Petición para investigar el Servicio de Protección del Menor de A Coruña, al jefe del Servicio de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, al equipo de intervención norte (dependientes de la Consellería de Política Social e Igualdad de la Xunta de Galicia) y poner fin a la violencia administrativa e institucional contra las familias indefensas y familias monoparentales. 

✍️ Dirigida a:
Xunta de Galicia
Valedor do Pobo
Ministerio de Juventud e Infancia
Defensor del Pueblo
Comisión de Derechos de la Infancia del Congreso de los Diputados. 

📌 Exposición de motivos
Me dirijo a las instituciones y a la ciudadanía como madre de familia monoparental y como progenitora de una menor víctima de acoso escolar psicológico continuado, que lejos de recibir protección real por parte de las administraciones públicas, hemos sufrido violencia institucional, gaslighting, coacciones y amenazas encubiertas por parte del Servicio de Protección del Menor de A Coruña y otros organismos vinculados.

Esta petición no responde a un conflicto puntual ni a una percepción subjetiva: responde a una forma sistemática de actuar que deja a las familias en situación de indefensión, miedo y desgaste emocional, especialmente cuando se trata de madres solas, familias vulnerables o menores que ya han sufrido violencia previa.

🚨 Hechos denunciados
1. Violencia administrativa e institucional
El Servicio de Protección del Menor ha ejercido una violencia administrativa continuada, utilizando su posición de poder para intimidar, presionar y deslegitimar a las familias en lugar de protegerlas.

2. Gaslighting institucional
Se minimizan los hechos denunciados, se cuestiona la palabra de las madres y de los menores, y se tergiversan conversaciones y actuaciones para hacer creer que el problema reside en la familia y no en el sistema.

3. Amenazas y coacciones en cubiertas, comportamiento coecirtivo y actuaciones veladas. 
Se utilizan expresiones ambiguas, advertencias veladas y un lenguaje intimidatorio que genera miedo a represalias, sin que exista una base legal clara ni resolución judicial que las respalde.

4. Imposición de citas obligatorias y entrevistas sin consentimiento. 
Se presentan citas como “obligatorias” cuando no existe resolución judicial motivada.
Se confunde deliberadamente la colaboración voluntaria con una supuesta obligación legal.
Se amenaza implícitamente con consecuencias si no se acude, lo que constituye coacción administrativa.

5. Falta de respeto a la autonomía del menor
Se vulnera el derecho de adolescentes suficientemente maduras y responsables a decidir sobre su futuro educativo y personal, colocándose los servicios administrativos por encima de su voluntad y de la de sus progenitores legales.

6. Actuaciones sin transparencia ni garantías
Falta de identificación clara de los profesionales.
Ausencia de información escrita sobre derechos.
Intervenciones fuera del ámbito de competencia profesional.

7. Especial ensañamiento con familias monoparentales
Las madres solas somos tratadas como sospechosas por defecto, en una práctica claramente machista y discriminatoria, aprovechando nuestra situación de mayor vulnerabilidad institucional.

⚠️ Consecuencias reales de estas prácticas. 
Revictimización de menores que ya han sufrido acoso escolar u otras violencias.
Deterioro grave de la salud mental y emocional de los menores y sus familias.
Miedo a pedir ayuda por temor a represalias administrativas.
Desconfianza total en los sistemas de protección.
Abandono educativo y exclusión social encubierta.
Esto no es protección del menor.
Es abuso de poder institucional.

📜 Marco legal vulnerado
Estas prácticas vulneran, entre otros:
La Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI).
La Convención sobre los Derechos del Niño.
El derecho a la tutela judicial efectiva.
El derecho a la información, al consentimiento y a la dignidad.
El principio de interés superior del menor.

✊ EXIGIMOS
Una investigación independiente y exhaustiva del Servicio de Protección del Menor de A Coruña por sus prácticas coercitivas, intimidatorias y carentes de garantías.
La retirada de su autonomía administrativa, sometiendo sus actuaciones a un control externo real y efectivo.
La prohibición expresa de obligar a familias o progenitores a acudir a citas, entrevistas o evaluaciones sin resolución judicial motivada, garantizando:
que toda citación indique claramente si es voluntaria u obligatoria,
que se informe por escrito de los derechos de la familia,
y que se eliminen amenazas, presiones o coacciones encubiertas.
El reconocimiento y sanción de la violencia institucional y el gaslighting administrativo como formas de maltrato a la infancia y a sus familias.
La formación obligatoria del personal en derechos humanos, enfoque de género, trauma y protección real del menor.
Mecanismos de denuncia seguros y accesibles para las familias, sin miedo a represalias.
Respeto absoluto a la autonomía progresiva de los menores, especialmente adolescentes, en las decisiones que afectan a su educación y bienestar.
Protección específica para familias monoparentales, evitando prácticas discriminatorias y machistas.

🧭 Conclusión
La protección del menor no puede ejercerse desde la intimidación ni desde la imposición.
Obligar, presionar o amenazar a familias sin respaldo judicial no es protección: es abuso de poder.
Esta petición nace para que ninguna familia más tenga que elegir entre callar por miedo o defender a sus hijos a costa de su propia salud.
La infancia no necesita instituciones que aparenten protegerla.
Necesita instituciones que la protejan de verdad.

Solicitamos vuestras firmas porque esta situación es insostenible y muy grave y nos incumbe a todos los ciudadanos y ciudadanas. 

¡Esta situación, esta impunidad de esta administración tiene que desaparecer ya!