En mayo de 2017, la madre de mi hijo y yo, aconsejados por una psicoterapeuta, decidimos modificar el régimen de guarda y custodia de nuestro hijo (que designaré con la letra inicial de su nombre, A., para preservar su identidad), que entonces tenía 13 años de edad. Luego de once años de custodia compartida, acordamos que A. permanecería con su mamá, y que yo podría verlo un fin de semana cada quince días. A. y yo teníamos, hasta ese momento, una relación extremadamente estrecha, y la única razón por la que acepté cederle la custodia a la mamá, es por la gravedad de un trastorno de comportamiento que A. empezó a manifestar en ese momento, lo que motivó que lo lleváramos a terapia.

El comportamiento de A. empezó a cambiar en forma significativa y, seis meses después, tras un incidente (un fuerte regaño de mi parte), A. ya no quiso volver a verme. No fue sino hasta diez meses después, luego de que el juez 37 de lo Familiar decretara un régimen de convivencias provisional, que pude volver a convivir con mi hijo, por un periodo de seis meses. Más tarde me daría cuenta de que no fue la intervención del juez lo que motivó que P., la madre de mi hijo, me permitiera convivir de nuevo con él. P. planeaba unas vacaciones en el extranjero, para el año siguiente, y necesitaba que le firmara los papeles para tramitar el pasaporte de nuestro hijo.

De regreso de su viaje, A. se negó, nuevamente, a convivir conmigo. Han pasado ya más de dos años, y no he vuelto a convivir un solo día con él. Entretanto, el juez dictó sentencia a finales de 2019, ratificando el régimen de visitas provisional.

La sentencia no habla de manipulación, pero atribuye el comportamiento de A. a la “violencia familiar indirecta” que ambos progenitores habríamos ejercido sobre nuestro hijo, colocándolo en medio de nuestro conflicto.

Desde finales de 2019, el juez 37 de lo Familiar, doctor José Antonio Navarrete Hernández, no ha hecho prácticamente nada para que se cumpla el régimen de visitas.

En términos generales, mi experiencia es que los jueces de lo familiar de la Ciudad de México y los peritos de la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica para el Apoyo Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México no están debidamente capacitados para atender casos en los que un progenitor manipula al hijo(a) o a los hijos para romper la relación de éstos con el otro progenitor.

Como mi caso seguramente hay miles, o probablemente decenas de miles en la Ciudad de México y en el resto del país. Somos decenas de miles los padres (y madres) a los que nos han arrebatado a nuestros hijos e hijas, en lo que puede caracterizarse como un verdadero secuestro parental. El divorcio entre padres e hijos no existe, y sin embargo somos decenas de miles los padres (y madres) a los que nos han “divorciado” de nuestros hijos.

Es urgente que el Congreso de la Ciudad de México vuelva a legislar sobre el fenómeno de la alienación parental, figura reconocida en 17 Estados de la República Mexicana, y que ya aparece en el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales (DSM, por sus siglas en inglés). ¡Ya no hay pretextos para diferir la adopción de medidas para castigar un crimen que afecta a decenas de miles de niñas, niños y adolescentes de nuestro país!

Steven Johansson Mondragón