¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI NO LO IMPEDIMOS? Según el expediente CONTR-2026000048 actualmente en marcha y las noticias publicadas por el DIARIO SUR:

• 12 años de explotación privada del Castillo Sohail y de su parque por parte de empresas organizadoras de conciertos.
   
• Hasta seis meses de ocupación cada año, con posibilidad de ampliación.
   
• Mínimo obligatorio, pero ningún máximo fijado respecto al número de festivales y eventos en los pliegos publicados.
   
• Macroeventos de hasta 18.000 asistentes, sin límites claros de noches consecutivas ni descansos obligatorios.
   
• Horarios que pueden prolongarse más allá de medianoche y hasta las 02:00 horas en determinadas noches.
   
• El acceso de los ciudadanos de Fuengirola al Castillo quedará condicionado a los montajes, desmontajes y necesidades comerciales de la empresa que consiga la concesión.
   
• Riesgo para un Bien de Interés Cultural y para el yacimiento arqueológico vinculado a la antigua ciudad romana de Suel.
   
• Un canon fijo mínimo de solo 6.000 euros al año, sin actualización durante 12 años (33 euros al día por quedarse con el Castillo Sohail).
   
• Documentación patrimonial esencial sin publicar y ausencia de una auditoría económica independiente obligatoria.
   
• Los vecinos no tendrán voto ni presencia garantizada en las reuniones en las que se decidan los asuntos relativos al Festival MareNostrum.
   
• No estamos en contra de la cultura ni de los conciertos. Estamos en contra de convertir durante 12 años un monumento, un yacimiento arqueológico y un parque público en un negocio privado intensivo.

 

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EL CASTILLO SOHAIL PERTENECE A FUENGIROLA Y DEBE SEGUIR PERTENECIENDO A SUS VECINOS

EL CASTILLO SOHAIL NO ES UN RECINTO DE CONCIERTOS CUALQUIERA

Es uno de los principales símbolos de Fuengirola, un Bien de Interés Cultural, un espacio arqueológico vinculado a la antigua ciudad romana de Suel y una parte fundamental de nuestra historia, nuestro paisaje y nuestra identidad colectiva.

El Castillo, su loma y su parque no pertenecen a una empresa organizadora de espectáculos. Pertenecen a todos los ciudadanos de Fuengirola, a quienes nos precedieron y a las generaciones que vendrán después.

Sin embargo, el Ayuntamiento ha impulsado una licitación que no se limita a contratar algunos conciertos o una programación cultural para uno o dos meses en verano. Lo que se plantea es una concesión de uso privativo parcial y explotación comercial durante 12 años, permitiendo que una empresa o unión de empresas gestione y explote el Castillo Sohail y su parque durante hasta seis meses de cada año.

Legalmente no se trata de vender la propiedad del Castillo. Pero entregar durante 12 años su explotación comercial, condicionar su uso público y subordinar buena parte de su funcionamiento a las necesidades de una empresa privada supone, en la práctica, una privatización prolongada de un patrimonio que es de todos.

Los pliegos obligan a celebrar un mínimo de eventos cada año que suponen un total de al menos 300 eventos durante los 12 años de concesión.

Pero mientras se establece claramente un mínimo para garantizar la actividad económica del recinto, no se ha localizado en los documentos publicados:

• un número máximo anual de conciertos;
• un máximo de macroeventos;
• un máximo de eventos por mes o semana;
• un límite de noches consecutivas;
• días obligatorios de descanso entre conciertos;
• un máximo de asistentes acumulados por temporada;
• ni un límite específico para los eventos especialmente ruidosos.

 

Es decir, se protege el mínimo de actividad que interesa al negocio, pero no se establece un máximo suficientemente claro que proteja el descanso de los residentes, la movilidad del barrio, el acceso ciudadano o la conservación del patrimonio.

El escenario principal podría albergar aproximadamente 18.000 personas, y el interior del propio Castillo, unas 2.400. El impacto acumulado de este modelo durante 12 años puede ser enorme.

La concesión permitirá ocupar el recinto durante hasta seis meses al año. Este periodo no incluirá únicamente los días de concierto, sino también:

• el montaje de escenarios y estructuras;
• la instalación de vallados;
• la entrada y salida de maquinaria;
• las pruebas de sonido;
• la preparación técnica;
• la actividad de proveedores;
• los cortes y restricciones de acceso;
• y el desmontaje posterior.
• Además, el Ayuntamiento podrá autorizar ampliaciones puntuales de ese periodo, sin que los pliegos publicados establezcan un número máximo de ampliaciones o una duración acumulada claramente delimitada.

Esto significa que el Castillo y su parque podrían permanecer condicionados por la actividad privada durante buena parte del año, precisamente en los meses de mayor uso ciudadano y turístico.

Los pliegos reconocen que el Castillo deberá abrirse en días sin eventos, pero siempre que esa apertura no interfiera con la actividad del concesionario.

No se garantiza:

• un número mínimo de días de apertura pública;
• un máximo de días consecutivos de cierre;
• un itinerario ciudadano permanente;
• unas franjas horarias mínimas;
• el acceso al monumento durante los periodos de montaje;
• ni una compensación por los meses de restricciones.
• Incluso el acceso de los equipos arqueológicos aparece condicionado a que sus trabajos no interfieran con el funcionamiento del recinto.

No podemos aceptar que la investigación arqueológica, la visita cultural, el paseo de los ciudadanos o el uso municipal de un espacio público queden subordinados a la conveniencia comercial de una empresa.

