestión del mercado eléctrico.

Así pues, creo que es necesario abrir un debate social amplio, profundo y transparente en el que se examinen detenidamente las decisiones políticas que han llevado a la situación actual, incluyendo la liberalización del mercado que ha dejado el precio de la electricidad en manos de las grandes empresas eléctricas de este país (Iberdrola, Endesa y Gas Natural), la anulación anticipada de los Costes de Transición a la Competencia que ha redundado en enormes beneficios para estas empresas, el establecimiento de mercados de futuros (como las subastas CESUR) que aumentan considerablemente el coste de la electricidad, la decisión de subvencionar la producción de electricidad mediante carbón o la de anular las primas a las energías renovables entre muchas otras decisiones bastante discutibles.

Por todo lo anterior, les pido que en el informe que les ha requerido el Ministerio de Industria, Energía y Turismo transmitan al Gobierno la necesidad de someter la cuestión a una auditoría ciudadana en la que, antes de entrar en los detalles técnicos, se analice y decida la legitimidad de esta deuda.

Muchas gracias por su atención. Quedo a la espera de su respuesta.

Reciba un cordial saludo.