Ya son cuatro años del homicidio de Ángel Moreno, por denunciar públicamente, junto con otros adolescentes los malos tratos dentro del DIF Capullos. La respuesta oficial fue criminalizarlos y trasladarlos a distintos lugares. Ángel fue llevado al albergue Fabriles, destinado para niñez migrante, con denuncias previas de sobrepoblación y abusos. El 9 de febrero de 2022 Ángel fue lesionado gravemente por el enfermero del lugar, lo dejaron agonizar más de 15 horas hasta su muerte. De manera inmediata, su cuerpo fue cremado sin informar a la fiscalía estatal, además de intentar borrar las evidencias.

Esta impunidad lastima todos los días, porque la verdad no debería ser una batalla cuando se trata de la vida de un niño. Lo más grave es que existe un candado de protección política a la cadena de mando con silencio, obstáculos y maniobras jurídicas para evadir la rendición de cuentas. 

Hoy solo hay una persona detenida por la agresión directa: el enfermero Raymundo “N”, que  está amparado para bloquear su sentencia. Los funcionarios de alto nivel señalados por el encubrimiento del crimen continúan protegidos: Miguel Ángel “N”, actualmente es diputado federal, y Mauricio Miguel “N” cuentan con amparos para evadir una investigación completa.

Hoy existe una ruta clara para abrir la puerta de la justicia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 148/2025, solicitando al DIF Nuevo León aceptar íntegramente la recomendación estatal sobre el caso, iniciar responsabilidades administrativas y tomar medidas concretas de cumplimiento. Aceptar esta recomendación es la llave más inmediata para romper el encubrimiento, avanzar hacia la verdad y evitar que esto se repita con otras infancias.

Rechazar la nueva recomendación de la CNDH envía un mensaje de impunidad para niñas, niños y adolescentes en los albergues del gobierno de Nuevo León: la violencia puede ocurrir y nadie los defenderá.

Sí es posible lograr justicia para Ángel, si no dejamos que el silencio se imponga.