DESPUÉS DE LOS 21 AÑOS, LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES CONTINÚAN TENIENDO DERECHOS Y MERECEN UN FUTURO DIGNO

ES HORA DE FORTALECER Y CREAR LOS CENTROS, SERVICIOS Y RESIDENCIAS QUE ELLOS Y SUS FAMILIAS NECESITAN

Petición ciudadana de familias, cuidadores, personas con discapacidades, profesionales y defensores en Puerto Rico

Miles de familias puertorriqueñas vivimos con una pregunta que se hace más urgente con el paso de los años:

¿Qué ocurrirá con nuestros hijos cuando nosotros ya no podamos cuidarlos?

Al cumplir 21 años y concluir la etapa escolar, muchos jóvenes con autismo, discapacidad intelectual, síndrome de Down, condiciones neurológicas y otras discapacidades enfrentan una reducción significativa de programas, servicios y apoyos.

Sin embargo, sus necesidades no terminan a los 21 años. Tampoco terminan sus derechos.

Necesitan oportunidades para continuar aprendiendo, desarrollar destrezas, trabajar según sus capacidades, recibir terapias y atención médica, recrearse, participar en sus comunidades y, cuando sea necesario, contar con un lugar seguro y digno donde vivir con los apoyos adecuados.

UNA NECESIDAD QUE SEGUIRÁ CRECIENDO

En Puerto Rico se ha estimado que aproximadamente 21,500 adultos y 11,700 niños viven con un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA). A ellos se suman miles de personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, discapacidades múltiples y otras condiciones que pueden requerir distintos niveles de apoyo durante la adultez.

Cada año más jóvenes llegan a los 21 años. Al mismo tiempo, miles de padres, madres y cuidadores están envejeciendo.

Puerto Rico necesita planificar ahora para una realidad que ya está aquí.

La política pública establecida mediante la Ley 163-2024 reconoce la importancia de los servicios y apoyos para las personas con autismo a lo largo de su ciclo de vida. Es necesario convertir esa visión en alternativas suficientes y accesibles para las familias.

 

Además, Puerto Rico ya está sujeto a obligaciones bajo supervisión de la Corte Federal relacionadas con la protección de los derechos de personas adultas con discapacidad intelectual y otros trastornos del desarrollo atendidas por el sistema gubernamental correspondiente. El caso federal United States of America v. Commonwealth of Puerto Rico, Civil No. 99-1435, y su Joint Compliance Action Plan (JCAP) contemplan áreas como servicios y apoyos en la comunidad, actividades diurnas, capacidad de proveedores, salud y seguridad.

Esto confirma algo fundamental: al cumplir 21 años, los derechos y la necesidad de apoyos no desaparecen. Puerto Rico tiene la responsabilidad de continuar fortaleciendo y ampliando alternativas dignas para la vida adulta.

NO TENEMOS QUE COMENZAR DE CERO

Puerto Rico ya cuenta con instituciones y organizaciones que durante décadas han demostrado que es posible ofrecer servicios integrados y dignos a adultos con discapacidades.

Debemos fortalecer los modelos que funcionan, ampliar su capacidad y utilizar esa experiencia para desarrollar progresivamente alternativas similares en distintas regiones de Puerto Rico.

Proponemos una red de centros integrados que pueda incluir, según las necesidades de cada población:

Programas educativos y de desarrollo para adultos.
Talleres vocacionales, capacitación y empleo apoyado.
Terapias físicas, ocupacionales, del habla y conductuales.
Servicios psicológicos y de apoyo emocional.
Servicios médicos especializados.
Recreación, deportes y espacios multisensoriales.
Tecnología adaptativa y recursos de apoyo.
Áreas accesibles para actividades familiares y comunitarias.

Y, sobre todo, necesitamos comenzar a desarrollar algo que preocupa profundamente a miles de familias:

RESIDENCIAS PARA EL FUTURO

Necesitamos alternativas residenciales supervisadas, seguras e inclusivas para adultos que requieran apoyo cuando sus padres, familiares o cuidadores envejezcan, enfermen o ya no estén.

Estas residencias deben ofrecer apoyos de acuerdo con las necesidades de cada persona, promoviendo la mayor autonomía posible y respetando siempre su dignidad, preferencias y capacidades.

Ningún padre o madre debería llegar a la vejez preguntándose:

“¿Dónde vivirá mi hijo y quién lo cuidará cuando yo falte?”

Esta responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre las familias.

LO QUE SOLICITAMOS:

Solicitamos al Gobierno de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa, los municipios y los sectores público, privado y sin fines de lucro trabajar conjuntamente para:

Fortalecer y ampliar los centros y programas que ya ofrecen servicios efectivos a adultos con discapacidades.
Desarrollar progresivamente centros regionales para ampliar el acceso a servicios en distintas partes de Puerto Rico.
Crear alternativas residenciales supervisadas y con apoyos para quienes las necesiten.
Fortalecer la transición después de los 21 años, incluyendo capacitación, empleo apoyado, salud, terapias, recreación y participación comunitaria.
Establecer un plan de largo plazo para atender el envejecimiento de las personas con discapacidades y de sus cuidadores.
Promover alianzas entre gobierno, municipios, universidades, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, empresas, familias y las propias personas con discapacidades.

PUERTO RICO PUEDE HACERLO

Puerto Rico ha demostrado que, cuando existe voluntad, es posible realizar importantes inversiones públicas para fortalecer la vivienda, la infraestructura y el bienestar de nuestras comunidades.

Esa misma visión de desarrollo puede y debe incluir a las personas con discapacidades y a sus familias.

Estamos proponiendo una inversión social de largo plazo que fortalecerá a nuestras familias, generará empleos, ampliará servicios y ofrecerá seguridad, oportunidades y dignidad a miles de ciudadanos puertorriqueños.

NUESTRO LLAMADO:

Nuestros hijos no dejan de existir cuando cumplen 21 años.

Sus necesidades continúan.

Sus talentos continúan.

Sus sueños continúan.

Sus derechos continúan.

Y cuando nosotros ya no podamos cuidarlos, Puerto Rico debe haber construido una respuesta.

Después de los 21 años también hay futuro.

Firma esta petición y ayúdanos a impulsar servicios, oportunidades y residencias dignas para las personas con discapacidades en Puerto Rico.