Mi madre, como muchas personas mayores en nuestro país, no ha podido conseguir una plaza en una residencia pública debido a la falta de disponibilidad. Esta situación nos ha obligado a recurrir a una residencia privada, donde los costos ya son bastante altos. A lo largo del año, el IVA del 10% que se aplica a la factura mensual de estas residencias resulta en un gasto adicional cercano a los 3000 €, un monto que muchas familias simplemente no pueden permitirse cubrir con las pensiones actuales.

Este gasto extra supone una carga financiera injusta para las personas mayores y sus familias, quienes ya están lidiando con la dificultad de no tener acceso a plazas públicas suficientes. Dado que el objetivo de estas instituciones es proporcionar cuidado y bienestar a nuestros seres queridos en su etapa más vulnerable, es esencial que el estado intervenga para aliviar esta carga fiscal.

Proponemos que el gobierno exima a los ancianos de pagar el IVA en las facturas mensuales de las residencias privadas y concertadas. Esta medida ayudaría a asegurar que nuestros mayores reciban el cuidado adecuado sin la preocupación constante de no poder sufragar los costos anuales adicionales que este impuesto representa.

No es aceptable que las personas mayores que han trabajado toda su vida y contribuido a nuestro sistema se vean obligadas a enfrentarse a cargas económicas desproporcionadas en su vejez. Ayúdanos a lograr un cambio en esta normativa fiscal para garantizar un trato más justo y digno a nuestros ancianos.

Por favor, firma esta petición para instar a que el gobierno elimine el IVA de las facturas mensuales en residencias privadas para personas mayores, asegurando que nuestros seres queridos puedan vivir sus últimos años con la tranquilidad que merecen.