ESCUELA PROA SAN PEDRO
Queremos hacer pública nuestra profunda preocupación ante la notificación recibida, mediante la cual se informa que a partir del ciclo lectivo 2026 se cerrará definitivamente la matrícula para Primer Año “B”, decisión que da inicio al progresivo cierre de las divisiones de 1° a 5° año de nuestra institución.
Esta determinación, que depende del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, genera una enorme incertidumbre y alarma en toda la comunidad, ya que San Pedro y las localidades vecinas no cuentan con alternativas reales para garantizar el acceso al nivel secundario. Sabemos que en Villa Dolores los establecimientos educativos ya no disponen de vacantes, y que muchas familias de nuestra zona enfrentan carencias económicas, sociales y de transporte que les impiden trasladar a sus hijos a otras localidades.
En el ciclo lectivo 2025 egresan aproximadamente 100 estudiantes netos de las escuelas primarias de San Pedro, a los que se suman jóvenes de El Bordo, Los Callejones, La Cortadera, Villa Sarmiento y Sauce Arriba. Frente a este escenario, nos preguntamos:
¿Dónde queda el futuro de nuestros jóvenes sanpedrinos y de los pueblos vecinos?
¿Dónde quedan las promesas de inclusión, identidad y arraigo territorial?
¿Dónde se garantizan los derechos de niñas, niños y adolescentes?
La educación es un derecho fundamental en la Argentina, consagrado en la Ley de Educación Nacional N.º 26.206, cuyo Artículo 2° establece que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”. Asimismo, la Constitución Nacional, en su Artículo 14, garantiza el derecho de enseñar y aprender.
En el marco del sistema federal, es el Estado Provincial —a través del Ministerio de Educación de Córdoba— quien tiene la responsabilidad indelegable de planificar, sostener y garantizar la educación obligatoria, asegurando igualdad de oportunidades y condiciones reales de acceso y permanencia para todos los estudiantes, especialmente en zonas rurales y del interior provincial.
Avanzar en el cierre de la matrícula y de divisiones vulnera estos derechos, profundiza las desigualdades y deja a cientos de adolescentes sin una respuesta concreta para continuar sus trayectorias educativas.