El expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, firmó el Decreto-ley 3/2023, que extingue las licencias de viviendas turísticas en toda Cataluña. Lo hizo mientras mantenía intereses personales en el sector hotelero. Así lo han revelado diversos medios de comunicación y lo ha reconocido el propio expresident: existe una vinculación directa con empresas familiares dedicadas a la gestión de hoteles.
 
¿Puede alguien regular contra un sector mientras se beneficia de su competencia? ¿Podemos aceptar que una norma que afecta a miles de familias se apruebe bajo un evidente conflicto de intereses?
 
El llamado “Decreto Aragonès” pone en riesgo miles de proyectos familiares y pequeños negocios que operan legalmente bajo licencias municipales. En nombre de una supuesta “emergencia”, se utilizó la vía del decreto-ley —reservada para casos de extraordinaria y urgente necesidad— para eludir el debate parlamentario y blindar una decisión arbitraria que beneficia directamente al lobby hotelero, reduciendo asimismo la capacidad de elección de los consumidores y afectando especialmente a las familias que quieren visitar Cataluña y que no podrán asumir el incremento de precios consecuencia del monopolio de los hoteles.
 
Lejos de ser un problema, las viviendas de uso turístico ayudan a que el turismo beneficie a más municipios, más barrios y más personas. Gracias a ellas, los visitantes se reparten por todo el territorio, apoyando al comercio de proximidad y generando ingresos para pequeños propietarios, familias y negocios locales. En cambio, los grandes hoteles concentran la actividad turística en unas pocas zonas y en unas pocas manos, alimentando la masificación y evitando que la riqueza del turismo se redistribuya de forma justa entre los ciudadanos.
 
Esta es una cuestión de honestidad política y de justicia. Los ciudadanos merecemos normas justas y transparentes, no dictadas por intereses privados.
 
Por ello, solicitamos la revocación inmediata del Decreto-ley 3/2023, que se investigue el posible conflicto de intereses del expresident Aragonès y que se garantice, por parte de los poderes públicos, que ninguna medida futura se apruebe sin la transparencia necesaria. Miles de familias catalanas y pequeños ahorradores, a los que se va a impedir complementar sus ingresos mediante el alquiler turístico de sus viviendas, vivirán las consecuencias de una decisión injusta que también golpea a los comercios, restaurantes, negocios locales y consumidores, al reducir la actividad económica en muchas localidades y barrios y concentrarla en torno a los grandes hoteles.
 
Firma y comparte para exigir la revocación del “Decreto Aragonès” y que se devuelva la voz al Parlament y a la ciudadanía.