No a las leyes de censura de género.

Tras el anuncio público de que el Grupo Parlamentario Popular pretende la modificación del artículo 510 del Código Penal para incluir en el mismo como delito la apología de la violencia de género, y considerando las declaraciones en prensa de Marta González,

portavoz de igualdad del mencionado grupo, afirmando que:

“Algunas asociaciones de padres presuntamente separados escriben que las denuncias en España son falsas [un 0,020%, según la Fiscalía del Estado] y que las mujeres denuncian para quedarse con todo. Esos grupos alimentaron a Toni Cantó, que trasladó sus argumentos sin contrastarlos. Con la enmienda, inspiradores como ellos podrán ser sancionados.”

Es claro que nos aproximamos a una vuelta de tuerca más en la aplicación del totalitarismo de género, en este caso mediante la censura de quienes se opongan a este movimiento social, con la excusa de sancionar severamente como apología de la violencia de género una falsa apología de la violencia de género que es en realidad la expresión de la pluralidad de ideas necesarias e inevitables dentro de una sociedad democrática. Si esta reforma llega a realizarse las feministas radicales serían el único grupo ideológico que podría avanzar hacia sus metas políticas en nuestro país sin oposición, tras censurarla en beneficio de su cada día más criticada agenda sexista.

Obviamente la mencionada enmienda se nos presentará como la solución a los casos más recalcitrantes de odio machista o desprecio misógino contra las mujeres, sin mencionar los casos más extremos de odio o desprecio contra los hombres, que también existen y son fáciles de detectar y recopilar incluso en textos feministas radicales presentes en nuestras universidades o bibliotecas públicas. Pero existen más motivos para rechazar la mencionada enmienda y conviene explicarlos.

En primer lugar debe recalcarse que incluir en el artículo 510 del Código Penal el término apología de la violencia de género sólo resultará en una visión unilateral de la apología de la violencia sufrida por las mujeres, ya que tal como se articula este concepto no existe la violencia de género sufrida por los hombres. Por lo tanto será una reforma discriminatoria, ya que sólo se perseguirá y sancionará la apología de la violencia contra uno de los dos sexos. Independientemente de que tanto el sexo femenino como el masculino estén siendo víctimas en la actualidad de múltiples mensajes de descrédito, humillación o misoginia y misandria en estado puro. Como por ejemplo los mensajes feministas radicales en los que se aboga por el exterminio de la totalidad de los hombres.

En segundo lugar, el mencionado artículo ya incluye la sanción de la apología de la violencia por razón de sexo, a partir de lo cual añadir el término género resulta casi innecesario, sino fuese por el significativo hecho de que hablar de apología de la violencia de género significa dotar de más poder a las feministas de género, un grupo altamente politizado que necesita de este poder para desarrollar su particular hoja de ruta. En efecto, son estas ultrafeministas las supuestas expertas requeridas para valorar este tipo de cuestiones, pero siempre con una visión insensible y severa aplicada a los hombres e hipersensible y altamente tolerante con las situaciones que correspondan a las mujeres, incurriendo por lo tanto en un rotundo sexismo imagen especular del machismo que dicen combatir, el cual es descrito por la ciudadanía de un modo creciente y más que explícito como “hembrismo” o “feminazismo”. De esta manera este grupo de presión cada vez más criticado por la sociedad alcanzará un mayor protagonismo y poder, el cual orientará como de costumbre según el interés egoísta de su propia y polémica agenda, cuyo siguiente paso se plantea censurar la oposición que pueda planteárseles.

Por último servirá también para perseguir y castigar las opiniones que contraríen a las feministas de género, es decir, todo el clamoroso eco social que se enfrenta cada día con más fuerza a sus abusos e injusticias, camufladas desde el consenso político, los informes acientíficos y el control que esta ideología posee sobre todo en los medios de comunicación más importantes. Esto es nocivo y totalitario porque tal como ha declarado en prensa Marta González, portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Popular, con su alusión a sancionar a las asociaciones que defienden la existencia de gran cantidad de denuncias falsas por violencia de género y que se reunieron con Toni Cantó para trasladar sus quejas a un partido político, (que por cierto, es lo que hacen siempre y a una escala muy superior las feministas de género) se demuestra que a las feministas radicales no les gusta que los grupos que se las oponen obtengan también el apoyo de los partidos políticos. Así usarán esta reforma para criminalizar el pensamiento crítico o contrario a sus opiniones y medidas, atentando para ello contra la libertad de expresión, ideológica y de asociación, derechos fundamentales reconocidos en diversos artículos de la Constitución Española. Como el artículo 10 en el que se reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el artículo 14 en el que se establece la no discriminación por razón de opinión, el artículo 16 en el que se reconoce el derecho a la libertad ideológica, el artículo 20 donde se reconoce el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, de ideas, y de comunicación de las mismas, y los artículos 21, 22 y 23 donde se reconocen los derechos de reunión, asociación y participación en los asuntos públicos.

Estos principios también se afirman en la Declaración Universal de los Derechos humanos con sus artículos 18,19 y 20.

Por eso pido al Grupo Parlamentario Popular y su presidente Sr. Mariano Rajoy que no modifique el mencionado artículo según los fines totalitarios y sexistas que guían una vez más al feminismo de género y eviten introducir en el artículo 510 del Código Penal el concepto de apología de la violencia de género, ya que se utilizará para que se destruyan nuestros derechos humanos esenciales y retrocedamos a una España de fascismo, crímenes de estado y presos políticos. Y esto es inaceptable en democracia porque representa un ingrediente básico del totalitarismo, en este caso el totalitarismo de género o hembrismo.