Derogación de la Ley 60 y defensa de nuestras comunidades: Por un Puerto Rico para quienes viven aquí

Puerto Rico no puede convertirse en un lugar donde sea más fácil para un multimillonario obtener beneficios especiales que para una familia trabajadora adquirir una vivienda, proteger su comunidad y permanecer en su tierra.

Puerto Rico enfrenta una crisis profunda de vivienda, aumento en el costo de vida y desplazamiento de comunidades que está afectando directamente la estabilidad de miles de familias en toda la isla.

Mientras los residentes luchan por permanecer en sus pueblos, el modelo actual de desarrollo económico ha facilitado la llegada de inversionistas con gran poder adquisitivo, lo que ha contribuido al aumento en los precios de las propiedades y a una creciente presión sobre comunidades locales.

Por esta razón, solicitamos la derogación de la Ley 60, en lo relativo a los incentivos contributivos para inversionistas individuales, y una revisión completa del modelo económico que ha transformado el acceso a la vivienda y el uso de los recursos en Puerto Rico.

La vivienda en Puerto Rico se está volviendo inaccesible

El costo de la vivienda ha aumentado a un ritmo que muchas familias no pueden sostener. Jóvenes profesionales, trabajadores esenciales, familias y personas mayores enfrentan cada vez más dificultades para adquirir o mantener una vivienda en las comunidades donde han vivido toda su vida.

Esto ha provocado un desplazamiento gradual que, aunque muchas veces no es inmediato ni visible, se refleja en comunidades donde los residentes de toda la vida ya no pueden competir en el mercado inmobiliario.

Nuestras comunidades y nuestros recursos naturales están bajo presión

Puerto Rico posee un patrimonio natural invaluable: playas, costas, manglares, humedales, bosques y acuíferos que pertenecen a todo el pueblo.

El desarrollo de proyectos de gran escala en zonas costeras y áreas ecológicamente sensibles ha generado preocupación en múltiples comunidades sobre el acceso público, el impacto ambiental y la transformación irreversible de estos espacios.

Uno de los proyectos más discutidos en los últimos años es el Proyecto Esencia en Cabo Rojo, el cual ha generado oposición ciudadana, manifestaciones públicas y debate sobre sus posibles efectos en el ambiente, los recursos naturales y las comunidades cercanas.

Más allá de cualquier proyecto específico, lo que está en juego es el modelo de desarrollo que queremos para Puerto Rico.

Acceso a la justicia y participación ciudadana

Recientemente se ha aprobado legislación que ha generado preocupación sobre la capacidad de las comunidades para impugnar proyectos de desarrollo.

Entre sus disposiciones se incluyen requisitos más estrictos y posibles cargas económicas para detener o cuestionar proyectos, lo cual puede representar una barrera significativa para comunidades y organizaciones sin fines de lucro.

Cuando el acceso a la justicia depende de la capacidad económica, se debilita la participación ciudadana y la protección del interés público.

Solicitamos:

• La derogación de la Ley 60 para inversionistas individuales.
• Una evaluación pública e independiente del impacto económico, social y ambiental de estos incentivos.
• Políticas de vivienda accesible para residentes permanentes de Puerto Rico.
• Protección efectiva de costas, recursos naturales y ecosistemas sensibles.
• Mayor transparencia en los procesos de permisos y desarrollo.
• Garantizar el acceso real de las comunidades a la participación ciudadana y revisión de proyectos.

Conclusión

Puerto Rico no puede convertirse en un lugar donde sus propios residentes no puedan vivir en él.

El desarrollo económico debe beneficiar primero a quienes viven, trabajan y construyen la isla todos los días.

El futuro de Puerto Rico debe pertenecer a su gente.

Angie Díaz

Ciudadana de Puerto Rico