Recientemente, el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Sr. Miguel Ángel Gimeno Jubero, ha hecho unas declaraciones, en las que reconoce NO estar aplicando (cuando es su obligación) el régimen sancionador de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (véase el vídeo aquí: https://x.com/AfectadosBBS/status/1932486357688967494?s=19)

Haciendo una búsqueda por Google, se encuentran numerosos testimonios de personas que han alertado de casos de corrupción y tampoco han aplicado las medidas de protección previstas en la Ley. En mi caso personal, llevan ya dos intentos de quitarme la protección con argumentos baladíes, como que el Juzgado que instruye la causa penal en la que participo como testigo está mejor posicionado que ellos para ofrecerme mejor protección, cuando ni le han pedido informe que lo avale y la única protección que necesito es en el ámbito laboral, en el que ellos son los competentes legalmente.

La pregunta entonces es clara: ¿a qué se dedica entonces la Oficina Antifraude de Cataluña y como se justifica su estructura, su presupuesto, sus salarios...?

Es una institución fallida que como la DGAIA, necesita una reestructuración completa, empezando por la destitución de su director, que reconoce pública y abiertamente que no aplica la Ley. La Oficina Antifraude es en sí misma un fraude, un engaño a los ciudadanos.

Si la corrupción abunda es porque las instituciones que deben perseguirla, como la Oficina Antifraude, no lo hacen. Y eso es porque los ciudadanos lo permitimos.

Después de una declaración de intenciones tan clara como la de su director, que demuestra su falta de compromiso en la persecución de los corruptos y expresa desacomplejadamente su conivencia con este fenómeno, en un momento tan crítico como el que estamos viviendo además, debe tener una respuesta ciudadana que exija al Parlament de Cataluña su cese inmediato y fulminante.