

Derecho de Resistencia Civil en la Constitución Española
El problema
Exposición de la iniciativa
Esta iniciativa ciudadana propone incorporar al sistema constitucional español un mecanismo de desobediencia o resistencia civil, de carácter excepcional, público, colectivo y pacífico, que proporcione a la ciudadanía una herramienta extraordinaria de defensa, complementaria al ejercicio del voto.
Objeto de la propuesta
El objetivo es que la ciudadanía disponga, además del voto, de una herramienta constitucional extraordinaria para la defensa pacífica de sus derechos y del propio orden constitucional. No se propone que cada ciudadano pueda decidir individualmente qué leyes cumple y cuáles no. Se propone estudiar y regular constitucionalmente un mecanismo sujeto a procedimientos, requisitos, límites y garantías previamente establecidos.
Qué incorpora esta iniciativa
La propuesta contempla la creación de un mecanismo excepcional de resistencia o desobediencia civil, cuya regulación determine de forma expresa quién puede promoverlo, bajo qué circunstancias puede activarse, qué requisitos deben cumplirse y cuáles son sus límites. Su aplicación quedaría limitada a cuatro supuestos.
1. Defensa de la Constitución
Frente a leyes, disposiciones o actuaciones de los poderes públicos que puedan resultar contrarias a la Constitución Española o vulnerar el orden constitucional.
2. Defensa de los derechos fundamentales
Frente a leyes o actuaciones de los poderes públicos que puedan vulnerar los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Española.
3. Defensa de los derechos humanos
Frente a normas o actuaciones de los poderes públicos que puedan vulnerar los derechos humanos reconocidos y protegidos por nuestro ordenamiento jurídico y por los compromisos internacionales asumidos por España.
4. Defensa de la soberanía y la integridad territorial
Ante la inacción de los poderes públicos, en situaciones de amenaza grave e inminente para la soberanía nacional, la integridad territorial, las fronteras o la seguridad de la población cuando exista una inacción manifiesta de los poderes públicos competentes.
Garantías y límites
En todos los casos, este mecanismo deberá ser público, colectivo, pacífico y sometido a garantías constitucionales. No podrá utilizarse para justificar la violencia, legitimar el incumplimiento arbitrario de las leyes ni permitir que particulares sustituyan funciones que corresponden a las instituciones del Estado. Su regulación deberá determinar los procedimientos para su activación, los requisitos necesarios, su alcance y sus límites, garantizando en todo momento su carácter excepcional y su sometimiento al Estado de Derecho.
Exigencia a las fuerzas políticas
Exigimos a las fuerzas políticas españolas que incorporen esta propuesta de resistencia civil a sus programas electorales.
Finalidad
Que la ciudadanía disponga de una herramienta que le permita defender, de manera pública, colectiva y pacífica, sus derechos fundamentales, los derechos humanos, la Constitución Española y, en las circunstancias excepcionales anteriormente descritas, la soberanía y la integridad territorial de España.

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El problema
Exposición de la iniciativa
Esta iniciativa ciudadana propone incorporar al sistema constitucional español un mecanismo de desobediencia o resistencia civil, de carácter excepcional, público, colectivo y pacífico, que proporcione a la ciudadanía una herramienta extraordinaria de defensa, complementaria al ejercicio del voto.
Objeto de la propuesta
El objetivo es que la ciudadanía disponga, además del voto, de una herramienta constitucional extraordinaria para la defensa pacífica de sus derechos y del propio orden constitucional. No se propone que cada ciudadano pueda decidir individualmente qué leyes cumple y cuáles no. Se propone estudiar y regular constitucionalmente un mecanismo sujeto a procedimientos, requisitos, límites y garantías previamente establecidos.
Qué incorpora esta iniciativa
La propuesta contempla la creación de un mecanismo excepcional de resistencia o desobediencia civil, cuya regulación determine de forma expresa quién puede promoverlo, bajo qué circunstancias puede activarse, qué requisitos deben cumplirse y cuáles son sus límites. Su aplicación quedaría limitada a cuatro supuestos.
1. Defensa de la Constitución
Frente a leyes, disposiciones o actuaciones de los poderes públicos que puedan resultar contrarias a la Constitución Española o vulnerar el orden constitucional.
2. Defensa de los derechos fundamentales
Frente a leyes o actuaciones de los poderes públicos que puedan vulnerar los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Española.
3. Defensa de los derechos humanos
Frente a normas o actuaciones de los poderes públicos que puedan vulnerar los derechos humanos reconocidos y protegidos por nuestro ordenamiento jurídico y por los compromisos internacionales asumidos por España.
4. Defensa de la soberanía y la integridad territorial
Ante la inacción de los poderes públicos, en situaciones de amenaza grave e inminente para la soberanía nacional, la integridad territorial, las fronteras o la seguridad de la población cuando exista una inacción manifiesta de los poderes públicos competentes.
Garantías y límites
En todos los casos, este mecanismo deberá ser público, colectivo, pacífico y sometido a garantías constitucionales. No podrá utilizarse para justificar la violencia, legitimar el incumplimiento arbitrario de las leyes ni permitir que particulares sustituyan funciones que corresponden a las instituciones del Estado. Su regulación deberá determinar los procedimientos para su activación, los requisitos necesarios, su alcance y sus límites, garantizando en todo momento su carácter excepcional y su sometimiento al Estado de Derecho.
Exigencia a las fuerzas políticas
Exigimos a las fuerzas políticas españolas que incorporen esta propuesta de resistencia civil a sus programas electorales.
Finalidad
Que la ciudadanía disponga de una herramienta que le permita defender, de manera pública, colectiva y pacífica, sus derechos fundamentales, los derechos humanos, la Constitución Española y, en las circunstancias excepcionales anteriormente descritas, la soberanía y la integridad territorial de España.

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Petición creada en 28 de agosto de 2026