Los abajo firmantes, en representación de las instituciones académicas y gremiales del sector Cultura, investigadores, usuarios y la sociedad civil, nos dirigimos a los ciudadanos, al gobierno central, el Congreso de la República, Poder Judicial y Defensoría del Pueblo, para manifestar lo siguiente:

1 Al tomar conocimiento por información interna del Archivo General de la Nación (AGN), reiterar nuestro firme rechazo técnico y patriótico a la prosecución de las gestiones que realiza en coordinación con el Ministerio de Cultura, tras suscribir el 11 de abril un inédito acuerdo con el Poder Judicial, para trasladar a un depósito industrial en el Callao los 26.533 metros lineales de los valiosos archivos Republicano y Notarial conservados en la sede Palacio de Justicia. El depósito en mención no reúne las exigencias técnicas establecidas en la doctrina, las normas internacionales y la normatividad interna del AGN. 

2 La argumentación dolosa de las citadas autoridades es reprobable, porque pretende justificar la ubicación e instalación de los citados archivos en una zona de alto riesgo sísmico y de tsunami, como indica el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI: 2017). Asimismo, porque los expone a su destrucción material dado el alto grado de humedad del puerto, las sales transportadas por la brisa marina y la alta contaminación del aire debido a la proximidad del local al potenciado aeropuerto internacional “Jorge Chávez”, en una zona industrial y almacenera con alto tránsito pesado contaminante. Otro tanto debemos señalar por sus precarias instalaciones. Se agrega a ello el riesgo de la merma de los archivos Republicano y Notarial dado que, en su mayor parte, carece de inventarios a nivel de pieza documental, factor que facilita los robos e impiden su recuperación.

3 Las descritas amenazas potenciales han quedado plenamente expuestas y ejemplificadas en diversos documentos dirigidos a las autoridades y comparecencias en medios de difusión y exposiciones técnicas ante la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República. Es necesario señalar que toda decisión política, incluso motivada por un mandato judicial, debe garantizar la consideración técnica dirigida a la protección de nuestro acervo archivístico.

4 Como peruanos observantes del ordenamiento legal, señalamos que las autoridades no tienen derecho de disponer irresponsablemente del Patrimonio Documental de la Nación, que es fundamento de nuestra identidad colectiva y de los derechos ciudadanos, testimonios esenciales en la lucha contra la corrupción y la toma de decisiones para el buen gobierno. Prevenimos a las autoridades que serían responsables administrativa y legalmente de toda afectación que resultase de tal decisión; y, sumado a ello, por el uso inadecuado del erario público; al igual que, en otro orden de cosas, el desmembramiento de los archivos y su adscripción a dos ministerios.

5 Deploramos que el anuncio de la venida de una comisión internacional de expertos de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA), convocada por el propio Ministerio de Cultura y el AGN, haya sido luego desestimada, literalmente, bajándola del avión, para evitar un informe desfavorable, al percatarse de que ninguna comisión internacional podría contradecir los principios rectores de la gestión del patrimonio archivístico mundial promovida por el Consejo Internacional de Archivos y la UNESCO.

6 Preocupa, por otro lado, que la ministra de Cultura, Leslie Urteaga Peña, haya declarado el 13 de junio pasado, ante un reconocido medio de difusión, estar coordinando “otras alternativas” en conjunto con el AGN. Sin embargo, hasta la fecha no ha informado nada al respecto, a punto de cumplirse el plazo acordado para el inicio del supuesto traslado durante el mes de agosto. En cuanto toca al Poder Judicial, también preocupa que no responda al pedido de reunión de UNASSE-ASC-SITAGN, así como al tenor del Acuerdo de la V Mesa de Trabajo organizada por la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República del pasado día 3 del presente mes.  

7 Por igual, que ante el demoledor Informe de Control Simultáneo de la Oficina de Control Interno del AGN, N° 011-2024-OCI/0308-SVC, sobre la visita al comentado depósito, las autoridades AGN no hayan absuelto las “cuatro (4) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso”, lo que además implica gastar 12 millones de soles en un alquiler por contratación directa.

8 Es inadmisible que el Poder Ejecutivo, a través del citado ministerio y del Poder Judicial, infrinjan la obligación constitucional de proteger el Patrimonio Documental de la Nación (Art.21°) y la Ley General del Patrimonio Documental de la Nación (Art. V), y que, sin el exigido decoro, ello ocurra en el marco de la conmemoración del bicentenario de la consolidación de la independencia de nuestra patria y de América en los campos de Junín y Ayacucho.

9 Lamentamos estar ante la reedición de un Estado que se niega a escuchar a sus ciudadanos –conducta propia del “Estado empírico”, antitécnico e ineficiente cuestionado por Jorge Basadre– a lo largo de la historia republicana, mostrándose solo interesado en responder a los intereses individuales de su clase política y a los grupos de poder, regularmente de espaldas a la nación peruana. 

10 Preocupados por esta absurda situación, y bien dispuestos a contribuir a elevar el nivel de gestión del Archivo General de la Nación, que supone solucionar un problema básico como la construcción de su sede central conforme a la doctrina y las normas internacionales estandarizadas, los suscritos han cursado una carta el 22 de abril del presente año a la señora presidente constitucional de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, a través de su Despacho Presidencial (Registro 240007285), en busca de una reunión cordial y propositiva para plantear la alternativa técnica para la toma de una urgente decisión política. 

11 La primera mandataria, al igual que la ministra de Cultura, conocen el tenor de esta carta, y dado que la señora presidente ha manifestado el día 17 del presente la voluntad de diálogo del gobierno, y en la seguridad de que comprende quiénes somos sus interlocutores, le reiteramos el pedido de reunirnos conjuntamente con la citada ministra; solicitud extensiva al señor presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, ya comunicado personalmente por la congresista de la República Gladis Echaíz Núñez-Ízaga. En respuesta, el primer ministro se ha comprometido a atender este importante tema; y a como marchan las cosas, solo esperamos que se concrete.

Los abajo firmantes agradecemos la adhesión y aliento expresado por la ciudadanía, los archivos regionales, los medios de difusión, y la comunidad académica y técnica internacional, expresada con su adhesión al comunicado “#AGN no se va” (7571 firmas). Y a nuestros compatriotas les manifestamos que seguiremos firmes en esta justa lucha hasta que el Estado comprenda que el Patrimonio Documental de la Nación, de carácter único e irremplazable, además de lo señalado, juega un papel esencial en el desarrollo de las sociedades democráticas.

Lima, 22 de julio de 2024