En un Bien de Interés Cultural, la prioridad debe ser la conservación, la investigación y el acceso público. Nunca el calendario de explotación de un negocio privado.

El Castillo Sohail y su entorno soportarían año tras año montajes, desmontajes, estructuras temporales, maquinaria pesada, grandes concentraciones de personas, vibraciones, iluminación, residuos y una intensa presión sobre el terreno.

Aunque los pliegos incluyen determinadas autorizaciones y controles patrimoniales, siguen existiendo importantes motivos de preocupación.

No aparece como completamente obligatorio un inventario inicial exhaustivo, fotográfico y georreferenciado que permita determinar con precisión el estado del monumento y del yacimiento antes de comenzar la concesión.

Tampoco se han localizado en la documentación publicada límites técnicos concretos sobre:

• vibraciones admisibles en las estructuras históricas;
• cargas máximas en cada zona;
• recorridos obligatorios para maquinaria pesada;
• zonas donde se prohíban anclajes o apoyos;
• auditorías patrimoniales externas anuales;
• o publicación de informes de daños después de cada temporada.
• Además, cinco anexos patrimoniales, catastrales y urbanísticos citados en el propio pliego técnico no aparecían publicados entre los archivos descargables analizados.

¿Cómo puede adoptarse una decisión de esta magnitud sin que los ciudadanos conozcan toda la documentación que delimita las zonas arqueológicas, sus niveles de protección y las condiciones concretas de ocupación?

El patrimonio histórico no se recupera con una disculpa ni se repara siempre con dinero. Un daño arqueológico puede ser irreversible.

Los vecinos de Miramar y de otras zonas cercanas ya conocen las consecuencias de los grandes eventos:

• ruido y vibraciones;
• pruebas de sonido;
• tráfico colapsado;
• estacionamientos irregulares;
• calles cortadas;
• dificultades para entrar o salir de las viviendas;
• acumulación de residuos;
• aglomeraciones;
• problemas de movilidad;
• y alteración reiterada del derecho al descanso.
• El problema no es únicamente cada concierto por separado. Es el impacto acumulado de decenas de eventos, temporada tras temporada, durante 12 años.

Los pliegos indican que, en vísperas de día laborable, la actividad debería terminar «preferiblemente antes de las 00:00». Pero “preferiblemente” no significa obligatoriamente. Se contempla la posibilidad de prolongar la actividad reduciendo los niveles de emisión, sin establecer una hora final absolutamente infranqueable para esas noches.

En vísperas de festivo, el horario puede alcanzar las 02:00 horas.

Tampoco se ha establecido un sistema suficientemente claro para evaluar la acumulación de noches perturbadas, los días sin descanso entre conciertos, las incidencias repetidas o el impacto conjunto de pruebas, montajes, tráfico y salida de miles de asistentes.

Fuengirola necesita cultura. Pero también necesita respetar el descanso, la salud y la dignidad de quienes viven durante todo el año alrededor del recinto.

El canon fijo mínimo previsto es de solo 6.000 euros al año, es decir, tan solo 72.000 euros durante los 12 años.

Además, ese canon fijo no se actualizará durante los 12 años, por lo que irá perdiendo valor real debido a la inflación, salvo que la oferta adjudicataria lo mejore considerablemente.

No podemos permitir que un patrimonio histórico y un parque público se entreguen durante 12 años a precio de saldo.

Los grandes eventos requieren Policía Local, Bomberos, Protección Civil, limpieza, regulación del tráfico, cortes de calles, reparación de espacios públicos y gestión de aparcamientos y aglomeraciones.

Los documentos analizados no aclaran suficientemente quién asumirá todos los costes adicionales derivados de estos servicios.

Existe, por tanto, el riesgo de que una actividad de explotación privada obtenga sus beneficios utilizando recursos municipales financiados por todos los ciudadanos.

La empresa debe asumir íntegramente los costes extraordinarios que genere su actividad. Los vecinos no deben pagar dos veces: primero soportando las molestias y después financiando con sus impuestos la logística del negocio privado.

Una decisión que condicionará durante 12 años el patrimonio, el descanso y la movilidad de miles de ciudadanos debería haberse debatido públicamente y con una participación vecinal real antes de poner en marcha la licitación.

Sin embargo, la comisión prevista estará formada solo por tres representantes municipales y tres representantes del concesionario.

No estamos en contra de los conciertos.

Esta petición no pretende acabar con la música, la cultura ni los eventos en Fuengirola.

Los conciertos puntuales, proporcionados y compatibles con el entorno pueden enriquecer la vida cultural de la ciudad.

Lo que rechazamos es un modelo intensivo y desproporcionado que convierte un monumento histórico, un yacimiento arqueológico y un parque público en una gran plataforma comercial durante hasta medio año, todos los años, durante 12 años.

El Castillo Sohail puede albergar actividades culturales de menor formato, representaciones históricas, visitas arqueológicas, exposiciones, conciertos acústicos, actividades educativas y eventos respetuosos con su carácter patrimonial.

La cultura no puede utilizarse como excusa para imponer cualquier intensidad, cualquier duración y cualquier impacto.

El Castillo Sohail no es una mercancía.

No es un escenario privado.

No es una marca comercial.

No es un negocio que pueda entregarse durante 12 años sin escuchar a quienes viven junto a él y sin garantizar plenamente su conservación.

El Castillo Sohail es historia. Es patrimonio. Es paisaje. Es espacio público. Es de Fuengirola y debe seguir siendo de todos.

Firma esta petición y compártela.
¡EL CASTILLO SOHAIL NO SE VENDE!