Los que suscriben, familias usuarias y profesionales del sector educativo no reglado, ante las recientes filtraciones acerca de la intención del gobierno de eliminar la exención de IVA para ciertas actividades educativas, manifestamos nuestro estupor y discrepancia.

Dicha medida implicará gravar con un tipo del 21 % todas las actividades educativas y formativas que no sean desarrolladas por entidades de derecho público.

Muy al contrario que ciertos argumentos endebles que ya se han filtrado también (“Es una medida para que los ricos paguen por sus colegios privados”), está medida, de afán meramente recaudatorio y cortoplacista, desaconsejada incluso por el órgano oficial de fiscalización de las cuentas públicas (AIREF, recomendación “No Concluyente”), implicará:

.- Una subida de tarifas de honorarios educativos de toda aquella formación no oficial prestada por entidades distintas a las de “derecho público”.

.- Una desaparición de multitud de centros educativos, academias y autónomos (nosotros en Cataluña ya hemos sido testigos del cierre de las escuelas de International House que tienen más de 40 años de antigüedad) que no podrán soportar una subida tributaria tan brutal (1/6 parte de sus ingresos brutos será considerado IVA devengado, a ingresar en hacienda), y/o la bajada de clientela expulsada por la carestía de las tarifas educativas.

No entendemos esta durísima penalización y castigo a unos bolsillos ya de por si castigados por la galopante crisis económica, que obligue a sacrificar la educación y formación de ciudadanos de todos los ámbitos ya sean niños y adolescentes, formación de profesionales o usuarios de centros cívicos. Hay que recordar que la inversión en educación y formación es la que mayores retornos, económicos y sociales, genera para cualquier sociedad y economía.

Muchos usuarios de estos servicios educativos y docentes son familias de clase media, que pretenden ofrecer a sus hijos o ellos mismos un complemento educativo y formativo, que supla las carencias o limitaciones que la educación oficial (pública o concertada) tiene, en especial respecto de ciertas competencias y capacidades, como idiomas o actividades artístico-musicales, por ejemplo.

El acceso a servicios educativos y formativos complementarios se ve o sumamente encarecido, o directamente eliminado por la desaparición de pequeñas empresas prestadoras de los servicios.

El daño económico que se infligirá a las familias de clase media y a los profesionales del sector -un tejido empresarial caracterizado por abundancia de pymes, micro-pymes y autónomos, con alrededor de unas 50.000 personas contratadas indican que el mero afán de recaudar unos pocos millones de euros en el corto plazo, abocará a la destrucción cierta de todo un sector económico, complementario a la educación oficial, pública y concertada, dejando a centenares de miles de familias sin una alternativa viable y funcional para lograr acceso a mejoras de sus niveles educativos a un precio y coste razonable.

Por último, pero no por ello menos importante, varios economistas sostienen que el IVA debería reducirse para estimular la economía. Si está de acuerdo con este punto o no, una cosa queda clara: definitivamente NO es el momento de implementar un nuevo IVA.