Att. Dolors Montserrat

Ministra de Sanidad

 

Sra. Ministra:

La Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1948) establece en su punto 9.1 que "todo paciente tiene derecho a ser tratado lo menos restrictivamente posible y a recibir el tratamiento menos restrictivo y alterador que le corresponde a sus necesidades de salud y a la necesidad de proteger la seguridad física de terceros".

Ello incluye, obviamente, a la psiquiatría. Y sin embargo, la praxis de la contención mecánica (eufemismo de “atarnos a una cama con correas para impedir nuestra capacidad de movimiento”), se aplica en las unidades psiquiátricas con una frecuencia alarmante, muchas veces como castigo o cuando no hay suficiente personal.

Y puesto que en el España no existe una ley específica de salud mental, ni medidas de control al uso de la sujeción mecánica en el ordenamiento jurídico a nivel estatal, es frecuente que las decisiones se tomen al margen de cualquier tipo de protocolo, corriendo el riesgo de que la medida no se ajuste a los criterios médicos ni éticos que han de ser particularmente exigentes en estas situaciones de especial vulnerabilidad, en las que se nos causa un daño emocional traumatizante que puede durar toda la vida.

También se llevan a cabo sin que el personal sanitario que las efectúa tenga en cuenta muchas vece los derechos de las personas y sin que se valore en cada caso la constitucionalidad de esta medida que limita la libertad personal que consagra el artículo 17 de la Constitución Española.

Es además una práctica peligrosa, como demuestra el hecho de que el 28 de febrero de este mismo año muriera un paciente ingresado en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica del Complejo Hospitalario de A Coruña mientras se encontraba contenido mecánicamente. O la muerte terrible de una chica de 26 años, atada con correas, el día 24 de abril en el Hospital Central Universitario de Asturias.   

Las sujeciones mecánicas, consideradas por la ONU como un trato inhumano y degradante, deben tender a desaparecer y a prohibirse por completo, como ha ocurrido ya en Islandia. Al mismo tiempo, en otros países de nuestro entorno se han regulado (Finlandia, Holanda y Reino Unido), consiguiendo una rebaja considerable en el  número de contenciones.

La experiencia en estos países demuestra que las medidas coercitivas no son necesarias ni recomendables. Y demuestran también que sí hay alternativa.

Por tanto, las personas abajo firmantes seguimos pidiendo en pleno siglo XXI que se respeten los derechos humanos y le instamos a poner en marcha un marco legal de referencia, que limite o prohíba el uso de las contenciones mecánicas, y en el que las aportaciones en primera persona formen parte del proceso legislativo y regulador.

Rocío Fernández Díaz-Meco

Maribel Gámez Cruz

Alessandro Iaboni Campajola

Granada Izquierdo Rubio

María Asunción Lasaosa Zazu

Ana Beatriz Ortega Peña

Lorena Peña Márquez

Jaime Salse Capella

Manuel Vázquez Díaz