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Petitioning José Ignacio Echaniz Salgado

Exige a la Junta de Castilla-La Mancha que garantice la aplicación de la Ley del Aborto

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Ante el conflicto abierto por la denuncia del convenio de colaboración con las clínicas de Aborto por el impago de las prestaciones. Ante el anuncio realizado por las Clínicas de aborto en relación con la ruptura del convenio con el Servicio de Salud de la Comunidad de Castilla-La Mancha, las organizaciones de mujeres de la Red Feminista contra la violencia de género, las organizaciones de planificación familiar y otras organizaciones sociales abajo firmantes, queremos manifestar nuestra preocupación por el grave riesgo de desprotección hacia las mujeres que esta situación puede generar en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Recordamos a las diferentes instituciones implicadas y a toda la opinión pública que la interrupción voluntaria del embarazo, en los términos legalmente establecidos, es una prestación incluida dentro del sistema público de salud, que debe estar garantizada en cualquier caso. También recordamos que los convenios que las administraciones públicas competentes en la materia, las comunidades autónomas, establecen con clínicas privadas no son más que un mecanismo de ejecución de esta obligación de cobertura a través de los dispositivos públicos de salud, derivando de esta forma una atención que siempre hemos creído debería realizarse prioritariamente en los hospitales públicos, tal y como figura en las reivindicaciones que sobre este tema han realizado nuestras organizaciones desde hace muchos años. Entendemos que, si estos mecanismos de derivación, no pueden asumir la cobertura de esta prestación pública, deberán ser los Hospitales públicos quienes las realicen, estableciendo para ello los mecanismos necesarios para restablecer en el menor plazo posible las garantías relacionada con los derechos que en materia de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, están establecidos en la Ley 2/2010 de Salud Sexual, Derechos Reproductivos e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Por esta razón exigimos a los departamentos autonómicos competentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la mayor diligencia para resolver esta situación de forma urgente, prioritariamente habilitando la atención desde los hospitales públicos y/o, en su defecto, garantizando el buen funcionamiento de los convenios que garantizan la prestación dentro del sistema público de salud de la interrupción voluntaria del embarazo, antes de que puedan producirse daños graves sobre los derechos de las mujeres. Así mismo, exigimos al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que ponga en marcha los mecanismos necesarios para la supervisión de este proceso, utilizando para ello los instrumentos de la Alta Inspección Médica previstos en la citada Ley.
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José Ignacio Echaniz Salgado
Ante el conflicto abierto por la denuncia del convenio de colaboración con las clínicas de Aborto por el impago de las prestaciones.

Ante el anuncio realizado por las Clínicas de aborto en relación con la ruptura del convenio con el Servicio de Salud de la Comunidad de Castilla-La Mancha, las organizaciones de mujeres de la Red Feminista contra la violencia de género, las organizaciones de planificación familiar y otras organizaciones sociales abajo firmantes, queremos manifestar nuestra preocupación por el grave riesgo de desprotección hacia las mujeres que esta situación puede generar en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

Recordamos a las diferentes instituciones implicadas y a toda la opinión pública que la interrupción voluntaria del embarazo, en los términos legalmente establecidos, es una prestación incluida dentro del sistema público de salud, que debe estar garantizada en cualquier caso. También recordamos que los convenios que las administraciones públicas competentes en la materia, las comunidades autónomas, establecen con clínicas privadas no son más que un mecanismo de ejecución de esta obligación de cobertura a través de los dispositivos públicos de salud, derivando de esta forma una atención que siempre hemos creído debería realizarse prioritariamente en los hospitales públicos, tal y como figura en las reivindicaciones que sobre este tema han realizado nuestras organizaciones desde hace muchos años.

Entendemos que, si estos mecanismos de derivación, no pueden asumir la cobertura de esta prestación pública, deberán ser los Hospitales públicos quienes las realicen, estableciendo para ello los mecanismos necesarios para restablecer en el menor plazo posible las garantías relacionada con los derechos que en materia de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, están establecidos en la Ley 2/2010 de Salud Sexual, Derechos Reproductivos e Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Por esta razón exigimos a los departamentos autonómicos competentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la mayor diligencia para resolver esta situación de forma urgente, prioritariamente habilitando la atención desde los hospitales públicos y/o, en su defecto, garantizando el buen funcionamiento de los convenios que garantizan la prestación dentro del sistema público de salud de la interrupción voluntaria del embarazo, antes de que puedan producirse daños graves sobre los derechos de las mujeres. Así mismo, exigimos al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que ponga en marcha los mecanismos necesarios para la supervisión de este proceso, utilizando para ello los instrumentos de la Alta Inspección Médica previstos en la citada Ley.