¿Por qué firmamos esta petición?
Desde el 9 de enero de 2026, el gobierno mexicano obliga a todos los ciudadanos a registrar sus líneas telefónicas vinculando su CURP e identidad oficial. Quien no lo haga antes del 30 de junio de 2026 perderá el acceso a sus comunicaciones móviles. Esta medida viola derechos fundamentales, y los hechos recientes demuestran que el Estado no tiene la capacidad tecnológica ni la voluntad política para proteger esa información.

El gobierno ya nos falló: hackeos documentados
-36.5M mexicanos afectados por filtración Chronus (ene. 2026)
-25 dependencias federales comprometidas en un solo ataque
-2.3 TB de datos del gobierno circulando en la dark web
-85,000M intentos de ciberataque a México solo en 2025

Hackeo Chronus — enero 2026 (SAT, IMSS, SEP, Morena y más)El grupo Chronus vulneró sistemas de al menos 25 dependencias federales, estatales y educativas, comprometiendo datos como CURP, RFC, números de seguridad social, domicilios y datos médicos de más de 36 millones de personas. La filtración incluyó 1.8 TB del Sistema de Protección Social en Salud y el padrón completo de afiliados de Morena. Fuente: El Universal, El Financiero, Silikn (feb. 2026).

IMSS-Bienestar — septiembre 2025Datos de 20 millones de pensionados fueron vulnerados y puestos a la venta. Fue el primer gran caso de la nueva agencia de privacidad del gobierno, evidenciando la falta de protección real de los sistemas públicos. Fuente: R3D (oct. 2025).

Falla el primer día del registro — 9 enero 2026El portal de Telcel expuso públicamente nombre completo, CURP, RFC y fecha de nacimiento de cualquier usuario al ingresar un número telefónico, sin verificación alguna. El periodista Ignacio Gómez Villaseñor documentó la falla en video. Telcel la corrigió horas después, pero el daño ya estaba hecho. Fuente: Etcetera, Sisa Consultores (ene. 2026).

México: segundo país más atacado en LatinoaméricaEl propio Plan Nacional de Ciberseguridad 2025–2030 reconoce que México ocupa el segundo lugar en víctimas publicadas en la dark web en América Latina, con más de 85,000 millones de intentos de intrusión en 2025. Fuente: ATDT / Mobiletime.la (feb. 2026).

Lo que dice nuestra Constitución
Esta medida no solo es riesgosa: es inconstitucional. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el PANAUT (un registro telefónico idéntico) en 2022. El gobierno repite el mismo error.

Artículo 6° CPEUM
El Estado garantiza el derecho de acceso a las tecnologías de la información y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Suspender líneas telefónicas por falta de registro vulnera este derecho constitucional de acceso a la comunicación.
Artículo 16° CPEUM — Protección de datos personales e inviolabilidad de comunicaciones
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, y las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas. Centralizar datos de identidad sin salvaguardas adecuadas viola este artículo.
Artículo 7° CPEUM — Libertad de expresión y comunicación
Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas. Condicionar el acceso al servicio telefónico a un registro de identidad coercitivo restringe indirectamente la libre comunicación.
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
El tratamiento de datos personales debe ser legítimo, controlado e informado. La centralización masiva sin consentimiento real, sin opciones de exclusión voluntaria y sin mecanismos claros de compensación viola los principios de esta ley.

Por qué el argumento de "seguridad" no se sostiene
El gobierno argumenta que el registro combatirá extorsiones y delitos telefónicos. Sin embargo:

El RENAUT (Calderón, 2009) y el PANAUT (López Obrador, 2022) fracasaron en reducir delitos y fueron abandonados o anulados. Este registro es el mismo error por tercera vez.
Los criminales usan teléfonos robados, SIMs extranjeras y redes encriptadas. Un padrón no los detiene; solo expone a los ciudadanos de bien.
La propia R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) documentó que estas bases de datos se convierten en blancos de alto valor para el crimen organizado.
El mismo día de inicio del registro ya existió una exposición masiva de datos, demostrando que la infraestructura no está lista.

Nuestras exigencias
La derogación inmediata del artículo de la Ley de Telecomunicaciones que obliga al registro de líneas con CURP o datos biométricos.
Que no se cancele ninguna línea telefónica por falta de registro mientras este debate esté abierto.
Una auditoría independiente de la infraestructura de ciberseguridad del Estado antes de cualquier centralización de datos sensibles.
Que el Congreso establezca salvaguardas reales: supervisión autónoma, mecanismos de compensación claros y derecho a excluirse voluntariamente.
Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la constitucionalidad de esta medida, tal como lo hizo con el PANAUT en 2022.
 
La comunicación es un derecho, no un privilegio
Millones de mexicanos —trabajadores, adultos mayores, personas migrantes, periodistas, activistas— dependen de su teléfono para trabajar, acceder a servicios y mantenerse comunicados con sus familias. Cancelarles el servicio por no entregar sus datos a un Estado que ya demostró no poder protegerlos no es seguridad pública: es autoritarismo digital.

Firma esta petición y exige que tus datos sean tuyos.