Dos graves casos de destrucción de monumentos arqueológicos sucedidos recientemente, uno en Oxtoyahualco, un barrio de la antigua ciudad de  Teotihuacán, declarada Patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y otro, en la zona arqueológica de Izapa, una de las más antiguas e importantes del Estado de Chiapas, se suman a los continuas agresiones contra el patrimonio arqueológico de los mexicanos durante la administración de Diego Prieto Hernández, al frente del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), sin que la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos, a cargo de la licenciada María del Perpetuo Socorro Villarreal Escárrega instrumente, en tiempo y forma las suspensiones e interponga las demandas judiciales contra los responsables de la destrucción de monumentos arqueológicos, sancionada por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos –Artículo 52- y su reglamento,  con multa y hasta 10 años de cárcel.

Desde inicios de marzo del año en curso, maquinaria pesada inició la demolición de numerosos vestigios arqueológicos ubicados en un predio 7 hectáreas del barrio de Oztoyahualco, propiedad del Sr. René Monterrubio, quien fuera presidente municipal de San Juan Teotihuacán de 2013 a 2015, para construir allí –supuestamente-, un parque de diversiones. De igual manera otros vecinos del lugar realizaron obras, provocando también la destrucción de importantes vestigios arqueológicos. Los predios donde se sucedió la destrucción se ubican dentro del Polígono B del Decreto de Protección de la Zona Arqueológica de Teotihuacán, mismo que prohíbe la construcción en esta área por su importancia para la investigación arqueológica.

Las obras fueron suspendidas por órdenes de la dirección de la zona arqueológica el día 5 de marzo; pero los sellos fueron violados y los trabajos continuaron por varias semanas, introduciendo maquinaria pesada y construyendo sobre los monumentos. El Departamento Jurídico de la Zona Arqueológica no interpuso la demanda judicial en contra de uno de los responsables de la destrucción, hasta el día 20 de abril, más de un mes y medio después, porque debe esperar las indicaciones expresas de la Coordinadora Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH para proceder legalmente, ya que se sabe que hay instrucciones de su parte, para no emprender ninguna acción jurídica si no se cuenta con la orden y autorización expresa de la licenciada María del Perpetuo Socorro Villareal.

El pasado 8 de abril, en Izapa, Chiapas, maquinaria pesada ingresó hasta un predio situado en el Grupo H, corazón de la poligonal de la zona arqueológica, con el objetivo de nivelar el terreno ocasionando la demolición parcial del montículo 46 y soterrando un patio hundido, ambos de la época prehispánica, con el objetivo de lotificar el predio con fines habitacionales.

Cuando se reportaron los hechos al Centro INAH Chiapas, la primera atención la brindo el Jefe de Seguridad y al siguiente día, la directora interina, la arquitecta Olivia Lara Jiménez, desconociendo los protocolos de atención a los monumentos arqueológicos, comisionó a un pasante de arqueología –que carece de cédula profesional- para realizar una inspección y emitir un dictamen, en lugar de instruir a la sección de arqueología que cuenta con arqueólogos titulados y con amplia experiencia en atención de denuncias. La inspección por parte de los investigadores del INAH, se llevó a cabo hasta el día 16 de abril del año en curso, a insistencia de los arqueólogos del Centro INAH Chiapas y de la Dirección de Estudios Arqueológicos (DEA-INAH).

Es innegable la dilación y omisión en la presentación de las denuncias y demandas penales contra quienes destruyen el patrimonio arqueológico de la nación. En repetidas ocasiones ha sido un proceder constante y frecuente de la Lic. Villarreal Escárrega, especialmente cuando los responsables son personajes que ostentan algún cargo público importante o forman parte de los grupos de poder en las esferas políticas o empresariales. La dilación, la tergiversación o el enredo que alarga los procedimientos jurídicos esperando el carpetazo o el olvido, es una constante en el actuar de la funcionaria, de tal manera que las autoridades judiciales actúan sin ningún interés y siempre a destiempo.

Desde hace mas de tres sexenios, la licenciada María del Perpetuo Socorro Villareal Escárrega, ha mostrado una actitud intransigente, otorgando permisos para la realización de espectáculos en monumentos arqueológicos e históricos, violando las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos y la Ley general de Bienes Nacionales. Ella fue la responsable directa de otorgar los permisos para que el Castillo de Chapultepec fuese utilizado como sala de conciertos; ella autorizó el espectáculo de luz y sonido en Teotihuacán que ocasionó daños a los monumentos y autorizó que la Zona Arqueológica de Chichen Itza, se convirtiera en un escenario musical.

Recordamos el lamentable caso de la destrucción de monumentos dentro del polígono de El Tajín en 2019, propiedad de un empresario que pretendía construir un hotel, sin que hubiese sido siquiera amonestado por la destrucción ocasionada. Otro caso grave fue la demolición y arrasamiento de un basamento piramidal en Tlaltizapan, Morelos, para construir una carretera. Situación lamentable que fue denunciada al director general del INAH, quien la ha mantenido impunemente en el cargo de Coordinadora Nacional de Asuntos jurídicos.

Por lo anterior los profesores de investigación científica y docencia del INAH, exigimos a la Secretaria de la Función Pública, Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, la remoción inmediata de la licenciada María del Perpetuo Socorro Villarreal Escárrega, cuya conducta negligente es contraria a las funciones de protección del patrimonio cultural de los mexicanos; asimismo solicitamos que se instruya a las delegaciones estatales, presentar en tiempo y forma las denuncias judiciales por destrucción de monumentos.

Denunciamos también la incompetencia de la arquitecta Olivia Lara Jiménez, directora interina del Centro INAH Chiapas, y exigimos al Director General que no se le otorgue la titularidad de ese Centro de Trabajo, por su obvio desconocimiento de los protocolos para la atención de denuncias en el INAH.