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Petitioning Secretario de Gobernacion Miguel Angel Osorio Chong and 6 others

Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila Villegas: Alto al hostigamiento y detenciones arbitrarias de defensorxs del Bosque

Desde el 2007 la comunidad Otomí San Francisco Xochicuautla se ha opuesto a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca mediante diversos mecanismos legales, políticos y sociales, todos pacíficos. Lo que se sabe, a pesar de que no se ha presentado el proyecto a la comunidad, es que este proyecto afectará al Parque Otomí-Mexica junto con 25 km de tierra comunal y cerca de 3 km de propiedad privada.

Anteriormente la comunidad Otomí ya había sido hostigada y amenazada, sin embargo, el pasado domingo 12 de mayo de 2013 decenas de policías ministeriales y granaderos sitiaron a la comunidad y patrullas ministeriales se mantuvieron en las afueras de los hogares de las personas que más activamente se han manifestado en contra de la imposición de la Autopista. El mismo día, personal de la SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO, visitó a los líderes del Frente De Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, advirtiéndoles que no se presentaran a la Asamblea del Ejido de San Francisco Xochicuautla que se realizaría el día siguiente, ya que de hacerlo “podría haber consecuencias”.

El lunes 13 de mayo de 2013 se realizó de manera ilegal la mencionada Asamblea; policías y granaderos federales, estatales y municipales se encargaron de cercar el lugar para no permitir el acceso más que a ciertos comuneros que ya habían acordado vender las tierras a través de un convenio firmado el 11 de noviembre de 2011, en el cual aceptaban el pago de 160 pesos por metro cuadrado a cada afectado y 40 mil pesos a cada comunero.

HECHOS

 

El martes 14 de mayo del años 2013 a las 8 AM entró maquinaria propiedad de la empresa Autobahn S.A. de C.V. la cual tiene la concesión de la construcción carretera, al terreno que conforma parte de las propiedades privadas, ocasionando un enfrentamiento entre pobladores de la comunidad Otomí San Francisco Xochicuautla y los personal de la empresa, culminando con la detención de once personas, en su mayoría mujeres: Silvia Domínguez Martínez de 49 años, Basilia Pérez de la Cruz de 54 años, Meliton Ortega Villavicencio de 55 años, Zaret Ortega Pérez de 20 años, Jesús Esteban Ramírez de 62 años, Francisco Flores Gutiérrez de 48 años, Rosa Santos Bermúdez de 68 años, Lidia Gutiérrez Santos de 32 años, Hilda Gutiérrez Santos de 29 años, Octavio Morales Alfaro de 42 años y Margarita Hernández Mejía quienes fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ubicada en José María Morelos oriente 1300 San Sebastián, 50090 Toluca de Lerdo, Estado de México bajo cargos aun desconocidos.

Por lo anteriormente expuesto el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero hace un llamado urgente a las autoridades federales y estatales con fundamento en los artículos 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y demás legislación nacional e internacional aplicable solicitando que retiren inmediatamente a los efectivos que en este momento se encuentran hostigando a la comunidad, a quienes responsabilizamos por los daños a la integridad física y/o psicológica que las personas detenidas y demás miembros de la comunidad puedan sufrir, así como exigimos el apego al debido proceso para las personas detenidas y su inmediata liberación.

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Contacto(s)
Itzia Miravete: 5534656139 (Coordinadora del Área de Asesoría y Canalización)
cdhzl.asesoria@gmail.com
cdhzeferinoladrillero@gmail.com

accion urgente San Francisco

Letter to
Secretario de Gobernacion Miguel Angel Osorio Chong
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ENRIQUE PEÑA NIETO
Procurador Federal de Protección al Ambiente Francisco Alejandro Moreno Merino
and 4 others
Gobernador Constitucional del Estado de México Eruviel Ávila Villegas
Procurador General de Justicia del Estado de México Miguel Ángel Contreras Nieto
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales Juan José Guerra Abud
Comisión Nacional de Seguridad Manuel Isidoro Mondragon y Kalb
El martes 14 de mayo del años 2013 a las 8 AM entró maquinaria propiedad de la empresa Autobahn S.A. de C.V. la cual tiene la concesión de la construcción carretera, al terreno que conforma parte de las propiedades privadas, ocasionando un enfrentamiento entre pobladores de la comunidad Otomí San Francisco Xochicuautla y los personal de la empresa, culminando con la detención de once personas, en su mayoría mujeres: Silvia Domínguez Martínez de 49 años, Basilia Pérez de la Cruz de 54 años, Meliton Ortega Villavicencio de 55 años, Zaret Ortega Pérez de 20 años, Jesús Esteban Ramírez de 62 años, Francisco Flores Gutiérrez de 48 años, Rosa Santos Bermúdez de 68 años, Lidia Gutiérrez Santos de 32 años, Hilda Gutiérrez Santos de 29 años, Octavio Morales Alfaro de 42 años y Margarita Hernández Mejía quienes fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ubicada en José María Morelos oriente 1300 San Sebastián, 50090 Toluca de Lerdo, Estado de México bajo cargos aun desconocidos.

Por lo anteriormente expuesto solicito urgentemente a las autoridades federales y estatales con fundamento en los artículos 1,2,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,18,19,20,21,22 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y demás legislación nacional e internacional aplicable que retiren inmediatamente a los efectivos que en este momento se encuentran hostigando a la comunidad de San Francisco Xochicuautla, a quienes responsabilizamos por los daños a la integridad física y/o psicológica que las personas detenidas y demás miembros de la comunidad puedan sufrir, así como exigimos el apego al debido proceso para las personas detenidas y su inmediata liberación en su caso.